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Política Sectorial

Aplicación de agroquímicos: un conflicto nacional, ahora con sede en Mar del Plata

|Mar del Plata|

El pasado jueves 7 de junio, vecinos de barrios fumigados se manifestaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para exigir a las autoridades locales que se respete la ordenanza 21.296, que obliga a los productores del cordón frutihortícola a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia de los espacios urbanos.

‘Barrios fumigados decimos basta’ fue la consigna con la que los manifestantes denunciaron irregularidades en la aplicación de agroquímicos en producciones periurbanas. Señalan que no se respetan las distancias de aplicación y que, en muchas oportunidades, se utilizan productos que no están habilitados.

Para denunciar este tipo de casos, los vecinos de Mar del Plata tienen a disposición a la Policía Ambiental, que se encarga de mediar y supervisar la forma en que se aplican los agroquímicos en las zonas periurbanas de la ciudad. Sin embargo, afirman que es una fuerza inexistente o con poca capacidad de acción, que cuando es solicitada demora mucho su llegada y es poco efectiva en su tarea porque alega no pertenecer a la jurisdicción de la zona. Por este motivo los vecinos se acercaron a la Municipalidad para dirigir el reclamo a Carlos Arroyo, intendente de la ciudad, exigiéndole voluntad política para hacer cumplir la Ordenanza sancionada en 2013,  que obliga a los productores a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia.

 

 

Estudio Malaquita

La otra voz de este debate es la de los productores del Cinturón Hortícola de la ciudad. Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón explica que luego de una audiencia pública se habían determinado cambios en la Ordenanza, estableciendo así una distancia mínima de 100 metros para las aplicaciones. Estos cambios no prosperaron. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la prohibición de la fumigaciones a menos de 1000 metros de las «plantas urbanas» en todo el Partido de General Pueryrredon por una medida cautelar solicitada por las organizaciones manifestantes.

“La ordenanza 21.296 pasó por audiencia pública, donde estuvieron presentes ambientalistas, productores, técnicos y profesionales; hoy está anulada por la cautelar que ellos mismos solicitaron. Se opusieron a las modificaciones porque la misma permitía la aplicación hasta 100 metros de distancia bajo un régimen de control. Lo que quieren es prohibir todo. La realidad es que sin usar productos de ningún tipo sería imposible producir”, declaró.

Una cuestión de salud

Los testimonios se cruzan y se contradicen. Según indica el diario 0023, la Cátedra abierta de solidaridad alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un relevamiento de salud en el barrio Hipódromo y encontró problemas tales como abortos espontáneos, problemas de respiración y de piel: todas problemáticas vinculadas con las fumigaciones según médicos que no pueden dejar un comprobante «porque son perseguidos por la propia secretaría de Salud».

Por su parte, Ricardo Velimerovich afirma que los reclamos no fundamentan su existencia en ningún tipo de documentación que dé cuenta del daño concreto que las fumigaciones causan en la población la zona. “No han demostrado que hayan afectado a la salud de alguna persona. No hay documentados de ningún efecto de aplicación. Hablamos con el Secretario de Salud Municipal y no existen notificaciones de afectados por agroquímicos”.

El dirigente explica también que muchos de los barrios que han presentado denuncias por contaminación “no tienen producciones frutihortícolas alrededor de su zona” sino que están rodeadas de producciones extensivas.

Para Velimerovich la discusión no debe estar centrada en las distancias de aplicación, sino en la manera que las mismas se realizan. “En el mundo, en general, las distancias de aplicación no superan el ancho de una calle. El problema no es el producto ni la distancia, es cómo se hace la aplicación. En la mayoría de las quintas frutihortícolas se utiliza mochila de mano. Hay estudios técnicos que explican que ese sistema no tiene deriva, porque se coloca directamente en el surco”.

Caída en las ventas

Los productores consideran que este tipo de manifestaciones repercute directamente en el estado de venta de las frutas y las verduras. “Es automático. Aparecen las manifestaciones y las ventas disminuyen. Los mercados concentradores te lo pueden decir. Hoy se están vendiendo más productos fuera de la ciudad, que conocen realmente la calidad de nuestras producciones, que en nuestra propia ciudad. Tenemos uno de los mejores productos del país y no los podemos comercializar”, dice el dirigente de lo que considera una injusta mala prensa para el sector. Aseguran que no descartan iniciar demandas legales respecto a los denunciantes.

Además, la Asociación afirma que el Municipio de General Pueyrredón realiza controles especiales junto con bromatología, a través del monitoreo de agroquímicos en frutas y verduras, por lo que pueden “acreditar que no hay contaminación en los productos”.

Así y todo, parece que el conflicto seguirá entre la partes, al menos por ahora. Resta saber qué sucederá con la reglamentación que determina qué, cómo y a cuánta distancia los productores que residen en zonas periurbanas deben aplicar agroquímicos para no perjudicar la salud de las comunidades lindantes, cuidando además su capacidad productiva, fuente fundamental de trabajo para la subsistencia del sector hortícola.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro

Política Sectorial

Respiran manzanas y peras: se oficializó la Emergencia Productiva

|Argentina|

El gobierno nacional oficializó hoy en el Boletín Oficial la prórroga de la Emergencia Nacional económica, productiva, financiera y social a la cadena productiva de peras y manzanas. De esta manera, se despejan las dudas sobre la posibilidad de que AFIP remate las chacras de algunos productores a causa de las deudas acumuladas con el fisco. La prórroga se aplicará a las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Se extenderá por un año.

En diciembre de 2017 el ejecutivo nacional había declarado dicha Emergencia por el término de seis meses, medida que posteriormente fue extendida hasta el 31 de mayo de 2019. De esta manera, productores, empaques, frigoríficos, industrializadores y comercializadores dispusieron de regímenes especiales, prórrogas y facilidades impositivas para sobrellevar la escasa rentabilidad que la actividad arrastra desde hace algunos años.

Estudio Malaquita

Sin embargo, la realidad no mostró mejoras significativas (y quizás hasta empeoró) durante los últimos 12 meses, y las deudas continuaron acumulándose. Es cierto: no ayudaron las retenciones ni las reducciones de reintegros. Y en el medio, la tormenta por el cierre del mercado brasilero para la exportación fue otro duro golpe para un sector con grandes dificultades para salir a flote.

El medio La Mañana Neuquén publicó el pasado 5 de abril que un centenar de chacras del valle corrían riesgo de ser rematadas por AFIP a causa de estas deudas. Es que el plazo para abonarlas vencía a fines de mayo de este año y los aportes acumulados debían ser cancelados a partir del primero de junio. Según trascendidos, el monto acumulado por la cadena era de unos 1700 millones de pesos. Cuando los rumores de remate comenzaron a instalarse con fuerza, el gobierno nacional calmó las aguas con este nuevo anuncio.

Asimismo, se modificó la ley 27.354 mediante la cual AFIP generará convenios de facilidades de pago que comprenderán “una tasa de interés de hasta el uno por ciento (1%) mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo del año en que finalice la emergencia”.

La presión de los productores en el último «Frutazo» parece causar cierto efecto en la dirigencia política nacional, aunque todavía se espera por medidas de mayor impacto en el sector, como la baja de retenciones, el aumento de los reintegros por exportación o la posibilidad de fijar un precio mínimo de la fruta para producir cubriendo los costos de producción.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

Quita de retenciones para pymes exportadoras: ¿cuál es el impacto?

|Argentina|

En el día de ayer el gobierno nacional oficializó, a través de los decretos 280/2019 y 335/2019, la reducción de los derechos de exportación para pequeñas y medianas empresas, tal como había adelantado semanas atrás. Sin embargo, las cláusulas de este beneficio dificultan el acceso masivo y parecen restarle impacto a la medida.

Según el anuncio no pagarán derechos de exportación las pymes que, en términos FOB, hayan exportado más que el año anterior, siempre y cuando el valor total de esas exportaciones no haya superado los 50 millones de dólares. A su vez, esta desgravación se haría sólo por el incremental de lo exportado entre el año pasado y este.

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Pero además, la quita de retenciones tendrá un “tope” ya que el monto sujeto a desgravación no podrá superar los 600 mil dólares. En caso de que se exceda este límite, la quita de retenciones procederá sólo por la parte que corresponda.

La medida estará vigente desde el 8 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, y solo se aplicará sobre las operaciones de exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

En este sentido, es necesario tener en cuenta que si los cálculos para esta eliminación de impuestos se realizan a partir de lo exportado en 2019 -y en comparación a los números de una temporada atrás- el descuento será efectivo recién para 2020, lo que significa que no tendrá impacto inmediato en el sector.

Además, la medida se apoya en un potencial crecimiento de los valores exportados, aun cuando el sector reclama que los 4 pesos por dólar que se deben abonar actualmente son, precisamente, la gran piedra en el zapato que tiende a reducir los volúmenes enviados al exterior, porque encarece el valor final de la fruta (que de por sí tiene altos costos por su mano de obra intensiva) volviéndola menos competitiva en los mercados internacionales.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

Dante Sica: “Las retenciones son un tributo por la emergencia que estamos pasando”

|Argentina|

El ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, afirmó que las retenciones no se pueden modificar en el corto plazo porque son “un tributo transitorio para esta emergencia que estamos pasando”. Sobre la posibilidad de pasarlas de 4 a 3 pesos por dólar exportado en el caso de la actividad agroindustrial, agregó que “esas definiciones las tiene Hacienda”.

En conversación con el diario Río Negro, el funcionario aclaró que no está en los planes del gobierno nacional modificar el esquema de retenciones que tiene en la producción primaria un impacto tan negativo. Sica consideró que el mayor esfuerzo se hizo con el decreto que elimina derechos de exportación a pymes que cumplan con ciertos requisitos. “Esa medida no va a reemplazar los montos que hoy paga la actividad, pero sí va a favorecer y va a dar un envión al sector y podrán tener una proyección distinta con respecto a sus exportaciones”, agregó.

Respecto a la crisis frutícola del Valle, Sica consideró que la misma trasciende lo económico y se sostiene en el desacuerdo existente entre los distintos actores de la actividad, hecho que impide buscar soluciones estructurales. “Si sólo es venir y sentarse a la mesa -y no estoy penalizando la actitud- y decir “el gobierno provincial me tiene que dar esto, esto y esto” o “el gobierno nacional tiene que darme esto otro”, y los gobiernos que dicen “yo te di esto y esto”…No, tenemos que poder salir de la mirada coyuntural y estar dispuestos a ver dónde están los principales problemas”, declaró.

¿Cuáles son estos problemas que señala Sica? La necesidad del recambio tecnológico, la incorporación de nuevas variedades y la reducción de la mano de obra intensiva para reducir costos. “Hay una conformación de chacras de baja superficie que no tienen escala para ser competitivos, pero que, a su vez, les impide tener soluciones asociativas. Y un sector más concentrado, los exportadores que no han logrado a través de su generación de riqueza poder dar una solución más integral”, refiere sobre el mapa productivo del Valle.

Algunas definiciones del ministro distan de las opiniones que productores y dirigentes de la actividad vienen mostrando desde hace algunos meses. A modo de ejemplo, cabe citar lo que decía a Revista InterNos Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, al ser consultado por la posibilidad de que la tecnología les permita reducir costos a la hora de producir. “Hoy se nos está ofreciendo entre 5 y 6 pesos por kilo de fruta, cuando el valor de producirla ronda los $10,40. Es difícil hablar de reconversión o tecnificación cuando el productor no puede hoy ni siquiera hacer las tareas culturales. Siente que le están tomando el pelo”, dijo.

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Algo similar relataba a InterNos Horacio Pierdominici, presidente de la Cámara de Productores Frutícolas de Cipolletti en febrero de 2018, aunque sus palabras parecen recobrar sentido: “El productor que la temporada pasada hizo el esfuerzo y puso la malla antigranizo hoy no tiene como pagarla. Así la situación no se revierte”.

¿Es posible para el productor no tener una mirada coyuntural cuando levantar o no la cosecha depende de la rentabilidad de su fruta en el mercado? ¿Es viable que el chacarero se aleje de las preocupaciones diarias, en un contexto donde su mercadería cada vez vale menos en el mercado interno, mientras que la exportación paga uno de los aranceles más altos de su historia?

En ese sentido, las expresiones de Sica resultan al menos injustas. No obstante, siempre es bienvenida en el sector la actitud de resolver los problemas estructurales de la actividad que, según palabras del ministro, «no son sólo un problema del gobernador, del secretario, del presidente de turno”. En esto sí coinciden los productores, pero las respuestas a sus demandas con el correr del tiempo siguen siendo las mismas y mientras tanto, la realidad aprieta.

“Venimos de una década con dificultades económicas, no podemos lograr percibir el costo de producción. Hasta hace unos años lo que veíamos es que los productores chicos desaparecían y las empresas absorbían las chacras. Pero hoy, (NdEditor: febrero 2018) ni las empresas quieren las chacras y empezamos a ver chacras abandonadas”, decía a InterNos Sebastián Hernández.

Regular el precio mínimo de la fruta en base a los costos productivos y eliminar o modificar el esquema de retenciones son dos medidas políticas que los productores exigen al gobierno nacional. Por ahora, este último argumenta que no se puede, pero que por su parte se encuentra gestionando otro tipo de medidas como la ya mencionada para ley para pymes exportadoras. Resta ver el impacto que la misma tendrá en el sector exportador, aunque vale adelantar que no modificará los estructurales problemas que el propio Sica menciona en la entrevista.

Fuente: Diario Río Negro

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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