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Política Sectorial

Preocupante: Agroindustria dio de baja los aportes para el Monotributo Social Agropecuario

|Argentina|

El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció mediante un comunicado el cierre del Monotributo Social Agropecuario (MSA) para agricultores familiares desde el próximo mes de diciembre. Esta herramienta, creada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, tenía como objetivo formalizar la actividad, garantizando además el acceso a la salud (obra social), aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denuncia que desde hace un año existen complicaciones para inscribirse en este beneficio, el cual, aseguran, se volvió más burocrático que nunca. La organización popular presentó recientemente un amparo por el “congelamiento” del MSA, pero horas después Agroindustria confirmó su baja definitiva.

Se calcula que actualmente son por lo menos 50.000 los agricultores adheridos al Monotributo Social Agropecuario, y que con sus respectivos adherentes (integrantes de las familias que conforman los sistemas productivos) el número se eleva a 100.000 personas.

Para entender la gravedad de este recorte, es necesario subrayar que el MSA tenía hasta la fecha costo cero. Es decir, el Estado se hacía cargo íntegramente de los aportes jubilatorios y la obra social de los agricultores inscriptos. Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) explicó a Revista InterNos los motivos que dieron nacimiento a este programa. ”En aquel momento fue un reclamo muy fuerte porque nos servía como una herramienta de regularización del trabajo. Esta es una actividad muy precaria en todo sentido, muy desregulada y desprotegida. Esto funcionaba como un primer paso para regularizar y para dar derechos”.

El MSA era financiado en parte por el Ministerio de Agroindustria, quién se hacía cargo de un porcentaje del costo. El dinero restante lo aportaba el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, con esta medida, Agroindustria “retira” ese aporte, que a partir de ahora deberá ser abonado por cada contribuyente. Así, la cartera dirigida por Etchevehere traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social.

Desde 2009, el MSA habilita el acceso a la salud a través de la obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar (hasta 72.000 pesos anuales a productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar). Fue creado para beneficiar a productores hortícolas, huerteros, apicultores y ganaderos de baja escala.

“A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”, señala el sitio web de Agroindustria.

De esta manera, los agricultores familiares saldrán del MSA para inscribirse en el Monotributo Social, pero sólo con una contribución del 75% por parte del Estado Nacional. El restante 25% destinado a Obra Social (serán, en primera instancia, 268 pesos) lo aportarán los beneficiarios (es decir, cada agricultor familiar inscripto en el Monotributo Social). Pero además éste deberá cubrir la proporción de cada beneficiario adherente (cada integrante de la familia) por lo que esa pequeña carga inicial de puede alcanzar valores de 800 o 1000 pesos, dinero considerable para quienes intentan sacar adelante una actividad muy golpeada en los últimos años por el tarifazo y la devaluación del dólar, que aumentaron los costos productivos.

“Va a ser muy bajo el porcentaje de agricultores que sigan accediendo al monotributo y  a la regularización del trabajo” aseguró Suárez.

“El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo. Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”, denuncia la UTT en un comunicado.

Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, expresó al diario La Nación que este beneficio estaba bajo revisión y justificó el retiro de Agroindustria del aporte jubilatorio al considerarlo poco eficiente.

“A veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien se lo hizo llenar y ni lo usa; y el Estado pone un montón de guita ahí“, dijo el funcionario, quién generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones populares.

“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares”, subrayaron desde la UTT.

En el mismo sentido, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) consideró que “lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria”.

Ofreciendo una solución momentánea, el Ministerio de Agroindustria –casi de manera indiferente- anunció que los beneficiarios que no deseen perder los aportes correspondientes al “50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018” podrán reempadronarse desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto, conservando así el beneficio. Para el próximo año, como se explicó anteriormente, las condiciones de los aportes serán distintas.

Resulta paradójico este anuncio en un contexto donde el propio Ministerio de Agroindustria estimula el consumo de frutas y verduras de producción local.  Sin embargo, una medida como esta deja librado al azar el futuro de miles de agricultores familiares que, además de luchar diariamente por mantener sus niveles de producción y venta, ahora deben enfrentarse a los obstáculos de un sistema que limita su inscripción en el sistema formal del trabajo y dificulta su acceso a los derechos básicos de cualquier trabajador.

Política Sectorial

La UATRE cerró un acuerdo salarial del 30% para los trabajadores rurales

|Argentina|

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores cerró un acuerdo paritario del 30,8% en cuotas para los trabajadores rurales, según lo confirmó a Infocampo el Secretario de Prensa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Alberto Barra.

El acuerdo se dividiría en cuatro aumentos diferenciales. El primero sería del 2,8% y correspondería a la cláusula de revisión del año 2017 que, aplicada a julio del 2018, modifica el piso básico del nuevo acuerdo salarial. A partir del próximo 1 de agosto se daría el aumento más significativo (18%) que se completará en los meses de octubre (5%) y enero de 2019 (5%).

La publicación oficial se realizaría la próxima semana, definida la escala salarial para cada categoría con los importes correspondientes. “Con una inflación probable para el 2018 del 40% no se puede hablar de orgullo en una paritaria, pero creemos que es un número bastante bueno y muy por encima de lo que han logrado otros gremios”, declaró Barra.

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Política Sectorial

“Hay una estigmatización del trabajador del Estado”, dicen desde ATE Agroindustria

|Argentina|

Una comisión de ATE Agroindustria fue recibida el pasado martes por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie. El motivo del encuentro fue discutir la baja del Monotributo Social Agropecuario y solicitar la reincorporación de los 440 despidos en el área de Agricultura Familiar.

La reunión se produjo luego de que diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo y la Comisión de Agricultura y Ganadería solicitaran que Hardie se reuniera con el gremio y diera explicaciones concretas sobre el desfinanciamiento que está sufriendo dicha Secretaría estatal.

Los justificativos fueron la ausencia de presupuesto y la necesidad de hacer más eficientes los recursos del Estado, argumento muy presente en todos los funcionarios de Cambiemos que deben dar explicaciones por despidos o ajustes en las áreas que coordinan.

“Nos dijo que era una cuestión presupuestaria, que no hay plata y que no se puede medir el impacto que tienen esos técnicos despedidos en el territorio”, afirmó sobre la reunión el delegado adjunto de ATE Agroindustria, Ignacio Cámpora.

Para Cámpora lo dicho por el funcionario “es irreal” y cuenta que en una reciente reunión con el Ministro del Interior Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, los gobernadores solicitaron rever la situación de los técnicos rurales porque de lo contrario quedarían abandonados territorios enteros.

“Dejan a campesinos y a asociaciones de productores sin la posibilidad de tener un asesoramiento técnico y sin la contención que significa que venga una persona y se interese, pregunte, esté cerca de comunidades que están muy alejadas. Pero según Hardie eso no era medible”, contó Cámpora a Revista InterNos.

Al ser consultado por la “ineficiencia” que alega el gobierno nacional a la hora de efectuar los recortes, consideró que “hay una estigmatización respecto a lo que significa ser trabajador del Estado” y agregó que “la mayoría de los despedidos defienden el rol del Estado como herramienta igualadora, eso es lo que era la Secretaría hace tres años y hoy ya no lo es, está vaciada”. El mayor porcentaje de despedidos tenía por lo menos diez años de antigüedad, mientras que en algunos casos eran más de 25 años trabajando en el área.

Durante el encuentro Hardie remarcó la falta de recursos, cuestión que no debería ser un problema ya que el presupuesto para financiar a su Secretaría fue aprobado en el año 2017. “No saben de dónde sacar plata, esto es cada vez más evidente”, comentó Cámpora al respecto.

Durante el encuentro los dirigentes gremiales propusieron mesas de negociación para la reincorporación de los trabajadores, hecho que finalmente no prosperó. Se esperan novedades en los próximos días, ya que desde el gremio aseguran que buscarán todos los caminos posibles para reincorporar a los trabajadores despedidos.

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Política Sectorial

Retenciones a frutas y hortalizas, un golpe a las Economías Regionales

|Argentina|

Con el anuncio de las retenciones a las producciones primarias llegaron las voces de disconformidad desde el sector exportador frutihortícola. Aseguran que es un golpe directo al desarrollo del sector externo.

En reiteradas ocasiones el presidente Mauricio Macri expresó públicamente que las retenciones eran un “impuesto malo”. Desde su asunción bregó (con éxito) por reducirlas progresivamente para favorecer al sector agroexportador; sin embargo, el actual contexto de crisis lo obligó a retroceder sobre sus pasos y en las últimas semanas se anunció la vuelta de este arancel que no fue bien recibido en los productores de granos y mucho menos en el sector exportador de frutas y hortalizas.

“Lo triste es que los gobiernos nacionales siguen sin mirar las economías regionales. Es una burla para nuestro ajero que no representa nada en la nación, pero que acá en San Juan y Mendoza da trabajo a miles de personas”, dijo a Revista InterNos Javier García, exportador de ajos sanjuaninos. “Una vez más vemos dilapidadas nuestras chances de salir a apostar al campo aquí” expresó García, considerando a su vez que esta medida desalentará cualquier tipo de inversión a largo plazo, en perjuicio de los sistemas productivos.

Otro punto que preocupa al sector es la manera en que deben abonarse las retenciones. Lo agroexportadores deberán depositar el 12% (o los 4 pesos máximos por dólar de la mercadería exportada) antes del embarque del contenedor. “Por ejemplo, en un contenedor de ajos por el valor de 35 mil dólares hay que depositar el 105 mil pesos antes de pedir el permiso de embarque. Es una locura”, aseveró el productor.

Por otro lado, la producción de cítricos en el NEA también mira con preocupación la medida. “Es un manotazo fácil a un recurso seguro y que va en contra del desarrollo del sector externo y generar divisas” afirmó a un medio nacional José Carbonell, presidente Federación Argentina del Citrus (Federcitrus).

En los últimos años mandarinas, naranjas y pomelos venían recuperando sus niveles de producción y su lugar en los mercados internacionales, lo que explica que la noticia haya generado desconcierto entre los empresarios del sector. Quizás uno de los mayores errores del gobierno haya consistido en no mirar las particularidades de cada caso a la hora de colocar el arancel.

En este sentido, vale recordar los planteos que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, trasladó a funcionarios nacionales solicitando que se revisara el esquema de retenciones para producciones con elevados costos de valor agregado como son las frutas (en el caso particular del Valle, las peras y las manzanas).

Desde el gobierno aseguran que el aumento del tipo de cambio compensa el impacto negativo de este nuevo impuesto (mismo argumento utilizado para la quita de los reintegros). Sin embargo, desde el sector agropecuario en general se ha respondido que la mayoría de los insumos necesarios para producir están dolarizados (agroquímicos, semillas, combustible) por lo cual los márgenes de rentabilidad se achican.

Este nuevo esquema de retenciones es, según Cambiemos, temporario: se extenderá en principio hasta 2020. El objetivo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es alcanzar el “déficit cero” y para eso necesita equilibrar las cuentas fiscales, aun tocando los intereses de un sector muy cercano a Macri como lo es el agro.

Luis Miguel Etchevehere, ahora secretario de Agroindustria, declaró recientemente que este es “un aporte que se le pide a todos los sectores exportadores, sin discriminación” por ser estos quienes están en condiciones de “aportar para incrementar la recaudación”.

Lo cierto es que el campo no existe como unidad ni puede entenderse como un grupo homogéneo. Frutas y hortalizas enfrentan una realidad diferente a la producción extensiva, por lo que también deberían ser diferenciales las políticas que el Estado dirija hacia estos a la hora de financiarse. No atender la situación de cada actividad puede atentar contra el crecimiento de las tan mentadas Economías Regionales, aquellas que en algún momento se plantearon como prioridad para que Argentina lograra ser “el supermercado del mundo”.

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