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Política Sectorial

Aplicación de agroquímicos: un conflicto nacional, ahora con sede en Mar del Plata

|Mar del Plata|

El pasado jueves 7 de junio, vecinos de barrios fumigados se manifestaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para exigir a las autoridades locales que se respete la ordenanza 21.296, que obliga a los productores del cordón frutihortícola a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia de los espacios urbanos.

‘Barrios fumigados decimos basta’ fue la consigna con la que los manifestantes denunciaron irregularidades en la aplicación de agroquímicos en producciones periurbanas. Señalan que no se respetan las distancias de aplicación y que, en muchas oportunidades, se utilizan productos que no están habilitados.

Para denunciar este tipo de casos, los vecinos de Mar del Plata tienen a disposición a la Policía Ambiental, que se encarga de mediar y supervisar la forma en que se aplican los agroquímicos en las zonas periurbanas de la ciudad. Sin embargo, afirman que es una fuerza inexistente o con poca capacidad de acción, que cuando es solicitada demora mucho su llegada y es poco efectiva en su tarea porque alega no pertenecer a la jurisdicción de la zona. Por este motivo los vecinos se acercaron a la Municipalidad para dirigir el reclamo a Carlos Arroyo, intendente de la ciudad, exigiéndole voluntad política para hacer cumplir la Ordenanza sancionada en 2013,  que obliga a los productores a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia.

 

 

La otra voz de este debate es la de los productores del Cinturón Hortícola de la ciudad. Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón explica que luego de una audiencia pública se habían determinado cambios en la Ordenanza, estableciendo así una distancia mínima de 100 metros para las aplicaciones. Estos cambios no prosperaron. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la prohibición de la fumigaciones a menos de 1000 metros de las “plantas urbanas” en todo el Partido de General Pueryrredon por una medida cautelar solicitada por las organizaciones manifestantes.

“La ordenanza 21.296 pasó por audiencia pública, donde estuvieron presentes ambientalistas, productores, técnicos y profesionales; hoy está anulada por la cautelar que ellos mismos solicitaron. Se opusieron a las modificaciones porque la misma permitía la aplicación hasta 100 metros de distancia bajo un régimen de control. Lo que quieren es prohibir todo. La realidad es que sin usar productos de ningún tipo sería imposible producir”, declaró.

Una cuestión de salud

Los testimonios se cruzan y se contradicen. Según indica el diario 0023, la Cátedra abierta de solidaridad alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un relevamiento de salud en el barrio Hipódromo y encontró problemas tales como abortos espontáneos, problemas de respiración y de piel: todas problemáticas vinculadas con las fumigaciones según médicos que no pueden dejar un comprobante “porque son perseguidos por la propia secretaría de Salud”.

Por su parte, Ricardo Velimerovich afirma que los reclamos no fundamentan su existencia en ningún tipo de documentación que dé cuenta del daño concreto que las fumigaciones causan en la población la zona. “No han demostrado que hayan afectado a la salud de alguna persona. No hay documentados de ningún efecto de aplicación. Hablamos con el Secretario de Salud Municipal y no existen notificaciones de afectados por agroquímicos”.

El dirigente explica también que muchos de los barrios que han presentado denuncias por contaminación “no tienen producciones frutihortícolas alrededor de su zona” sino que están rodeadas de producciones extensivas.

Para Velimerovich la discusión no debe estar centrada en las distancias de aplicación, sino en la manera que las mismas se realizan. “En el mundo, en general, las distancias de aplicación no superan el ancho de una calle. El problema no es el producto ni la distancia, es cómo se hace la aplicación. En la mayoría de las quintas frutihortícolas se utiliza mochila de mano. Hay estudios técnicos que explican que ese sistema no tiene deriva, porque se coloca directamente en el surco”.

Caída en las ventas

Los productores consideran que este tipo de manifestaciones repercute directamente en el estado de venta de las frutas y las verduras. “Es automático. Aparecen las manifestaciones y las ventas disminuyen. Los mercados concentradores te lo pueden decir. Hoy se están vendiendo más productos fuera de la ciudad, que conocen realmente la calidad de nuestras producciones, que en nuestra propia ciudad. Tenemos uno de los mejores productos del país y no los podemos comercializar”, dice el dirigente de lo que considera una injusta mala prensa para el sector. Aseguran que no descartan iniciar demandas legales respecto a los denunciantes.

Además, la Asociación afirma que el Municipio de General Pueyrredón realiza controles especiales junto con bromatología, a través del monitoreo de agroquímicos en frutas y verduras, por lo que pueden “acreditar que no hay contaminación en los productos”.

Así y todo, parece que el conflicto seguirá entre la partes, al menos por ahora. Resta saber qué sucederá con la reglamentación que determina qué, cómo y a cuánta distancia los productores que residen en zonas periurbanas deben aplicar agroquímicos para no perjudicar la salud de las comunidades lindantes, cuidando además su capacidad productiva, fuente fundamental de trabajo para la subsistencia del sector hortícola.

Política Sectorial

Las hortalizas pesadas también deberán emitir DTV

|Argentina|

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció, a través de una disposición conjunta publicada en el Boletín Oficial de la Nación, el uso obligatorio del Documento de Tránsito General (DTV) para hortalizas pesadas. Fue emitida por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

La reglamentación será exigida para el traslado en fresco de raíces, bulbos y tubérculos que pudiesen comercializarse dentro del país, importarse o exportarse. De esta forma, batata, papa, ajo, cebolla y tubérculos andinos deberán dar cuenta de su zona de origen y trazabilidad. La norma entrará en vigencia dentro de 120 días (a partir de su publicación).

Al respecto de esto último, el Ingeniero Agrónomo Ramón Campomane, director de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de Senasa, explicó en una entrevista radial con el periodista Horacio Esteban: “Iremos haciendo algunos movimientos de pruebas, ajustando el sistema para que estén las condiciones dadas y la implementación sea lo más práctica posible”.

De esta manera, las hortalizas pesadas se adherirán al DTV (que salió en 2015 y comenzó a utilizarse en 2016 con cítricos, vid para consumo en fresco, algodón, etc.). El funcionario explicó que la idea es que simplificar a un solo documento a todos los productos vegetales que transitan, buscando “garantizar la trazabilidad de los productos y regular los movimientos” donde “tanto los orígenes como los destinos estén debidamente registrados y actualizados”.

Esta herramienta permite conocer el origen de la mercadería y obtener la información para que, en caso de alertas alimentarias, sea posible ubicar los lotes afectados y verificar donde se ha registrado el problema, pudiendo dar respuesta de esta manera a cualquier tipo de situación irregular e incluso notificando de la misma a los países importadores.

Mediante el DTV es posible verificar la trazabilidad de los productos con su identificación, origen y destino final para resguardar así el estatus fitosanitario argentino y cuidar la salud del consumidor.

Asimismo, Senasa establecerá sanciones para quienes no cumplan con la regulación, según lo dispuesto por la Resolución 38/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DTV en los mercados

Cabe destacar que el Documento de Tránsito Vegetal se emite por autogestión por parte del interesado (el productor, en caso de que sea desde el campo) que lo envía hacia otro destino, el cual también debe estar registrado (los operadores en los mercados concentradores). El destinatario, cuando recibe la mercadería con DTV, debe “cerrarlo” es decir, dar un cierre definitivo al movimiento, dando fe que el lugar de donde recibe la mercadería estaba declarado en los registros.  De igual manera este trámite debe cumplirse cuando los circuitos sean de empaques o almacenamientos, de importación o exportación.

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Política Sectorial

La doble cara de la devaluación en la fruticultura del Alto Valle

|Alto Valle|

La fruticultura del Valle atraviesa una situación paradójica: por un lado, la suba del dólar motiva nuevamente al sector exportador al envío de mercadería hacia Brasil. Por otro lado, los productores ven comprometida su situación ante el encarecimiento del valor en los insumos.

Las empresas exportadoras, que comenzaron a reestructurar sus operaciones comerciales para la segunda parte del año, vuelven a ver con buenos ojos la posibilidad de colocar la fruta en el mercado brasilero a partir de la fuerte suba del dólar ocurrida durante las últimas semanas.

Esto cambia el panorama de comercialización: peras y manzanas almacenadas en cámaras frigoríficas (que estaban destinadas al consumo interno) podrían ser redirigidas hacia Brasil, a partir de las mejoras en el ingreso económico que representaría la paridad cambiaria actual para los empresarios del sector.

En el último año la moneda argentina se devaluó en más del 50%, a diferencia del real que lo hizo en un 20%. Esto coloca al mercado brasilero con mayor capacidad de compra y es un aspecto a tener en cuenta a la hora de cerrar los retornos en pesos que percibe la actividad.

Otro factor que influye en esta situación es la caída en la demanda por parte del mercado interno. La crisis económica (con subas de tarifas, caída del salario, pérdida del poder adquisitivo) repercute directamente en la caída del consumo, donde frutas y verduras no son la excepción.

Bajo este punto de vista, la devaluación “favorece” la actividad de una parte del sector frutícola del Alto Valle. El movimiento cambiario podría devolverles a los exportadores la competitividad externa perdida en los últimos años, que orientó la mercadería hacia el mercado interno. El titular de la CAFI, Pablo Cervi, afirmó que es una posibilidad concreta que aumenten las exportaciones al país vecino “teniendo en cuenta la competitividad cambiaria” que poseen actualmente.

Pero la otra cara de esta moneda son los chacareros, ya que el dólar también está detrás del costo de la cadena productiva. Como en otros rubros (del agro o la industria) los costos en fruticultura aumentan a la par del encarecimiento en los insumos, que cotizan en dólares. “El distribuidor de agroquímicos te cobra en dólares. Si el dólar aumenta un 30%, vos le debes en pesos un 30% más. La mano de obra se paga también con aumento, en algunos casos hasta en un 40% o 50% por el costo de vida de la gente”, contó a Revista InterNos Gabriel Gómez, productor de la región del Alto Valle.

Otro factor que agrava el panorama es el sistema de pagos “diferido” que los exportadores realizan con el sector productivo. “El 99% de los productores tiene un sistema de pago en cuotas con una cancelación a fin del ciclo. Por ejemplo, se carga un buque de manzanas en marzo y a mediados de mayo ya los exportadores ya lo cobraron. Al productor le dan un anticipo, que se recibe inmediatamente. Pero el resto se paga mediante un sistema de cuotas y te terminan de abonar en noviembre”, detalla Gómez.

“Si el exportador pagara inmediatamente el valor de la fruta que se le vende, el aumento del dólar sería un beneficio importante para los productores. Pero como lo hacen a fin de año, para cuando llega esa plata ya aumentaron el gasoil, los agroquímicos y el costo de vida, ya no tiene sentido”, detalló.

En concreto, la devaluación del dólar permitirá al sector exportador negociar su mercadería a buen precio, aumentando el margen de rentabilidad y recuperando aunque sea en parte el número de envíos que en los últimos años cayó considerablemente. Paradojicamente, estos beneficios no alcanzan al sector productivo (eslabón fundamental de la cadena frutícola) que debe hacerse cargo de los aumentos en los costos, en muchos casos sin la posibilidad de guardar su mercadería en frío para especular con mejores condiciones de venta.

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Política Sectorial

San Juan: Por ahora, controlarán la polilla de la vid sin aportes de Nación

|San Juan|

El pasado martes 19 se llevó adelante en San Juan la primera Reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) regional Cuyo. En un encuentro que tuvo por objetivo discutir el futuro de las cadenas productivas regionales, el gobernador Sergio Uñac anunció que su provincia destinará alrededor de 50 millones de pesos para la campaña que busca controlar y erradicar la Lobesia Brotana, plaga que ataca a la planta de la vid.

El año pasado la campaña contra la Lobesia Brotana contó con un total de 100 millones de pesos: 40 millones fueron aportados por el Estado nacional y el resto lo pusieron el Gobierno provincial, junto al sector privado local. Este año, sin embargo, el dinero no llegó. Según anunció el gobernador, la posibilidad de acceder a fondos nacionales para la compra de insumos “está complicada”. “Vamos a hacernos cargo nosotros y trataremos que después nos reintegren”.

La fruticultura nos escapa a los recortes que realiza el gobierno de Mauricio Macri para reducir el gasto fiscal. La falta de fondos otorgados por el Ministerio de Agroindustria para combatir esta plaga preocupa al sector productivo vitivinícola por la posibilidad de generar pérdidas en los volúmenes de producción y también en la calidad de la misma.

Según señaló semanas atrás el diario La Nación, la cartera agroindustrial informó que la Ley de Sanidad Vegetal (27.227) no tiene fondos asignados porque nunca fue reglamentada; es decir, depende de una asignación específica (y extraordinaria) asignada por la gestión de turno. Paradójicamente, esta misma ley declara de interés nacional el control de la plaga para el desarrollo de esta importante economía regional.

Si bien en San Juan la situación está controlada, dirigentes, técnicos y productores solicitan la necesidad de sostener los controles para que la plaga no retorne en forma masiva, teniendo en cuenta que la provincia de Mendoza sufre considerablemente la presencia de la polilla. “Estos deben ser programas nacionales atendidos con fondos nacionales, pero no pondremos en juego la sanidad de la vitivinicultura sanjuanina”, explicó Uñac.

Para el máximo responsable provincial, es fundamental cuidar la sanidad en este tipo de producciones para “ganar nuevos mercados, externos o internos” en base a la calidad de la mercadería ofrecida. Por ahora, continúan las gestiones para que el ministerio conducido por Etchevehere baje los fondos para la protección de este sector productivo fundamental para la región cuyana.

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