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Política Sectorial

Preocupante: Agroindustria dio de baja los aportes para el Monotributo Social Agropecuario

|Argentina|

El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció mediante un comunicado el cierre del Monotributo Social Agropecuario (MSA) para agricultores familiares desde el próximo mes de diciembre. Esta herramienta, creada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, tenía como objetivo formalizar la actividad, garantizando además el acceso a la salud (obra social), aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denuncia que desde hace un año existen complicaciones para inscribirse en este beneficio, el cual, aseguran, se volvió más burocrático que nunca. La organización popular presentó recientemente un amparo por el “congelamiento” del MSA, pero horas después Agroindustria confirmó su baja definitiva.

Se calcula que actualmente son por lo menos 50.000 los agricultores adheridos al Monotributo Social Agropecuario, y que con sus respectivos adherentes (integrantes de las familias que conforman los sistemas productivos) el número se eleva a 100.000 personas.

Para entender la gravedad de este recorte, es necesario subrayar que el MSA tenía hasta la fecha costo cero. Es decir, el Estado se hacía cargo íntegramente de los aportes jubilatorios y la obra social de los agricultores inscriptos. Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) explicó a Revista InterNos los motivos que dieron nacimiento a este programa. ”En aquel momento fue un reclamo muy fuerte porque nos servía como una herramienta de regularización del trabajo. Esta es una actividad muy precaria en todo sentido, muy desregulada y desprotegida. Esto funcionaba como un primer paso para regularizar y para dar derechos”.

El MSA era financiado en parte por el Ministerio de Agroindustria, quién se hacía cargo de un porcentaje del costo. El dinero restante lo aportaba el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, con esta medida, Agroindustria “retira” ese aporte, que a partir de ahora deberá ser abonado por cada contribuyente. Así, la cartera dirigida por Etchevehere traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social.

Desde 2009, el MSA habilita el acceso a la salud a través de la obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar (hasta 72.000 pesos anuales a productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar). Fue creado para beneficiar a productores hortícolas, huerteros, apicultores y ganaderos de baja escala.

“A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”, señala el sitio web de Agroindustria.

De esta manera, los agricultores familiares saldrán del MSA para inscribirse en el Monotributo Social, pero sólo con una contribución del 75% por parte del Estado Nacional. El restante 25% destinado a Obra Social (serán, en primera instancia, 268 pesos) lo aportarán los beneficiarios (es decir, cada agricultor familiar inscripto en el Monotributo Social). Pero además éste deberá cubrir la proporción de cada beneficiario adherente (cada integrante de la familia) por lo que esa pequeña carga inicial de puede alcanzar valores de 800 o 1000 pesos, dinero considerable para quienes intentan sacar adelante una actividad muy golpeada en los últimos años por el tarifazo y la devaluación del dólar, que aumentaron los costos productivos.

“Va a ser muy bajo el porcentaje de agricultores que sigan accediendo al monotributo y  a la regularización del trabajo” aseguró Suárez.

“El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo. Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”, denuncia la UTT en un comunicado.

Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, expresó al diario La Nación que este beneficio estaba bajo revisión y justificó el retiro de Agroindustria del aporte jubilatorio al considerarlo poco eficiente.

“A veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien se lo hizo llenar y ni lo usa; y el Estado pone un montón de guita ahí“, dijo el funcionario, quién generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones populares.

“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares”, subrayaron desde la UTT.

En el mismo sentido, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) consideró que “lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria”.

Ofreciendo una solución momentánea, el Ministerio de Agroindustria –casi de manera indiferente- anunció que los beneficiarios que no deseen perder los aportes correspondientes al “50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018” podrán reempadronarse desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto, conservando así el beneficio. Para el próximo año, como se explicó anteriormente, las condiciones de los aportes serán distintas.

Resulta paradójico este anuncio en un contexto donde el propio Ministerio de Agroindustria estimula el consumo de frutas y verduras de producción local.  Sin embargo, una medida como esta deja librado al azar el futuro de miles de agricultores familiares que, además de luchar diariamente por mantener sus niveles de producción y venta, ahora deben enfrentarse a los obstáculos de un sistema que limita su inscripción en el sistema formal del trabajo y dificulta su acceso a los derechos básicos de cualquier trabajador.

Política Sectorial

Huertas por baldíos: un polémico proyecto del intendente marplatense

Foto: Diario Diagonales

|Mar del Plata|

Huertas hortícolas y canchas de fútbol en terrenos baldíos. Eso es lo que propuso el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, a través de un memorándum publicado el pasado 17 de julio.

El documento incorpora un “Mega proyecto Huertas” que tiene como objetivo la creación de un programa de Huertas Comunitarias cuya realización estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo. Su publicación generó revuelo por el tono de la redacción y lo expeditivo de la solicitud: el funcionario estableció 15 días para que los funcionarios municipales pongan en marcha el plan, a riesgo de considerarse como “falta grave” su incumplimiento.

Cómo se hará

Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata

El proyecto parece de compleja aplicación. En principio, la Subsecretaría de Desarrollo Productivo haría un relevamiento de los terrenos que posean una “superficie adecuada” para las tareas agrarias. Luego acordaría con la subsecretaría de Seguridad la participación de policías para controlar las huertas, evitando “el ingreso de extraños” al lugar. El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y las delegaciones municipales serían las encargadas de roturar la tierra y limpiar los terrenos. A su vez, la Secretaria de Desarrollo Social organizaría en cada barrio a un grupo de vecinos para cuidar, junto con las fuerzas de seguridad, las plantaciones que se realicen.

Finalizando el documento, el intendente solicita al INTA la provisión de semillas de maíz, zanahoria, tomate, zapallo o “cualquier vegetal útil” para las huertas.  Además, convoca a la población a sumarse al proyecto con la colaboración de elementos de labranza o conocimiento técnico sobre producción hortícola.

Contradicciones y malestar en productores hortícolas

Quien expresó disconformidad con el documento fue Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de Mar del Plata. El dirigente se mostró sorprendido por un proyecto que “pondrá a los entes de servicio a arreglar los terrenos para las huertas, cuando hoy no se está resolviendo el problema de los caminos rurales” tan reclamados por el sector.

Ricardo Velimerovich, dirigente hortícola

Cabe recordar también que los productores del cinturón verde marplatense recibieron en los últimos meses el impacto de factores climáticos adversos, como lluvias continuas y granizo. A pesar de las reiteradas solicitudes, desde la intendencia no dieron respuestas para apaciguar la crisis de los productores, que debieron endeudarse en dólares para sostenerse en la actividad. Por lo tanto Velimerovich entiende que, de realizarse, el abastecimiento de semillas y fertilizantes a huertas urbanas sería contradictorio, ya que esos insumos nunca estuvieron disponibles con tanta facilidad para los horticultores locales.

Sin embargo, el dirigente considera que la instalación de estas huertas puede afectar la venta de los verduleros de la localidad, pero no tanto al sistema productivo periurbano. “Nosotros vendemos mucho hacia afuera de la ciudad, podemos reestructurar el sistema comercial. Nos va a afectar, pero poco. Sí se va a ver afectado el comercio de la verdulería del barrio en sus ventas”.

Finalmente, Velimerovich se mostró desconcertado por la forma en que está planteado el proyecto. Su control por parte de las fuerzas de seguridad, asegura, será de imposible realización, ya que hoy los efectivos policiales “apenas si pueden cuidar a la gente”.

A la expectativa

Si bien el espíritu de la legislación podría ser atractivo para la ciudad, lo cierto es que parece de muy difícil implementación por los controles y los recursos necesarios. El trabajo comunitario siempre es una opción ante la falta de alimentos y la escasez de trabajo. Pero está claro que cuando hablamos de comida los procesos productivos y de comercialización deben ser doblemente rigurosos, ya que se trata de la salud humana.

Foto: La Capital

En este sentido, la cuestión sanitaria parece uno de los puntos más flacos del proyecto, ya que se desconoce cómo serán los controles para determinar la inocuidad de los productos. “Terrenos hay muchos, pero tierras adecuadas para producir no tantas. No se puede producir en cualquier terreno. Tiene que haber profesionales porque se van a producir alimentos, no cualquier cosa”, explicó Velimerovich.

Finalmente, pero no por eso menos importante, cabe decir que el memorándum publicado no menciona ningún tipo de “papeleo” o trabajo previo a la utilización de los terrenos baldíos, lo cual podría generar conflictos con sus propietarios originales. Mientras la comunidad marplatense se encuentra a la expectativa, el proyecto sigue en marcha y las autoridades locales se encuentran trabajando en su ejecución.

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Política Sectorial

Buenos Aires: Proponen una tarifa eléctrica diferenciada para productores

|Buenos Aires|

El diputado Guillermo Escudero (PJ) presentó un proyecto para reducir el impacto de las tarifas eléctricas en los pequeños y medianos productores de la provincia de Buenos Aires. Para eso, propuso la creación de una Tarifa Productiva donde los costos de este servicio se ubiquen dentro del rango más bajo de la escala.

Al ser consultado por el proyecto, el dirigente señaló que los agricultores de la provincia se encuentran puntualmente golpeados por los constantes aumentos en las boletas eléctricas de los últimos dos años, donde las subas “han superado en algunos rangos el 1000%”.

Esta tarifa productiva tendrá como beneficiario a todos aquellos que lleven adelante actividades productivas agrícolas, forestales y pecuarias en establecimientos rurales. Además, para acceder al abono diferencial los productores deberán dar cuenta de la actividad agropecuaria como principal fuente de ingreso económico.

“Las empresas deben comprender que  la  ganancia con este sector debe ser inferior”, dijo Escudero.

De aprobarse el proyecto, los productores también quedarán exentos de todo impuesto, tasa y contribución en sus facturas eléctricas; es decir, la misma sólo deberá cobrar en concepto de la prestación del servicio público.

El aumento indiscriminado de tarifas está volviendo la horticultura una actividad cada vez menos rentable, que expulsa a pequeños y medianos productores de los campos al no poder sustentar sus costos. Este tipo de iniciativas mantiene a la expectativa al sector, que espera desde hace algunos meses políticas específicas para la actividad, en un contexto nacional en el que se anuncian continuamente ajustes y recortes en el gasto público.

“Vamos a laburar para esto. Tenemos que generar las condiciones políticas y las legislaciones que defiendan a estas tierras”, dijo el diputado por La Plata en un video publicado en su Twitter, en el cual visitó a un productor florícola.

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Política Sectorial

Cuenta regresiva para el Censo Nacional Agropecuario: todo lo que hay que saber

|Argentina|

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que desde el 15 de septiembre se realizará el Censo Nacional Agropecuario (CNA 2018) con el objetivo de obtener datos actualizados sobre la estructura de todas las explotaciones agropecuarias del país.

A través de los registros realizados por las direcciones provinciales, el CNA busca una foto de la realidad del campo argentino a lo largo y ancho del país. Por eso, los coordinadores de cada provincia y los jefes de zona que formarán parte del relevamiento ya están siendo capacitados en las oficinas del INDEC, para que posteriormente repliquen la metodología a los censistas que trabajarán en sus zonas de cobertura.

Desde INDEC señalaron la intención de digitalizar el proceso de información para este nuevo censo. Es por eso que se implementarán tablets en reemplazo de los formularios de papel utilizados históricamente. La aplicación utilizada para registrar la información dispondrá de un sistema de gestión que procesará en tiempo real los datos enviados desde los dispositivos digitales.

El CNA busca generar fuentes de información actualizadas y fidedignas para la planificación de políticas públicas a largo plazo, compatibilizando estadísticas agropecuarias con parámetros internacionales. Las autoridades nacionales y provinciales entienden que es necesario conocer a fondo la estructura productiva primaria para promover políticas públicas eficaces.

Se censarán 190 millones de hectáreas, 300.000 explotaciones agropecuarias y 48 millones de hectáreas cultivadas.

Según indica la Ley N° 17.622 los productores agropecuarios están obligados a recibir a los censistas en sus establecimientos rurales, como también a responder sus preguntas. El uso de la información obtenida sólo puede ser utilizado con fines estadísticos; a su vez, el INDEC tiene prohibido cruzar esa información con la de otros organismos. Completado el censo los productores recibirán un comprobante que les será solicitado en la posterior gestión de trámites nacionales.

El operativo abarcará desde producciones tradicionales hasta complejos emprendimientos empresariales que empleen tecnología de punta. Serán comprendidos en el censo organizaciones familiares, conglomerados de producción y grandes contratistas de servicios de maquinarias y recursos humanos.

“Esperamos, con los datos que reportará el Censo Agropecuario 2018, encontrar un campo en Argentina absolutamente distinto”, había declarado Roberto Bisang, Coordinador del Censo.

INDEC quiere tener la información procesada para el primer trimestre de 2019

Cabe recordar que el último censo agropecuario se había realizado en 2008, en pleno conflicto por las retenciones móviles. En aquella oportunidad, las entonces autoridades del INDEC habían denunciado a entidades del agro de no querer responder al cuestionario.

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