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Política Sectorial

Política financiera versus economía real: cuál es el presente de los pequeños agricultores

|Argentina|

En no pocas oportunidades Revista InterNos se preguntó por el impacto que la suba del dólar podría tener para la actividad hortícola, sobre todo para los pequeños productores y la agricultura familiar. En un contexto donde se producen recortes en organismos de sanidad y capacitación (caben recordar los casos del INTA y Senasa) los horticultores ven cómo día a día su panorama se complejiza por el incremento de costos, la falta de precio y un mercado interno retraído.

En el siguiente artículo de opinión, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE) explica cuál es el panorama al que algunos horticultores (por lo general los menos capitalizados y con producción destinada exclusivamente al consumo en fresco) están atravesando en los últimos meses.

El caso de las familias productoras de hortalizas

Parafraseando a Galeano, podríamos decir que “la división de la economía entre la real y la financiera consiste en que unos se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, la economía real y más aún, la economía popular, fue precoz y se especializó en perder, perfeccionando sus funciones…”

Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina ante la presión que el aumento del dólar ponía sobre el bajo nivel de retenciones, descubría la existencia de dos campos: “el campo es muy diverso, tenés algunos sectores que tienen costos en dólares y venden en pesos: a ese sector esto (la subida del dólar) los mata…”. Sin embargo, para la economía real y popular como la del sector hortícola el problema es mucho más que la política cambiaria y financiera: el problema es la política que por acción u omisión, está haciendo inviable ya no su desarrollo, sino su persistencia.

Política cambiaria

La suba del dólar (o más precisamente, la devaluación del peso) tiene un muy fuerte impacto en la actividad hortícola.

El sistema de trabajo que utilizan los pequeños productores consta de una producción bajo invernáculo, altamente dependiente y demandante de insumos, los cuales son importados. De esta manera el costo primario de producción está regido completamente por el valor del dólar. Agroquímicos, fertilizantes, plásticos y semillas suben sus precios automáticamente o preventivamente ante las oscilaciones de la moneda estadounidense. Desde noviembre del 2015 hasta la actualidad la devaluación del peso supero el 300%, lo que implicó un proporcional incremento del precio de los insumos.

La magnitud del problema se potencia cuando se toma en cuenta el tipo de producto que comercializan los pequeños productores. La producción de no transables, destinados al consumo interno, genera ingresos al sector en moneda local, moneda que se encuentra en constante proceso devaluatorio. A diferencia del sector agrícola que se dedica estrictamente a la exportación (al cual la devaluación lo beneficia) el sector hortícola posee un ínfimo volumen de productos exportables. Así, la agricultura destinada al consumo interno debe producir con insumos en dólares para luego vender en pesos en un mercado deprimido y en recesión.

Política Financiera

Toda actividad productiva precisa de financiamiento, ya sea para inversiones en infraestructura, insumos o desfasajes productivos. La horticultura no es la excepción. Una hectárea de invernáculo sale (con un dólar casi a $40) aproximadamente $1.300.000; los costos de producción de una hectárea de tomate implican otro tanto. El desfasaje entre producción y comercialización puede ser de 1 a 5 meses para algunos productos, período en el cual el financiamiento no solo garantiza la producción si no también el sustento diario familiar.

Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta el riesgo climático y productivo, como pueden ser las tormentas, plagas y enfermedades. Las tormentas no sólo conllevan a una pérdida de la producción, sino que también destruyen los invernáculos acentuando la necesidad de financiamiento inmediato. Sin embargo, los casos de sucesos naturales (cada vez menos) extraordinarios, no son solventados por políticas públicas de sustento de la economía regional.

El horticultor, más aun el de origen boliviano, tiene un acceso restringido al sistema bancario, el cual no los contempla como actores económicos de relevancia para la provisión de créditos ajustados a las posibilidades del sector. De esta manera recurren a las casas de insumos, camioneros, consignatarios o prestamistas de dudosa fiabilidad, con tasas normalmente exorbitantes aun en relación a los bancos.

En el presente marco devaluatorio, con tipo de cambio flexible, las políticas económicas que buscaron generar alternativas de inversión distintas al dólar, en un intento urgido de control del mercado cambiario, implicaron un aumento irrisorio de la tasa de interés de referencia del BCRA. La misma actualmente se sitúa en torno al 60% anual, llevando a que las tasas de los créditos personales se ubiquen en torno al 120-140%. De esta manera, y teniendo en cuenta las restricciones de financiamiento de los pequeños productores, se comienza a paralizar la actividad económica local. Invertir con tasas de interés elevadas, en un contexto devaluatorio y de incertidumbre cambiaria, teniendo un producto no transable a comercializar y sumado al decrecimiento de la demanda, no puede llevar más que a un escenario de crecimiento nulo o negativo para este tipo de economías.

Política fiscal

El actual gobierno está convencido de que todos los males existen a partir de un fisco que gasta más de lo que recauda. Ante esa situación, no solo se busca disminuir el desfasaje vía reducción del gasto público, también se hacen esfuerzos por reducir los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos provenientes de los sectores más pudientes. De esta manera el ajuste económico no solo impacta por el lado de la reducción del gasto sino también por la disminución en su poder de intervención vía desfinanciamiento.

En cuanto a su impacto en la economía popular, esta política constrictiva genera ahogo presupuestario en diversas instituciones con relación directa e indirecta al sector hortícola (educación, salud, INTA, Ministerio de Desarrollo Social). Lo cual derivó en despidos y menor empleo afectando aún más a una economía en proceso de contracción.

Pérdida de soberanía política, endeudamiento, reducción del Estado con consecuente disminución de su intervención en el sector hortícola, y caída en la demanda de hortalizas son los resultados de esta política fiscal.

Política tarifaria

Desde fines de 2015 hasta la actualidad (y sin contar los aumentos que la devaluación del peso generarán) las tarifas de servicios públicos se incrementaron significativamente.

Más precisamente, el gas 1013%, la luz 1615%, agua 550%, sin contar el transporte público y la telefonía entre otros. En relación al impacto a nivel familiar, en la Argentina una familia tipo destinaba en diciembre del 2015 el 6% de los ingresos al pago de las tarifas. A mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21% lo que se utiliza para dicho pago.

En el marco de un ajuste del gasto se fueron quitando los subsidios, (sobre) compensando a las empresas con un aumento de tarifas. El desmesurado incremento se basa en referencias internacionales de precios para dichos recursos cuando en realidad los mismos son de procedencia nacional, con una relación de ingresos promedios totalmente distinta a la internacional como para hacer frente a dicho aumento del gasto familiar.

Para el caso del sector hortícola si bien no tiene un impacto directo el aumento en las tarifas de gas y agua, dado que no son servicios a los que tengan acceso, sí sufren el impacto indirecto vía aumento de precios en servicios y alimentos. En el caso de los aumentos tarifarios en la luz el impacto es directo y afecta a la faz reproductiva y principalmente productiva. La luz es usada en las quintas básicamente para regar, triplicándose o en algunos casos cuadruplicándose el monto de las boletas de luz en los últimos meses. En promedio se paga mensualmente facturas que van de $6.000 a $7.000 por mes por hectárea.

Política agropecuaria

Finalmente, la política agropecuaria hacia el sector guarda coherencia ya que en parte es resultado de las políticas cambiaria, financiera, fiscal y tarifaria.

Durante el kirchnerismo, el Estado se limitó a políticas de reconocimiento, asesoramiento, visibilización y apuntalamiento de la Agricultura Familiar, pero sin intervenir en forma directa e integral sobre los factores identificados como constitutivos de las desigualdades y asimetrías que afectan a la agricultura familiar. Estas cuestiones estructurales son, entre otras: control de precios básicos, que aplica cualquier país protector de los pequeños productores, vía establecimiento de precios mínimos de referencia (que garanticen cubrir los costos de producción) y precios máximos (que eviten la especulación), intervención en el mercado de tierras, regulando contratos de alquileres y financiamiento para compra de la tierra, infraestructura y políticas focalizadas en relación a salud, educación y vivienda, entre otras.

Sin dudas, lejos de revertir la situación dejada, hace tres años se viene dando pasos hacia atrás. El desguace del Estado, el cierre de secretarías como la de Agricultura Familiar, desfinanciamiento de programas como el de Cambio Rural y la eliminación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario son elementos que demuestran el total desinterés por el subsector, reducido en escala peromayoritario en número.

Peor aún,  privilegia a la cúpula del sector, permitiendo el ingreso de sus representantes en los máximos cargos del Ministerio de Agroindustria, les reduce impuestos y quita regulaciones, en un contexto de fuerte devaluación del peso que no hace más que favorecer su posición en el mercado exportador.

A modo de reflexiones finales

En días en que se interpela al mercado en vez de la ciudadanía, en donde se discute con el FMI las políticas de ajuste, se garantiza mediante endeudamiento soberano la especulación financiera y se generan transferencias multimillonarias a los sectores concentrados de la población, es necesario salir de la burbuja neoliberal y exigir -desde las organizaciones populares- políticas que privilegien a la economía real y popular, que se garanticen los derechos que se han ganado con anterioridad y que se luche por aquellos que aún no han respondido. Solo el Pueblo salvará al Pueblo.

Política Sectorial

Bernaudo sobre el DTV-e: “La transparencia fiscal tiene que venir con inocuidad y con seguridad alimentaria”

|Córdoba|

Guillermo Bernaudo, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, visitó las instalaciones del Mercado de Abasto de Córdoba y resaltó la necesidad de avanzar sobre la plena implementación del DTV-e, que a partir del 26 de diciembre regirá de manera obligatoria en todo el país.

El funcionario, segundo de Luis Miguel Etchevehere, se acercó al abasto cordobés del cual tenía “muy buenas referencias” y pudo entablar contacto con sus principales autoridades, a quienes invitó a trabajar en conjunto para que la aplicación del DTV-e sea definitiva y eficaz.

Participaron de la jornada Marcelo Terzo, coordinador de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía; Héctor Fontán, Director de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Córdoba; Ana Laura Campetella, en representación de la Federación Nacional de Operadores de Mercados (Fenaomfra); Arnaldo Roy, presidente de Mercoop; el ingeniero agrónomo de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba; Hernán Cottura y José Luis Romero, operador del Mercado de Abasto de Córdoba.

El DTV-e es un documento único (generado por autogestión y de manera digital por internet) que reemplazará al remito o guía de facturación por parte de AFIP y al Documento de Tránsito Sanitario Vegetal de Senasa. Tiene como objetivo unificar criterios de control y formalizar la actividad frutihortícola.

Ante la llegada de este nuevo documento Fenaomfra solicitó que se reforzaran los controles en ruta, evitando así la “caza en la pecera”. La principal queja de los operadores es que Senasa actúa mayoritariamente sobre los mercados por ser un lugar “fácil” para la fiscalización, debido a que la mercadería está concentrada allí. Por eso exigen aumentar el trabajo sobre las zonas de producción.

En línea con esto, Bernaudo consideró que para llevar a cabo la implementación del documento será necesaria esa tarea, disponiendo de los recursos de AFIP, Senasa y las policías locales. “Queremos ir hacia un documento único que sea fiscalizable en todas las rutas y caminos, no sólo en los mercados, que además son lugares donde se opera con mayor transparencia” explicó a Revista InterNos. Y agregó: “Estamos trabajando en las provincias donde hay guía, tratando de que se puedan reemplazar y que el DTV-e se pueda tomar también como un documento válido en las provincias”.

Estas medidas no reducirán las exigencias a los operadores de mercados, quienes igualmente deberán obtener mercadería con el DTV-e para “cerrarlo” desde sus puestos. No obstante, los controles más equitativos tienen como objetivo no asfixiar a los pueteros y evitar dirigir las ventas hacia los mercados informales. “Queremos apoyar a los mercados que están trabajando en esto, porque la transparencia fiscal tiene que venir con inocuidad y con seguridad alimentaria”.

En este sentido, el Secretario destacó que la llegada del DTV-e tiene que estar acompañada necesariamente de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales fueron recientemente incorporadas al Código Alimentario Argentino y serán obligatorias dentro de dos años para la fruta y tres años para las hortalizas.

El trabajo de BPA realizado en Córdoba por la Asociación de Productores Hortícolas ha colocado a dicho cinturón verde como referencia obligatoria en los últimos años. “Vinimos a visitar a Córdoba porque tiene una trayectoria muy grande en Buenas Prácticas. Queremos aprender cómo están trabajando, teníamos buenas referencias desde Senasa y otros organismos nacionales”. No es menor destacar que esta Asociación es reconocida por el gobierno provincial, quien a través de su Ministerio de Agricultura entrega a los horticultores de la zona un reconocimiento económico por “hacer las cosas bien” en sus quintas.

Terzo y Bernaudo recorriendo las cámaras de maduración de banana junto a Marcelo Sibilia

Al consultarle cuán informal creía que era la situación del sector frutihortícola a nivel nacional, Bernaudo consideró que “varía según los productos y las regiones” pero que “no se puede poner a todos los productores en la misma bolsa”.

Luego de la reunión, los presentes recorrieron las naves del mercado y conocieron las instalaciones de la empresa Wiñay, acompañados por Marcelo Sibilia, su titular. Allí apreciaron el proceso de maduración de la banana y los nuevos túneles de climatización que están siendo construidos en la empresa por Tropical Argentina. También visitaron la construcción de nuevos depósitos que están siendo desarrollados por la Mercoop, los cuales serán destinados a todos aquellos operadores que deseen expandir sus capacidades logísticas en los próximos años.

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Política Sectorial

Mendoza: Toman medidas para mitigar las consecuencias del granizo

Noviembre fue un mes difícil para los productores del sur mendocino, quienes sufrieron el duro golpe de las heladas tardías y la caída de granizo en sus quintas. General Alvear y San Rafael fueron las regiones más afectadas: en algunos casos las pérdidas fueron totales. El gobierno declaró la Emergencia Agropecuaria.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) señaló que las tormentas ocurridas los días 17 y 18 de noviembre en General Alvear afectaron a 910 productores (59% del total del departamento), a 1.096 propiedades (48%) y 6.030 hectáreas (46%).

Se estima que la mayoría de los cultivos afectados corresponden a frutales, principalmente vid, ciruelas y duraznos según informaron desde la DACC. Pero además, el granizo afectó unas 250 hectáreas de producción hortícola y algunos otros cultivos como maíz y alfalfa. “Tenemos viña, ciruela y durazno. El viento fue huracanado y la inclemencia grande, comparable a la del 2008. Estamos evaluando los daños y fueron totales”, expresó una productora de Jaime Prats, que coindice con otros fruticultores de la región en que esta tormenta iguala a la de diez años atrás.

Luego de las tormentas, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Zlotolow recorrió las quintas junto al jefe de Gabinete, Alfredo Aciar (también a cargo de la DACC) y al intendente de General Alvear, Walter Marcolini. Frente a los cuantiosos daños, el gobierno de Mendoza decretó la Emergencia Agropecuaria y habilitó un sistema de denuncias y tasaciones para que cada productor identifique el valor de las pérdidas sufridas. De esta manera podrán firmar el “Certificado de daños” con los que luego podrán solicitar beneficios fiscales y crediticios.

De esta manera, llegarán subsidios al combustible (hasta $10 por litro) y a la compra de agroquímicos para que los productores pongan en marcha la curación de las plantas y eviten la proliferación de hongos y plagas. A modo de complemento, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) entregará “micro créditos” para dar continuidad a la ardua tarea de reconstruir las plantaciones.

También habrá descuentos y prórrogas en el Impuesto Inmobiliario y el cannon de riego. Se postergarán los vencimientos de créditos del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y estarán habilitados para acceder a líneas de créditos especiales y descuentos en la factura de energía por riego agrícola.

Por último, el Gobierno de Mendoza solicitará la homologación de la Emergencia a la Nación, eso le permitiría a los productores tener otros beneficio: prórrogas de vencimientos de créditos del Banco Nación y el BICE, además apoyo financiero del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda).

El intendente de General Alvear, Walter Marcolini, se lamentó no sólo por los daños productivos, sino también por las pérdidas a nivel industrial. “Vamos a tener ahora muchas bodegas, secaderos de fruta y galpones de empaque que no van a trabajar, con lo cual el empleo estacional está seriamente perjudicado”.

Fuente: Los Andes

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Política Sectorial

Grave denuncia por contaminación de envases fitosanitarios en Córdoba

|Córdoba|

Un grupo de vecinos de la localidad de Canals, Córdoba, denunció la presencia de una gran cantidad de envases agroquímicos alojados en una planta de silo abandonada en el centro de la ciudad. La policía local realizó un operativo para desmontar el  acopio ilegal. Intervinieron en el caso el Ministerio de Agricultura de la Provincia, la Policía Ambiental, el Juzgado de Faltas de Canals y la Policía de la Provincia de Córdoba.

Luego de realizada la denuncia, efectivos policiales e integrantes del grupo de Vecinos Autoconvocados de Canals testificaron que el responsable del Área de Gestión y Control Ambiental, Fernando Valdés, comenzó a manipular los bidones para trasladarlos en un camión de basura. Sin embargo, el funcionario debió retirarse del lugar escena ya que minutos atrás la fiscalía había dispuesto no tocar la evidencia.

Valdés en el momento en que retiraba la evidencia, luego de la denuncia de los vecinos

Algunas imágenes muestran a Valdés intentando retirar los bidones sin más protección que guantes en sus manos, siendo que el contacto por vía dérmica o respiratoria de estos productos es altamente nocivo para la salud humana. Cabe recordar que algunos de los fiscalizadores y policías que tomaron contacto con los productos aquel día sufrieron malestares físicos como irritación de ojos y picazón de garganta.

La Ley Productos Químicos o Biológicos de uso Agropecuario N° 9164 señala en su Artículo 62 la prohibición de enterrar, quemar y/o disponer de restos o envases de productos químicos que no fueran sometidos a los tratamientos previos de descontaminación por triple lavado (o según las instrucciones particulares del rótulo). Además, dicha reglamentación restringe estos tratamientos a zonas alejadas del ejido urbano, lo que da cuenta de la gravedad de la falta.

Retiro de productos con trajes especiales

Un día después de la denuncia, la Brigada de Materiales Peligrosos (BRIMAP) perteneciente a la División de Bomberos de Córdoba, procedió a un relevamiento de información de cada uno de los envases, constatando fecha de elaboración y vencimiento, además del estado en que se encontraron. Los bidones fueron retirados en horas subsiguientes mediante personal capacitado y un medio de transporte habilitado, tal como lo indica la ya mencionada “Ley de Agroquímicos” en su artículo 63.

El propietario del terreno indicó que el mismo había sido adquirido un mes atrás en un remate y aseguró no tener conocimiento de lo que allí se alojaba. La fiscalía de La Carlota, con el secretario Daniel Carranza a la cabeza, continúa con la investigación del hecho.

Mirá el video:

Fuente:

  • Eccos Multimedios

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