Seguí nuestras redes

Política Sectorial

Política financiera versus economía real: cuál es el presente de los pequeños agricultores

|Argentina|

En no pocas oportunidades Revista InterNos se preguntó por el impacto que la suba del dólar podría tener para la actividad hortícola, sobre todo para los pequeños productores y la agricultura familiar. En un contexto donde se producen recortes en organismos de sanidad y capacitación (caben recordar los casos del INTA y Senasa) los horticultores ven cómo día a día su panorama se complejiza por el incremento de costos, la falta de precio y un mercado interno retraído.

En el siguiente artículo de opinión, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE) explica cuál es el panorama al que algunos horticultores (por lo general los menos capitalizados y con producción destinada exclusivamente al consumo en fresco) están atravesando en los últimos meses.

El caso de las familias productoras de hortalizas

Parafraseando a Galeano, podríamos decir que “la división de la economía entre la real y la financiera consiste en que unos se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, la economía real y más aún, la economía popular, fue precoz y se especializó en perder, perfeccionando sus funciones…”

Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina ante la presión que el aumento del dólar ponía sobre el bajo nivel de retenciones, descubría la existencia de dos campos: “el campo es muy diverso, tenés algunos sectores que tienen costos en dólares y venden en pesos: a ese sector esto (la subida del dólar) los mata…”. Sin embargo, para la economía real y popular como la del sector hortícola el problema es mucho más que la política cambiaria y financiera: el problema es la política que por acción u omisión, está haciendo inviable ya no su desarrollo, sino su persistencia.

Política cambiaria

La suba del dólar (o más precisamente, la devaluación del peso) tiene un muy fuerte impacto en la actividad hortícola.

El sistema de trabajo que utilizan los pequeños productores consta de una producción bajo invernáculo, altamente dependiente y demandante de insumos, los cuales son importados. De esta manera el costo primario de producción está regido completamente por el valor del dólar. Agroquímicos, fertilizantes, plásticos y semillas suben sus precios automáticamente o preventivamente ante las oscilaciones de la moneda estadounidense. Desde noviembre del 2015 hasta la actualidad la devaluación del peso supero el 300%, lo que implicó un proporcional incremento del precio de los insumos.

La magnitud del problema se potencia cuando se toma en cuenta el tipo de producto que comercializan los pequeños productores. La producción de no transables, destinados al consumo interno, genera ingresos al sector en moneda local, moneda que se encuentra en constante proceso devaluatorio. A diferencia del sector agrícola que se dedica estrictamente a la exportación (al cual la devaluación lo beneficia) el sector hortícola posee un ínfimo volumen de productos exportables. Así, la agricultura destinada al consumo interno debe producir con insumos en dólares para luego vender en pesos en un mercado deprimido y en recesión.

Política Financiera

Toda actividad productiva precisa de financiamiento, ya sea para inversiones en infraestructura, insumos o desfasajes productivos. La horticultura no es la excepción. Una hectárea de invernáculo sale (con un dólar casi a $40) aproximadamente $1.300.000; los costos de producción de una hectárea de tomate implican otro tanto. El desfasaje entre producción y comercialización puede ser de 1 a 5 meses para algunos productos, período en el cual el financiamiento no solo garantiza la producción si no también el sustento diario familiar.

Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta el riesgo climático y productivo, como pueden ser las tormentas, plagas y enfermedades. Las tormentas no sólo conllevan a una pérdida de la producción, sino que también destruyen los invernáculos acentuando la necesidad de financiamiento inmediato. Sin embargo, los casos de sucesos naturales (cada vez menos) extraordinarios, no son solventados por políticas públicas de sustento de la economía regional.

El horticultor, más aun el de origen boliviano, tiene un acceso restringido al sistema bancario, el cual no los contempla como actores económicos de relevancia para la provisión de créditos ajustados a las posibilidades del sector. De esta manera recurren a las casas de insumos, camioneros, consignatarios o prestamistas de dudosa fiabilidad, con tasas normalmente exorbitantes aun en relación a los bancos.

Estudio Malaquita

En el presente marco devaluatorio, con tipo de cambio flexible, las políticas económicas que buscaron generar alternativas de inversión distintas al dólar, en un intento urgido de control del mercado cambiario, implicaron un aumento irrisorio de la tasa de interés de referencia del BCRA. La misma actualmente se sitúa en torno al 60% anual, llevando a que las tasas de los créditos personales se ubiquen en torno al 120-140%. De esta manera, y teniendo en cuenta las restricciones de financiamiento de los pequeños productores, se comienza a paralizar la actividad económica local. Invertir con tasas de interés elevadas, en un contexto devaluatorio y de incertidumbre cambiaria, teniendo un producto no transable a comercializar y sumado al decrecimiento de la demanda, no puede llevar más que a un escenario de crecimiento nulo o negativo para este tipo de economías.

Política fiscal

El actual gobierno está convencido de que todos los males existen a partir de un fisco que gasta más de lo que recauda. Ante esa situación, no solo se busca disminuir el desfasaje vía reducción del gasto público, también se hacen esfuerzos por reducir los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos provenientes de los sectores más pudientes. De esta manera el ajuste económico no solo impacta por el lado de la reducción del gasto sino también por la disminución en su poder de intervención vía desfinanciamiento.

En cuanto a su impacto en la economía popular, esta política constrictiva genera ahogo presupuestario en diversas instituciones con relación directa e indirecta al sector hortícola (educación, salud, INTA, Ministerio de Desarrollo Social). Lo cual derivó en despidos y menor empleo afectando aún más a una economía en proceso de contracción.

Pérdida de soberanía política, endeudamiento, reducción del Estado con consecuente disminución de su intervención en el sector hortícola, y caída en la demanda de hortalizas son los resultados de esta política fiscal.

Política tarifaria

Desde fines de 2015 hasta la actualidad (y sin contar los aumentos que la devaluación del peso generarán) las tarifas de servicios públicos se incrementaron significativamente.

Más precisamente, el gas 1013%, la luz 1615%, agua 550%, sin contar el transporte público y la telefonía entre otros. En relación al impacto a nivel familiar, en la Argentina una familia tipo destinaba en diciembre del 2015 el 6% de los ingresos al pago de las tarifas. A mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21% lo que se utiliza para dicho pago.

En el marco de un ajuste del gasto se fueron quitando los subsidios, (sobre) compensando a las empresas con un aumento de tarifas. El desmesurado incremento se basa en referencias internacionales de precios para dichos recursos cuando en realidad los mismos son de procedencia nacional, con una relación de ingresos promedios totalmente distinta a la internacional como para hacer frente a dicho aumento del gasto familiar.

Para el caso del sector hortícola si bien no tiene un impacto directo el aumento en las tarifas de gas y agua, dado que no son servicios a los que tengan acceso, sí sufren el impacto indirecto vía aumento de precios en servicios y alimentos. En el caso de los aumentos tarifarios en la luz el impacto es directo y afecta a la faz reproductiva y principalmente productiva. La luz es usada en las quintas básicamente para regar, triplicándose o en algunos casos cuadruplicándose el monto de las boletas de luz en los últimos meses. En promedio se paga mensualmente facturas que van de $6.000 a $7.000 por mes por hectárea.

Política agropecuaria

Finalmente, la política agropecuaria hacia el sector guarda coherencia ya que en parte es resultado de las políticas cambiaria, financiera, fiscal y tarifaria.

Durante el kirchnerismo, el Estado se limitó a políticas de reconocimiento, asesoramiento, visibilización y apuntalamiento de la Agricultura Familiar, pero sin intervenir en forma directa e integral sobre los factores identificados como constitutivos de las desigualdades y asimetrías que afectan a la agricultura familiar. Estas cuestiones estructurales son, entre otras: control de precios básicos, que aplica cualquier país protector de los pequeños productores, vía establecimiento de precios mínimos de referencia (que garanticen cubrir los costos de producción) y precios máximos (que eviten la especulación), intervención en el mercado de tierras, regulando contratos de alquileres y financiamiento para compra de la tierra, infraestructura y políticas focalizadas en relación a salud, educación y vivienda, entre otras.

Sin dudas, lejos de revertir la situación dejada, hace tres años se viene dando pasos hacia atrás. El desguace del Estado, el cierre de secretarías como la de Agricultura Familiar, desfinanciamiento de programas como el de Cambio Rural y la eliminación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario son elementos que demuestran el total desinterés por el subsector, reducido en escala peromayoritario en número.

Peor aún,  privilegia a la cúpula del sector, permitiendo el ingreso de sus representantes en los máximos cargos del Ministerio de Agroindustria, les reduce impuestos y quita regulaciones, en un contexto de fuerte devaluación del peso que no hace más que favorecer su posición en el mercado exportador.

A modo de reflexiones finales

En días en que se interpela al mercado en vez de la ciudadanía, en donde se discute con el FMI las políticas de ajuste, se garantiza mediante endeudamiento soberano la especulación financiera y se generan transferencias multimillonarias a los sectores concentrados de la población, es necesario salir de la burbuja neoliberal y exigir -desde las organizaciones populares- políticas que privilegien a la economía real y popular, que se garanticen los derechos que se han ganado con anterioridad y que se luche por aquellos que aún no han respondido. Solo el Pueblo salvará al Pueblo.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro

Política Sectorial

Alejandro Fernández: “Que haya presencia de residuos químicos no quiere decir que ese alimento esté contaminado”

|Argentina|

En el panel sobre “Inocuidad en hortalizas” realizado en la Expo Jornada Hortícola días atrás, el director de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal de Senasa, el Ing. Agrónomo Alejandro Fernández, brindó algunas definiciones a la hora de hablar de contaminación en frutas y hortalizas. Centrándose en la preocupación que genera la presencia de residuos químicos en los alimentos, el funcionario detalló la manera en que Senasa calcula el impacto de los mismos en la salud de los consumidores.

Para Fernández es “esperable” que en los sistemas de producción tradicionales existan residuos o porciones de residuos de las sustancias químicas utilizadas para minimizar la presencia de enfermedades o plagas. “Como sabemos que esto puede ocurrir, necesitamos comprender el comportamiento de estas sustancias. Cuál es el daño que pueden producir y a qué nivel. El hecho de que haya presencia de residuos no quiere decir que ese alimento esté contaminado o intoxicando al consumidor”, dijo el ingeniero.

Para comprender mejor este punto, el funcionario introdujo el concepto de “peligro” y “riesgo”. El primero hace referencia a la posibilidad de que un alimento pueda ser dañino desde su aspecto químico (residuos de fitosanitarios), físico (restos de madera o clavos) o microbiológicos (presencia de patógenos o parásitos). Por otra parte, hablar de “riesgo” es pensar en los niveles, frecuencias y cantidades que una persona, a través de la dieta de una hortaliza o fruta, se expone a uno o varios de estos contaminantes. Respecto a los residuos químicos, establecer el riesgo es conocer en qué cantidad un contaminante está presente en un alimento y con qué frecuencia se lo consume para determinar si ese nivel intoxica o no.

“Lo que estamos viendo en general en los medios es que afirman que hay porcentajes de residuos en la lechuga, la pera o el limón. Eso me dice que hay un peligro presente, pero no me dice cuál es el nivel de ese peligro o si están hechas las evaluaciones de riesgo para determinar que aquella persona que consume el alimento con ese nivel realmente se intoxica”, profundizó el ingeniero.

En este sentido, Fernández explicó que Senasa realiza una serie de ensayos antes de habilitar la utilización de una sustancia, en los que mide cómo la misma ingresa al cuerpo (por qué vía), cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Es decir, estudia el impacto en el usuario aplicador, en el consumidor y en el ambiente. Además realiza ensayos de campo para conocer el comportamiento del producto en distintas regiones productivas del país y en los cultivos que se lo pretenda usar.

«Lo que hay que evaluar es el nivel de residuos, si ese nivel está afectando la salud del consumidor».

De esta manera establece dos niveles para la evaluación del riesgo: la ingesta diaria admisible (IDA) y la dosis de referencia aguda (ARfD). La primera se calcula a partir del resultado más problemático que presenten los estudios anteriormente mencionados. “Representa una pequeña cantidad de miligramos por kilo de peso de la persona, por día, que puede consumir esa persona todos los días sin que le provoque un efecto adverso en su salud”, dice Fernández. Por otro lado, la dosis de referencia aguda es la cantidad mínima de dicha sustancia que debe ingerirse en una sola comida para que esta ingestión pueda resultar en intoxicación aguda. A partir de esta información se establece luego el LMR (Límite Máximo de Residuos) que puede existir en dichas frutas y hortalizas sin dañar la salud de los consumidores. Esos valores, dice Fernández, nunca pueden superar la ingesta diaria admisible ni, por supuesto, la dosis de referencia aguda. “Hay un margen de seguridad importante entre el límite que se fija y lo que realmente estaría afectando la salud del consumidor”, asegura el funcionario.

Es necesario mencionar que estas evaluaciones tendrán sentido siempre y cuando los productores realicen sus tareas bajo el paragua de las Buenas Prácticas Agrícolas, que reducen los riesgos de contaminación tanto química, como física y microbiológica. Para Fernández, estos riesgos deben eliminarse profundizando la aplicación de las BPA que, como ya se anunció en el Boletín Oficial, serán obligatorias en 2020 para frutas y en 2021 para hortalizas.

Un consumidor preocupado

El miedo a consumir frutas y hortalizas con presencia de residuos químicos ha crecido en los últimos años, y no de manera injustificada. La irresponsabilidad de algunos productores a la hora de aplicar sin respetar las distancias mínimas, la utilización de sustancias no registradas o manipuladas sobre cultivos no habilitados (lo que se considera desvío de uso) y la falta de seguimiento en los períodos de carencia (tiempo necesario para que el residuo de un plaguicida alcance una concentración por debajo del LMR) son motivos suficientes para que los consumidores tomen mayores recaudos frente a este sistema productivo. A esto se le suma una mayor circulación de publicaciones periodísticas que ponen el foco en dichas negligencias, aunque en algunas oportunidades se utilicen títulos tendenciosos o directamente erróneos. Un ejemplo es la nota publicada meses atrás por el diario nacional Infobae, en el que se afirma que más de la mitad de las frutas y verduras que llegan al Mercado Central son “descartadas por excesos de agrotóxicos” luego de ser evaluadas en los laboratorios del organismo. Sobre este punto consultamos al ingeniero Fernández.

¿Qué cree que debe hacer Senasa cuando aparecen este tipo de artículos?

Estudio Malaquita

En primer lugar, responder. Tratar de dar la información correcta que nosotros históricamente manejamos en los planes de muestreo. Creo que en esa nota hubo un error en la interpretación de datos muy grosero. Los datos de Senasa indican que el 62% de las muestras tienen presencia de alguna sustancia. Hay un 38% que no tiene nada. Entonces asociaron el “tiene” a que se descarta o se tira. Y hay una confusión más: los datos que tiene Senasa no son del Mercado Central, sino de todos los mercados del país donde se sacan muestras. Son datos de los mercados concentradores inscriptos en Senasa y de los sitios de expedición de los grandes hipermercados. También sacamos muestras en productores, en empaques. Entonces los resultados son generales, son estadísticas obtenidas de todos estos puntos.

Usted plantea que la presencia de residuos químicos no es de por sí peligrosa.

Lo que hay que evaluar es el nivel de residuos. Si con ese nivel está afectándose la salud del consumidor. Y eso tiene que ver con la dosis. Entonces, dependiendo de la cantidad que ingieras te puede provocar daño o no. Que esté presente no quiere decir que te genere un daño.

De cualquiera manera, no parece injustificado el miedo de los consumidores ante la posibilidad de contaminaciones de este tipo.

Hay un consumidor preocupado y está bueno que así sea. Lo que a nosotros de pronto no nos gusta es que esa preocupación tenga que ver con una información que no es correcta. A nadie le gusta comer un alimento que tenga presencia de un contaminante, esta es la realidad. El problema es que esa preocupación tiene que ver con una percepción que se asocia más con la viralización de ciertas noticias o a ciertas posiciones personales sobre la situación de la contaminación, y que no tienen que ver con la cuestión científica con la que nosotros trabajamos día a día. La realidad es una cosa, la percepción es otra.

En su presentación hizo referencia a la necesidad de educar “consumidores responsables”. ¿A qué se refiere específicamente?

Es necesario que el consumidor acceda a comprar en lugares habilitados y que verifique que el producto que compra esté identificado, es decir, que tenga un rótulo en el cajón y que identifique al productor. El consumidor tiene derecho a exigir saber quién es el que produce esa verdura. En el momento en que esto se comience exigir, seguramente los productores van a tener que regularizarse para que no quedar afuera.

Estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no?

Absolutamente, pero es educación y comunicación. Forma parte de un esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer en el mediano plazo.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
Continuar Leyendo

Edición 36

Belisario Álvarez de Toledo y su gestión en el Mercado Central de Buenos Aires

A finales de 2018 el ingeniero agrónomo Belisario Álvarez de Toledo asumió sus funciones como presidente del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA). El nuevo dirigente preside hoy el centro de comercialización frutihortícola más importante de nuestro país y uno de los principales de América Latina con múltiples desafíos por delante.

Belisario Álvarez de Toledo asumió como presidente del MCBA el 1 de septiembre de 2018 en reemplazo de Fabián Miguelez, quien estuviera a la cabeza del gran centro de abastecimiento frutihortícola entre 2015 y agosto del 2017. El nuevo dirigente ocupa el cargo con el objetivo de ordenar un Mercado Central desorganizado y caótico, luego de que el ex presidente dejara el cargo tras argumentar problemas de salud en un clima de irregularidades y desmanejos en la conducción del ente concentrador, hechos de corrupción y conflictos con otros miembros directivos y operadores.

Egresado de la UBA como ingeniero agrónomo, Álvarez de Toledo tiene posgrados en Alta Dirección, Liderazgo Estratégico de los Agronegocios, Dirección de Empresas Agropecuarias, Agronegocios y Formación Dirigencial. Fue director ejecutivo de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) entre 2002 y 2010 y vicepresidente de la Lotería Nacional Sociedad del Estado entre 2015 y 2017. Además ocupó el cargo de subsecretario de Coordinación Administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social previo a asumir como presidente del MCBA.

Entre la larga lista de objetivos de la nueva gestión, Álvarez de Toledo destaca que el principal y más dificultoso es la recomposición de las relaciones de convivencia entre los actores sociales que integran el Mercado: “Creo que hay un cansancio muy grande de parte de mucha gente por el desgaste de las relaciones personales. Llega un momento en que uno piensa que esto es tierra de nadie y que todos hacen lo quieren cuando no debería ser así”, asegura. En este sentido, el nuevo Presidente afirma la necesidad de tener reglas claras que todos entiendan y cumplan. Sostiene que, al no haber servicios correctamente diagramados y pensados, inevitablemente se deterioran las relaciones en la comunidad: “En esta gestión estamos haciendo énfasis en eso. Es la parte más difícil, porque significa que tienen que haber muchas conversaciones y que debemos ponernos de acuerdo, pero también entiendo que, en lo particular, es allí donde tengo las mayores fortalezas y seguro voy a conseguir resultados”.

Para Álvarez de Toledo, la recomposición de los vínculos implica un proceso mayor que es la organización de la comunidad del Mercado. En este sentido, destaca a Revista InterNos la necesidad de visibilizar dos grandes grupos invisibles en el Mercado de los cuales no se posee demasiada información: clientes y changarines. En cuanto a los primeros, no hay un registro sobre quién compra, cuánto y dónde lo hace, aunque el nuevo dirigente admite que es posible que la implementación obligatoria del Documento de Tránsito Vegetal (DTV-e) les permita obtener esa información, al menos para los clientes que provienen de otras provincias del país.

Estudio Malaquita

Por su parte, los changarines libres constituyen un gran flujo de personal para el Mercado. Se trata de una comunidad desconocida y todavía no se tiene estudiado cómo controlar e identificar tanto al grupo como a cada persona individual. Parte de las esperanzas están depositadas en el cerramiento del Mercado y el control que eso aportará una vez operativo. El Presidente contempla la posibilidad de que en un futuro se exija a toda persona que ingrese al centro de abastecimiento su identificación, algo que hoy por hoy no se hace. Además resalta la importancia del Mercado como fuente de trabajo y la consecuente necesidad de identificar a quienes se valen de él día a día: “Creemos que los changarines son parte del Mercado y nosotros somos conscientes de que aquí brindamos trabajo a una gran comunidad proveniente de todos los partidos que están alrededor”, expone el dirigente.

Por otro lado, durante la presidencia de Fabián Miguelez se iniciaron en el MCBA importantes obras de infraestructura con fondos aportados por el Gobierno Nacional y recursos propios del ente concentrador. Se encaró entonces una gran renovación de la luminaria, cartelería, señalización de las calles y seguridad. Álvarez de Toledo ha continuado esas obras, como el caso del laboratorio de última generación y el asfaltado de la Avenida Carrillo. Pero también se trabaja en nuevos proyectos, como la colocación de una oficina del Estado en tu Barrio, el asfaltado de la zona central de las naves para mejor circulación, la instalación de un anillo de fibra óptica para obtener conexión a internet y el emplazamiento de un centro de monitoreo junto con cámaras de seguridad en todo el Mercado.

Además, otro aspecto pendiente es el tratamiento de las grandes cantidades de residuos producidas a diariamente en el MCBA. En este sentido, Álvarez de Toledo señaló a Revista InterNos: “El gran objetivo es hacer algo con los residuos orgánicos. Hemos analizado colocar un biodigestor o hacer compost, pero son proyectos a largo plazo. Hay muchas posibilidades de que se avance con eso, pero hoy está en un estado más de estudio que de concreción en particular”. Sin embargo, el Presidente resalta que un aspecto central y no menos importante es organizar la comunidad del Mercado para que se concientice y responsabilice, siendo uno de los primeros planes la realización de pruebas piloto para la separación de residuos.

 

Mirá la revista completa aquí

 

Recibí estas notas por WhatsApp enviando un mensaje con la palabra ALTA al 3516181738 o haciendo clic ACÁ.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
Continuar Leyendo

Política Sectorial

Respiran manzanas y peras: se oficializó la Emergencia Productiva

|Argentina|

El gobierno nacional oficializó hoy en el Boletín Oficial la prórroga de la Emergencia Nacional económica, productiva, financiera y social a la cadena productiva de peras y manzanas. De esta manera, se despejan las dudas sobre la posibilidad de que AFIP remate las chacras de algunos productores a causa de las deudas acumuladas con el fisco. La prórroga se aplicará a las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Se extenderá por un año.

En diciembre de 2017 el ejecutivo nacional había declarado dicha Emergencia por el término de seis meses, medida que posteriormente fue extendida hasta el 31 de mayo de 2019. De esta manera, productores, empaques, frigoríficos, industrializadores y comercializadores dispusieron de regímenes especiales, prórrogas y facilidades impositivas para sobrellevar la escasa rentabilidad que la actividad arrastra desde hace algunos años.

Estudio Malaquita

Sin embargo, la realidad no mostró mejoras significativas (y quizás hasta empeoró) durante los últimos 12 meses, y las deudas continuaron acumulándose. Es cierto: no ayudaron las retenciones ni las reducciones de reintegros. Y en el medio, la tormenta por el cierre del mercado brasilero para la exportación fue otro duro golpe para un sector con grandes dificultades para salir a flote.

El medio La Mañana Neuquén publicó el pasado 5 de abril que un centenar de chacras del valle corrían riesgo de ser rematadas por AFIP a causa de estas deudas. Es que el plazo para abonarlas vencía a fines de mayo de este año y los aportes acumulados debían ser cancelados a partir del primero de junio. Según trascendidos, el monto acumulado por la cadena era de unos 1700 millones de pesos. Cuando los rumores de remate comenzaron a instalarse con fuerza, el gobierno nacional calmó las aguas con este nuevo anuncio.

Asimismo, se modificó la ley 27.354 mediante la cual AFIP generará convenios de facilidades de pago que comprenderán “una tasa de interés de hasta el uno por ciento (1%) mensual y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el 31 de mayo del año en que finalice la emergencia”.

La presión de los productores en el último «Frutazo» parece causar cierto efecto en la dirigencia política nacional, aunque todavía se espera por medidas de mayor impacto en el sector, como la baja de retenciones, el aumento de los reintegros por exportación o la posibilidad de fijar un precio mínimo de la fruta para producir cubriendo los costos de producción.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
Continuar Leyendo

Lo más leído