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Política Sectorial

Preocupante: Agroindustria dio de baja los aportes para el Monotributo Social Agropecuario

|Argentina|

El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció mediante un comunicado el cierre del Monotributo Social Agropecuario (MSA) para agricultores familiares desde el próximo mes de diciembre. Esta herramienta, creada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, tenía como objetivo formalizar la actividad, garantizando además el acceso a la salud (obra social), aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denuncia que desde hace un año existen complicaciones para inscribirse en este beneficio, el cual, aseguran, se volvió más burocrático que nunca. La organización popular presentó recientemente un amparo por el “congelamiento” del MSA, pero horas después Agroindustria confirmó su baja definitiva.

Se calcula que actualmente son por lo menos 50.000 los agricultores adheridos al Monotributo Social Agropecuario, y que con sus respectivos adherentes (integrantes de las familias que conforman los sistemas productivos) el número se eleva a 100.000 personas.

Para entender la gravedad de este recorte, es necesario subrayar que el MSA tenía hasta la fecha costo cero. Es decir, el Estado se hacía cargo íntegramente de los aportes jubilatorios y la obra social de los agricultores inscriptos. Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) explicó a Revista InterNos los motivos que dieron nacimiento a este programa. ”En aquel momento fue un reclamo muy fuerte porque nos servía como una herramienta de regularización del trabajo. Esta es una actividad muy precaria en todo sentido, muy desregulada y desprotegida. Esto funcionaba como un primer paso para regularizar y para dar derechos”.

El MSA era financiado en parte por el Ministerio de Agroindustria, quién se hacía cargo de un porcentaje del costo. El dinero restante lo aportaba el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, con esta medida, Agroindustria “retira” ese aporte, que a partir de ahora deberá ser abonado por cada contribuyente. Así, la cartera dirigida por Etchevehere traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social.

Desde 2009, el MSA habilita el acceso a la salud a través de la obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar (hasta 72.000 pesos anuales a productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar). Fue creado para beneficiar a productores hortícolas, huerteros, apicultores y ganaderos de baja escala.

“A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”, señala el sitio web de Agroindustria.

De esta manera, los agricultores familiares saldrán del MSA para inscribirse en el Monotributo Social, pero sólo con una contribución del 75% por parte del Estado Nacional. El restante 25% destinado a Obra Social (serán, en primera instancia, 268 pesos) lo aportarán los beneficiarios (es decir, cada agricultor familiar inscripto en el Monotributo Social). Pero además éste deberá cubrir la proporción de cada beneficiario adherente (cada integrante de la familia) por lo que esa pequeña carga inicial de puede alcanzar valores de 800 o 1000 pesos, dinero considerable para quienes intentan sacar adelante una actividad muy golpeada en los últimos años por el tarifazo y la devaluación del dólar, que aumentaron los costos productivos.

“Va a ser muy bajo el porcentaje de agricultores que sigan accediendo al monotributo y  a la regularización del trabajo” aseguró Suárez.

“El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo. Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”, denuncia la UTT en un comunicado.

Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, expresó al diario La Nación que este beneficio estaba bajo revisión y justificó el retiro de Agroindustria del aporte jubilatorio al considerarlo poco eficiente.

“A veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien se lo hizo llenar y ni lo usa; y el Estado pone un montón de guita ahí“, dijo el funcionario, quién generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones populares.

“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares”, subrayaron desde la UTT.

En el mismo sentido, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) consideró que “lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria”.

Ofreciendo una solución momentánea, el Ministerio de Agroindustria –casi de manera indiferente- anunció que los beneficiarios que no deseen perder los aportes correspondientes al “50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018” podrán reempadronarse desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto, conservando así el beneficio. Para el próximo año, como se explicó anteriormente, las condiciones de los aportes serán distintas.

Resulta paradójico este anuncio en un contexto donde el propio Ministerio de Agroindustria estimula el consumo de frutas y verduras de producción local.  Sin embargo, una medida como esta deja librado al azar el futuro de miles de agricultores familiares que, además de luchar diariamente por mantener sus niveles de producción y venta, ahora deben enfrentarse a los obstáculos de un sistema que limita su inscripción en el sistema formal del trabajo y dificulta su acceso a los derechos básicos de cualquier trabajador.

Política Sectorial

UATRE anunció la actualización salarial del trabajador rural

UATRE anunció en el día de ayer un aumento del salario mínimo para los trabajadores rurales permanentes, que corresponde a una cláusula de revisión establecida en la paritaria de 2018 la cual rige desde el 1° de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019.

De esta manera, los peones generales tendrán un sueldo mínimo de 19.098 pesos y el jornal será de 840 pesos, mientras que en el caso de los Ayudantes de Especializados (peón único) será de 19.063 mientras que el jornal será de 862 pesos. En el caso de los Especializados (que trabajan en los distintos cultivos) el salario mínimo será de 19.645 y 864 pesos el jornal.

Por otro lado, los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras agrícolas tendrán un sueldo mensual quedó de 21.272 pesos (937 pesos por jornada de trabajo).

Los montos topes indemnizatorios se fijaron con una base promedio de 21.141 pesos y un tope de 63.152 pesos.

Las nuevas escalas, categoría por categoría:

Descargá acá la resolución aprobada

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Política Sectorial

Confirmado: Peras y manzanas argentinas volverán a ingresar a Brasil

|Alto Valle|

El titular de Senasa, Ricardo Negri, confirmó hace minutos en sus redes sociales la reapertura del mercado brasilero para las peras y manzanas argentinas. El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA) levantó la suspensión que había fijado el pasado 27 de febrero luego de confirmar la presencia de la plaga carpocapsa en nueve camiones con fruta procedente del Valle. El acuerdo entrará en vigencia partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial brasilero.

“Esta es una buena oportunidad para que todos los actores de la cadena sigamos generando confianza para seguir vendiendo nuestros productos al mundo”, expresó en su cuenta de Twitter el funcionario, que había llegado el miércoles al vecino país para negociar, junto a un equipo técnico, la reapertura del mercado.

“En el acuerdo, que nos permite volver al estatus anterior, fueron aceptadas las propuestas de la Argentina que consisten en agudizar para la presente campaña los monitoreos y controles en la producción de ambas frutas”, señaló Negri. Y agregó: “Vamos a necesitar de todos los actores de la cadena para seguir generando confianza en los mercados internacionales a pesar de esta crisis puntual”.

La rápida reacción de los funcionarios argentinos hizo respirar aliviados a productores y exportadores que, desde hace más de una semana, esperaban ansiosos una respuesta por parte del gobierno nacional. Desde CAFI habían señalado que las pérdidas por el cierre del mercado brasilero tendrían un impacto “irreversible” para la fruticultura de la región, solicitando incluso la intermediación urgente del presidente Mauricio Macri.

Brasil es el principal importador de peras y manzanas argentinas: realiza compras por 150 millones de dólares anuales entre ambas frutas. Sus exigencias sanitarias son importantes ya que mantiene una política de tolerancia cero a la plaga carpocapsa. Esta temporada, la fruta argentina comenzó a llegar con problemas a la frontera por lo que, sin que les temblara el pulso, las autoridades brasileras decidieron cerrar la importación, algo que encuentra un antecedente recién en el año 2005. En aquella oportunidad el conflicto se resolvió cuando Senasa presentó un Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para el control de la fruta exportada a ese país.

Días atrás, el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, habló de un “accionar irresponsable” por parte de de los productores que realizaron envíos sin verificar la sanidad de la carga (o verificando y haciendo caso omiso a los problemas de la misma). Éstos ya fueron sancionados por el organismo sanitario, según se confirmó días atrás.

Por otro lado, algunas asociaciones de productores consideran que el incremento exponencial de la plaga se debe a la ausencia de recursos económicos para realizar las tareas culturales, consecuencia de la falta de rentabilidad que acarrea la actividad en los últimos años.

Con la calma que representará esta noticia para el sector (y también para los funcionarios provinciales y nacionales) resta conocer qué explicaciones saldrán a la luz respecto al error que permitió llegar hasta la frontera a la fruta infectada, poniendo en peligro un mercado tan importante para nuestro país. Mientras tanto, el sector frutícola del valle festeja el anuncio.

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Política Sectorial

Con Negri a la cabeza, Senasa busca la reapertura del mercado brasilero para peras y manzanas

|Alto Valle|

En el día de hoy, funcionarios argentinos se reunirán con sus pares de Brasil con el fin de reabrir las fronteras para el ingreso de peras y manzanas, luego de la suspensión fijada el pasado 27 de febrero por presencia de carpocapsa en los envíos provenientes del sur de nuestro país durante los dos primeros meses del año.

Del encuentro participará el actual titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri. El organismo presentará una agenda para reforzar el Sistema de Mitigación de Riesgo y los mecanismos de control de la fruta desde el empaque hasta las fronteras.

La reunión dará continuidad a la negociación que abrió el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, mediante una videoconferencia realizada el 1 de marzo junto a la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina.

A pesar de la extrema decisión tomada días atrás, Brasil -quien posee tolerancia cero a la plaga carpocapsa- mostró “predisposición para escuchar el plan de medidas adicionales” que Senasa propondrá a fin de normalizar las condiciones sanitarias que causaron el conflicto.

Accionar irresponsable

Así consideró el hecho el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, quien sostuvo que la suspensión fue consecuencia del accionar de “siete u ocho exportadores irresponsables que por falta de controles ponen en riesgo el trabajo de todo el complejo frutícola. Ningún exportador que trabaja con Brasil puede cometer este error”.

Por su parte, Senasa sancionó a las siete empresas que presentaron mercadería infectada en sus envíos, siguiendo la línea planteada por el gobernador quien había solicitado al organismo sanitario que sea “absolutamente inflexible” con los responsables y aplique las multas correspondientes. Según publicó el diario BAE, dichas empresas “subestimaron” el mercado brasilero .

Problema estructural

Los productores de la región entienden que la presencia de la plaga no se debe a descuidos individuales sino a una problemática estructural relacionada con la baja rentabilidad del sector que impide realizar las tareas culturales necesarias para proteger al cultivo de las plagas.

Edgardo Kristensen, productor de Cipolletti y miembro del Consorcio y a la Cámara de Productores, declaró a Télam: “La producción de fruta no es como la de soja, requiere presencia y tareas personales. No es casual que establecimientos de más de 1.000 hectáreas hayan presentado problemas o desaparecido. Cuando hay una crisis como ésta se hace muy difícil sostener el control de calidad”.

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