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Política Sectorial

Aplicación de agroquímicos: un conflicto nacional, ahora con sede en Mar del Plata

|Mar del Plata|

El pasado jueves 7 de junio, vecinos de barrios fumigados se manifestaron frente a la Municipalidad de General Pueyrredón para exigir a las autoridades locales que se respete la ordenanza 21.296, que obliga a los productores del cordón frutihortícola a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia de los espacios urbanos.

‘Barrios fumigados decimos basta’ fue la consigna con la que los manifestantes denunciaron irregularidades en la aplicación de agroquímicos en producciones periurbanas. Señalan que no se respetan las distancias de aplicación y que, en muchas oportunidades, se utilizan productos que no están habilitados.

Para denunciar este tipo de casos, los vecinos de Mar del Plata tienen a disposición a la Policía Ambiental, que se encarga de mediar y supervisar la forma en que se aplican los agroquímicos en las zonas periurbanas de la ciudad. Sin embargo, afirman que es una fuerza inexistente o con poca capacidad de acción, que cuando es solicitada demora mucho su llegada y es poco efectiva en su tarea porque alega no pertenecer a la jurisdicción de la zona. Por este motivo los vecinos se acercaron a la Municipalidad para dirigir el reclamo a Carlos Arroyo, intendente de la ciudad, exigiéndole voluntad política para hacer cumplir la Ordenanza sancionada en 2013,  que obliga a los productores a fumigar a no menos de 1000 metros de distancia.

 

 

La otra voz de este debate es la de los productores del Cinturón Hortícola de la ciudad. Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón explica que luego de una audiencia pública se habían determinado cambios en la Ordenanza, estableciendo así una distancia mínima de 100 metros para las aplicaciones. Estos cambios no prosperaron. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la prohibición de la fumigaciones a menos de 1000 metros de las “plantas urbanas” en todo el Partido de General Pueryrredon por una medida cautelar solicitada por las organizaciones manifestantes.

“La ordenanza 21.296 pasó por audiencia pública, donde estuvieron presentes ambientalistas, productores, técnicos y profesionales; hoy está anulada por la cautelar que ellos mismos solicitaron. Se opusieron a las modificaciones porque la misma permitía la aplicación hasta 100 metros de distancia bajo un régimen de control. Lo que quieren es prohibir todo. La realidad es que sin usar productos de ningún tipo sería imposible producir”, declaró.

Una cuestión de salud

Los testimonios se cruzan y se contradicen. Según indica el diario 0023, la Cátedra abierta de solidaridad alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un relevamiento de salud en el barrio Hipódromo y encontró problemas tales como abortos espontáneos, problemas de respiración y de piel: todas problemáticas vinculadas con las fumigaciones según médicos que no pueden dejar un comprobante “porque son perseguidos por la propia secretaría de Salud”.

Por su parte, Ricardo Velimerovich afirma que los reclamos no fundamentan su existencia en ningún tipo de documentación que dé cuenta del daño concreto que las fumigaciones causan en la población la zona. “No han demostrado que hayan afectado a la salud de alguna persona. No hay documentados de ningún efecto de aplicación. Hablamos con el Secretario de Salud Municipal y no existen notificaciones de afectados por agroquímicos”.

El dirigente explica también que muchos de los barrios que han presentado denuncias por contaminación “no tienen producciones frutihortícolas alrededor de su zona” sino que están rodeadas de producciones extensivas.

Para Velimerovich la discusión no debe estar centrada en las distancias de aplicación, sino en la manera que las mismas se realizan. “En el mundo, en general, las distancias de aplicación no superan el ancho de una calle. El problema no es el producto ni la distancia, es cómo se hace la aplicación. En la mayoría de las quintas frutihortícolas se utiliza mochila de mano. Hay estudios técnicos que explican que ese sistema no tiene deriva, porque se coloca directamente en el surco”.

Caída en las ventas

Los productores consideran que este tipo de manifestaciones repercute directamente en el estado de venta de las frutas y las verduras. “Es automático. Aparecen las manifestaciones y las ventas disminuyen. Los mercados concentradores te lo pueden decir. Hoy se están vendiendo más productos fuera de la ciudad, que conocen realmente la calidad de nuestras producciones, que en nuestra propia ciudad. Tenemos uno de los mejores productos del país y no los podemos comercializar”, dice el dirigente de lo que considera una injusta mala prensa para el sector. Aseguran que no descartan iniciar demandas legales respecto a los denunciantes.

Además, la Asociación afirma que el Municipio de General Pueyrredón realiza controles especiales junto con bromatología, a través del monitoreo de agroquímicos en frutas y verduras, por lo que pueden “acreditar que no hay contaminación en los productos”.

Así y todo, parece que el conflicto seguirá entre la partes, al menos por ahora. Resta saber qué sucederá con la reglamentación que determina qué, cómo y a cuánta distancia los productores que residen en zonas periurbanas deben aplicar agroquímicos para no perjudicar la salud de las comunidades lindantes, cuidando además su capacidad productiva, fuente fundamental de trabajo para la subsistencia del sector hortícola.

Política Sectorial

Fruticultura: una agenda común para superar la crisis

|Argentina|

La fruticultura argentina atraviesa un momento complejo. Ya no son reclamos aislados los que realizan las diferentes Economías Regionales al gobierno nacional. El problema es estructural, señalan los protagonistas. Y denuncian que las desafortunadas medidas macroeconómicas desalentaron la producción y profundizaron los problemas de competitividad en el mercado externo.

El 17 de diciembre de 2018 cuatro de las entidades frutícolas más importantes del país (que constituyen más del 90% de la exportación argentina de frutas frescas) reflejaron en un comunicado la fuerte crisis que el sector viene denunciando durante los últimos meses.

Por aquel entonces, representantes de FEDERCITRUS (cítricos), CAFI (peras y manzanas), ABC (arándanos) y CAPCI (cerezas) exigieron al gobierno nacional que atienda de una vez por todas los reclamos planteados en las diferentes Mesas de Competitividad. “Estamos atravesando una crisis terminal y necesitamos medidas urgentes”, afirmaron.

En concreto, solicitaron al gobierno de Cambiemos que elimine o reduzca los derechos de exportación, los cuales se fijaron en un 12% (o 4 pesos máximos por dólar exportado) a las producciones primarias en septiembre de 2018. El reclamo también exige el incremento de los reintegros a las empresas que realizan actividades exportadoras, entre ellas las frutícolas.

A raíz de este documento, el periodista agropecuario Horacio Esteban entrevistó en su programa Agroindustriales a referentes de distintas entidades frutícolas, a fin de que brindaran un panorama sobre cada actividad.

Agustín Argibay – CAFI

El titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) fue uno de los dirigentes que señaló el problema estructural en la producción de peras y manzanas. “La actividad no funciona para nadie. Mientras haya un dólar bajo y costos altos, no funciona para el productor chico ni para el grande. Lo que hay que hacer es modificar la estructura y fundamentalmente los costos que van ligados a la nómina salarial, que son enormes en relación a países competidores”.

A la problemática de los costos, en los últimos años se le sumo el surgimiento de la actividad extractivista de hidrocarburos: al volverse poco rentable, muchos productores prefieren dejar de producir y alquilar sus quintas para la explotación. También el avance urbano sobre tierras productivas es un hecho que preocupa. “Es una realidad a la que es difícil de escapar. El valle se hizo hace 100 años, hoy el petróleo y el gas son dos actividades importantes. Es muy difícil pararlo”, dijo Argibay.

Federico Bayá – ABC

El dirigente del Comité Argentino de Blueberries (ABC) se mostró muy crítico de las medidas que el gobierno de Cambiemos tomó durante el año 2018, a pesar de algunas “buenas noticias” para el sector arandanero, como la apertura del mercado chino.

“Estamos preocupados no sólo por los arándanos, sino por toda la fruticultura argentina. Cada año que pasa hay menos trabajadores que dependen de la fruta. En este contexto no podemos ponerle retenciones a estos productos. Es un sector que puede ocupar 200 o 250 mil personas. La competitividad del productor por la vuelta de las retenciones y la reducción del reintegro se vio afectada. Entendemos el esfuerzo fiscal, pero le pedimos al gobierno un poco de criterio”, declaró.

Otro de los motivos que causan preocupación en el sector arandanero es la fuerte competencia que ha significado el crecimiento de Perú en el mercado. “Se nos metió por la ventana y hoy está exportando 60 mil toneladas, tres veces y media lo que produce Argentina. Eso hace que los precios se depriman, cayeron alrededor de un 20%”, explica Bayá. Este año Argentina exportó 15 mil toneladas de arándanos, un número promedio en el que nuestro país se ha “estancado” durante el último tiempo.

Actualmente la demanda del arándano en China es altísima, al igual que la posibilidad de crecer en ese mercado. “Si fuéramos competitivos se abriría un panorama que puede dar vuelta el negocio. Hoy Argentina tiene 3.000 hectáreas planteadas, podríamos duplicarlas para satisfacer la demanda que tiene un país como China”.

Sin embargo, ese mercado está siendo conquistado por otros competidores como Perú, que esta temporada colocó más del 10% de su producción en el gigante asiático. “No estamos pudiendo aprovechar la demanda china porque estamos lejos y tenemos problemas varietales que nos obligan a ir por vía aérea, ya que no todas las variedades resisten el tránsito marítimo de 40-45 días”.

Adolfo Storni – Cerezas Argentinas

El panorama de las cerezas es similar al de los arándanos por ser ambos productos que se destinan en su mayor parte a la exportación. Adolfo Storni, presidente de Extraberries y Cerezas Argentinas, afirmó que “la nueva política impositiva del Estado nos afectó bastante con el aumento de las retenciones, la reducción de los reembolsos y la suba de la tasa de interés. Desde el punto de vista de los costos, tuvimos una temporada bastante ajustada”.

Sin embargo, reconoció que la apertura del mercado chino era un gran logro para las cerezas nacionales: “Tendremos que trabajar muchísimo para lograr los estándares de calidad, la fruta de calibre y color como quieren los consumidores chinos. Pero entendemos que Argentina tiene un producto excelente y que dentro de un par de años tiene que ser un jugador más importante”.

No obstante la alegría por el acuerdo logrado, Storni aseguró que la próxima tarea será avanzar hacia acuerdos de libre comercio para aprovechar la demanda internacional y hacer frente a países competidores como Chile, que en lo que va del año lleva exportadas 100.000 toneladas, cuando Argentina no llega a las 3000.

“Hoy estamos pagando aranceles exorbitantes en todos los mercados. En la Unión Europea pagamos 12%, mientras que Chile y Sudáfrica 0%. Cuando vamos a China pagamos 10% de arancel, mientras que Chile paga 0%”.

Por último, Storni se mostró igual de crítico que sus colegas respecto al aumento de las retenciones y la baja de los reembolsos por exportación: “Necesitamos reglas de juego más claras. Nosotros hemos invertido este año y después vienen y te cambian el esquema impositivo. Te meten una retención, te bajan el reembolso y la tasa sube. Lamentablemente es muy difícil operar en estas condiciones”.

Y agregó: “Todo está supeditado a las medidas macroeconómicas, que nos las toma precisamente el Ministerio de Producción. Entendemos las urgencias y las necesidades, pero no podemos ser siempre nosotros quienes ponen el hombro para que esto no se derrumbe”.

José Carbonell – Federcitrus

La citricultura es otra de las actividades que desde hace meses reclama por políticas que  le devuelva la rentabilidad. José Carbonell, presidente de Federcitrus, consideró que las actuales medidas del gobierno “dejan fuera de combate a sectores importantes de la fruticultura argentina y desalienta la inversión, lo que va a impactar en los números de la economía nacional con menos exportaciones, menos divisa y menos actividad económica”.

El daño que sufrió la fruticultura ha impactado en la calidad de la producción, de la fruta, en la capacidad de pre-financiar exportaciones de las empresas. Así lo entiende Carbonell, visiblemente molesto con las retenciones a la exportación primaria.  “A la fruta se la penaliza de su mayor valor agregado, que es la exportación de la fruta en la caja”. Y agrega, inquisitivo: “Se dijo que iban a ser medidas transitorias por ser una situación de emergencia. Bueno, ¿hasta cuándo?”.

Agenda común

Quizás la particularidad de este momento esté marcada por la agenda común de los distintos actores de la fruticultura argentina. Entidades representativas como las mencionadas hasta aquí coinciden en sus principales reclamos y aúnan sus fuerzas para trasladarlos a nivel nacional.

“Es bueno que avancemos hacia planteos comunes, reclamando por una situación que no tiene explicación desde ningún punto de vista”, dice Carbonell al respecto. “Nosotros no podemos esperar otro gobierno, las medidas deben tomarse ahora. La fruticultura no espera”, coincide Storni.

Diálogo, consensos. Esa parece ser la estrategia actual del sector frutícola frente a la “sordera” del gobierno nacional. “Lamentablemente la producción ha sido vista aquí como una fuente de ingresos para financiar al Estado y no como una fuente de desarrollo”, mencionó el presidente de Cerezas Argentinas en entrevista con Horacio Esteban. El tiempo dirá si Cambiemos cumple con su palabra de “retenciones temporales”, si revisa los reintegros por exportación. Lo cierto es que, en un año electoral como el que se aproxima, deberá escuchar con atención las voces de todos los sectores del agro, incluyendo el de la fruticultura, de gran aporte a la economía de nuestro país.

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Política Sectorial

El gobierno de Resistencia asistirá a productores damnificados por las lluvias

|Chaco|

El gobierno de Resistencia informó que asistirá a los productores locales damnificados por las intensas lluvias que azotaron la región durante los primeros días de enero. Se estima que al día de la fecha la cantidad de agua acumulada (588 milímetros) dañó unas 400 hectáreas, donde se registra la mayor producción frutihortícola de la zona.

El municipio conducido por Jorge “Coqui” Capitanich, anunció que se les ofrecerá a los productores asistencia financiera y un kit de herramientas para que puedan retomar sus actividades normalmente en las próximas semanas.

Luego de una visita a la zona de chacras, y a través de una relevamiento de la zona a cargo de la subsecretaría de Desarrollo Local, el intendente constató la magnitud de las lluvias que generaron una crisis hídrica donde algunos productores perdieron entre el 70% y la totalidad de su trabajo de este ciclo productivo.

En el día de hoy, autoridades locales se reunirán con productores para decidir cómo será la instrumentación de este beneficio que buscará recuperar lo antes posible el buen estado de las quintas.

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Política Sectorial

En Río Negro, cosecheros arreglaron un aumento del 42% para esta temporada

| Río Negro |

Finalmente la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó este viernes el acuerdo salarial para los trabajadores de la fruta de cara a una nueva temporada de cosecha en la provincia en la zona productiva del Alto Valle.

A través de UATRE los trabajadores golondrina obtuvieron un aumento del 42%, lo que representa una negociación exitosa si se tiene en cuenta que el objetivo salarial antes de la discusión paritaria del 45%.

Así lo expresó José Liguen, delegado regional de UATRE en Río Negro: “Estamos contentos por el acuerdo salarial obtenido. Tuvimos que resignar muy poco”. Asimismo, agregó que “fue una negociación muy dura con el pequeño y mediano productor que quería dar 18%, pero como somos tres los que discutimos, el tercero se tiene que acoger a lo que arreglamos. En este caso predominó el porcentaje acordado con la CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados)”

“Lo importante fue haber acordado con diálogo, consenso y sin medidas de fuerza. Años anteriores los conflictos terminaban en las rutas. Los productores tomaron conciencia que se tiene que acordar sin llegar a ese tipo de medidas”, agregó Liguen.

La nueva escala establece el salario mínimo mensual del encargado en $31.605,34 y capataz en $30.456,07. Mientras que los jornales de tractoristas pasan a $1.223,88 y de los cosecheros a $1.100,72 por día. Cabe destacar que por presentismo se otorgará un 10%, por permanencia 12% y un reconocimiento al rendimiento.

Ramón Ayala, secretario general de UATRE, felicitó a sus pares del valle por el acuerdo alcanzado y los invitó “a seguir trabajando por los trabajadores rurales”.

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