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Política Sectorial

Política financiera versus economía real: cuál es el presente de los pequeños agricultores

|Argentina|

En no pocas oportunidades Revista InterNos se preguntó por el impacto que la suba del dólar podría tener para la actividad hortícola, sobre todo para los pequeños productores y la agricultura familiar. En un contexto donde se producen recortes en organismos de sanidad y capacitación (caben recordar los casos del INTA y Senasa) los horticultores ven cómo día a día su panorama se complejiza por el incremento de costos, la falta de precio y un mercado interno retraído.

En el siguiente artículo de opinión, el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE) explica cuál es el panorama al que algunos horticultores (por lo general los menos capitalizados y con producción destinada exclusivamente al consumo en fresco) están atravesando en los últimos meses.

El caso de las familias productoras de hortalizas

Parafraseando a Galeano, podríamos decir que “la división de la economía entre la real y la financiera consiste en que unos se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, la economía real y más aún, la economía popular, fue precoz y se especializó en perder, perfeccionando sus funciones…”

Hace unos días, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Daniel Pelegrina ante la presión que el aumento del dólar ponía sobre el bajo nivel de retenciones, descubría la existencia de dos campos: “el campo es muy diverso, tenés algunos sectores que tienen costos en dólares y venden en pesos: a ese sector esto (la subida del dólar) los mata…”. Sin embargo, para la economía real y popular como la del sector hortícola el problema es mucho más que la política cambiaria y financiera: el problema es la política que por acción u omisión, está haciendo inviable ya no su desarrollo, sino su persistencia.

Política cambiaria

La suba del dólar (o más precisamente, la devaluación del peso) tiene un muy fuerte impacto en la actividad hortícola.

El sistema de trabajo que utilizan los pequeños productores consta de una producción bajo invernáculo, altamente dependiente y demandante de insumos, los cuales son importados. De esta manera el costo primario de producción está regido completamente por el valor del dólar. Agroquímicos, fertilizantes, plásticos y semillas suben sus precios automáticamente o preventivamente ante las oscilaciones de la moneda estadounidense. Desde noviembre del 2015 hasta la actualidad la devaluación del peso supero el 300%, lo que implicó un proporcional incremento del precio de los insumos.

La magnitud del problema se potencia cuando se toma en cuenta el tipo de producto que comercializan los pequeños productores. La producción de no transables, destinados al consumo interno, genera ingresos al sector en moneda local, moneda que se encuentra en constante proceso devaluatorio. A diferencia del sector agrícola que se dedica estrictamente a la exportación (al cual la devaluación lo beneficia) el sector hortícola posee un ínfimo volumen de productos exportables. Así, la agricultura destinada al consumo interno debe producir con insumos en dólares para luego vender en pesos en un mercado deprimido y en recesión.

Política Financiera

Toda actividad productiva precisa de financiamiento, ya sea para inversiones en infraestructura, insumos o desfasajes productivos. La horticultura no es la excepción. Una hectárea de invernáculo sale (con un dólar casi a $40) aproximadamente $1.300.000; los costos de producción de una hectárea de tomate implican otro tanto. El desfasaje entre producción y comercialización puede ser de 1 a 5 meses para algunos productos, período en el cual el financiamiento no solo garantiza la producción si no también el sustento diario familiar.

Sumado a lo anterior es necesario tener en cuenta el riesgo climático y productivo, como pueden ser las tormentas, plagas y enfermedades. Las tormentas no sólo conllevan a una pérdida de la producción, sino que también destruyen los invernáculos acentuando la necesidad de financiamiento inmediato. Sin embargo, los casos de sucesos naturales (cada vez menos) extraordinarios, no son solventados por políticas públicas de sustento de la economía regional.

El horticultor, más aun el de origen boliviano, tiene un acceso restringido al sistema bancario, el cual no los contempla como actores económicos de relevancia para la provisión de créditos ajustados a las posibilidades del sector. De esta manera recurren a las casas de insumos, camioneros, consignatarios o prestamistas de dudosa fiabilidad, con tasas normalmente exorbitantes aun en relación a los bancos.

En el presente marco devaluatorio, con tipo de cambio flexible, las políticas económicas que buscaron generar alternativas de inversión distintas al dólar, en un intento urgido de control del mercado cambiario, implicaron un aumento irrisorio de la tasa de interés de referencia del BCRA. La misma actualmente se sitúa en torno al 60% anual, llevando a que las tasas de los créditos personales se ubiquen en torno al 120-140%. De esta manera, y teniendo en cuenta las restricciones de financiamiento de los pequeños productores, se comienza a paralizar la actividad económica local. Invertir con tasas de interés elevadas, en un contexto devaluatorio y de incertidumbre cambiaria, teniendo un producto no transable a comercializar y sumado al decrecimiento de la demanda, no puede llevar más que a un escenario de crecimiento nulo o negativo para este tipo de economías.

Política fiscal

El actual gobierno está convencido de que todos los males existen a partir de un fisco que gasta más de lo que recauda. Ante esa situación, no solo se busca disminuir el desfasaje vía reducción del gasto público, también se hacen esfuerzos por reducir los ingresos fiscales, sobre todo de aquellos provenientes de los sectores más pudientes. De esta manera el ajuste económico no solo impacta por el lado de la reducción del gasto sino también por la disminución en su poder de intervención vía desfinanciamiento.

En cuanto a su impacto en la economía popular, esta política constrictiva genera ahogo presupuestario en diversas instituciones con relación directa e indirecta al sector hortícola (educación, salud, INTA, Ministerio de Desarrollo Social). Lo cual derivó en despidos y menor empleo afectando aún más a una economía en proceso de contracción.

Pérdida de soberanía política, endeudamiento, reducción del Estado con consecuente disminución de su intervención en el sector hortícola, y caída en la demanda de hortalizas son los resultados de esta política fiscal.

Política tarifaria

Desde fines de 2015 hasta la actualidad (y sin contar los aumentos que la devaluación del peso generarán) las tarifas de servicios públicos se incrementaron significativamente.

Más precisamente, el gas 1013%, la luz 1615%, agua 550%, sin contar el transporte público y la telefonía entre otros. En relación al impacto a nivel familiar, en la Argentina una familia tipo destinaba en diciembre del 2015 el 6% de los ingresos al pago de las tarifas. A mayo de 2018, sin contar la última corrida cambiaria, es el 21% lo que se utiliza para dicho pago.

En el marco de un ajuste del gasto se fueron quitando los subsidios, (sobre) compensando a las empresas con un aumento de tarifas. El desmesurado incremento se basa en referencias internacionales de precios para dichos recursos cuando en realidad los mismos son de procedencia nacional, con una relación de ingresos promedios totalmente distinta a la internacional como para hacer frente a dicho aumento del gasto familiar.

Para el caso del sector hortícola si bien no tiene un impacto directo el aumento en las tarifas de gas y agua, dado que no son servicios a los que tengan acceso, sí sufren el impacto indirecto vía aumento de precios en servicios y alimentos. En el caso de los aumentos tarifarios en la luz el impacto es directo y afecta a la faz reproductiva y principalmente productiva. La luz es usada en las quintas básicamente para regar, triplicándose o en algunos casos cuadruplicándose el monto de las boletas de luz en los últimos meses. En promedio se paga mensualmente facturas que van de $6.000 a $7.000 por mes por hectárea.

Política agropecuaria

Finalmente, la política agropecuaria hacia el sector guarda coherencia ya que en parte es resultado de las políticas cambiaria, financiera, fiscal y tarifaria.

Durante el kirchnerismo, el Estado se limitó a políticas de reconocimiento, asesoramiento, visibilización y apuntalamiento de la Agricultura Familiar, pero sin intervenir en forma directa e integral sobre los factores identificados como constitutivos de las desigualdades y asimetrías que afectan a la agricultura familiar. Estas cuestiones estructurales son, entre otras: control de precios básicos, que aplica cualquier país protector de los pequeños productores, vía establecimiento de precios mínimos de referencia (que garanticen cubrir los costos de producción) y precios máximos (que eviten la especulación), intervención en el mercado de tierras, regulando contratos de alquileres y financiamiento para compra de la tierra, infraestructura y políticas focalizadas en relación a salud, educación y vivienda, entre otras.

Sin dudas, lejos de revertir la situación dejada, hace tres años se viene dando pasos hacia atrás. El desguace del Estado, el cierre de secretarías como la de Agricultura Familiar, desfinanciamiento de programas como el de Cambio Rural y la eliminación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario son elementos que demuestran el total desinterés por el subsector, reducido en escala peromayoritario en número.

Peor aún,  privilegia a la cúpula del sector, permitiendo el ingreso de sus representantes en los máximos cargos del Ministerio de Agroindustria, les reduce impuestos y quita regulaciones, en un contexto de fuerte devaluación del peso que no hace más que favorecer su posición en el mercado exportador.

A modo de reflexiones finales

En días en que se interpela al mercado en vez de la ciudadanía, en donde se discute con el FMI las políticas de ajuste, se garantiza mediante endeudamiento soberano la especulación financiera y se generan transferencias multimillonarias a los sectores concentrados de la población, es necesario salir de la burbuja neoliberal y exigir -desde las organizaciones populares- políticas que privilegien a la economía real y popular, que se garanticen los derechos que se han ganado con anterioridad y que se luche por aquellos que aún no han respondido. Solo el Pueblo salvará al Pueblo.

Política Sectorial

La policía desalojó un “verdurazo” en Buenos Aires

Foto: Franco Fafasuli

|Buenos Aires|

Hace minutos la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que realizaban un “verdurazo” frente a la Plaza Constitución.

Los incidentes se produjeron porque la autoridad bonaerense impidió la entrega de verduras e incautó cajones con mercadería, aduciendo que los agricultores no poseían autorización para manifestarse en el espacio público, según lo confirmó el secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

“Durante los meses de noviembre y diciembre hicimos reuniones y diagramamos los lugares donde se realizan los verdurazos, con permiso. Esta vez quisieron utilizar el espacio público en una forma violenta, sin autorización”, fue la explicación del funcionario.

Los “verdurazos” se realizaron asiduamente durante todo el 2018. Los feriantes elegían Plaza Congreso para dar visibilidad a la dificultosa situación productiva del sector a causa de los altos costos en insumos y alquiler de tierras,  la baja del Monotributo Social Agropecuario y la caída del consumo interno. En definitiva, poner en agenda al “otro campo”, como suelen autodenominarse.

La UTT denunció en sus redes sociales que la fuerza policial los reprimió mientras intentaban montar la feria. Según mostraron medios nacionales que cubrieron el hecho, la gente fue dispersada con gas pimienta y se produjeron disparos de bala de goma.

“Nosotros venimos hace varias semanas tratando de entablar canales de diálogo con la Ciudad para seguir con el feriazo. Hoy el gobierno respondió con represión y nos robó la mercadería. Le robaron el trabajo a los pequeños productores”, aseguró Nahuel Levaggi, coordinador de la UTT.

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Política Sectorial

Economías Regionales sobre el aumento del mínimo no imponible: “Es positivo pero insuficiente”

|Argentina|

El gobierno anunció en el día de ayer el aumento del mínimo no imponible (MNI) sobre las cargas patronales para pymes de Economías Regionales. A partir de esta modificación las empresas no deberán hacer aportes a quienes ganen menos de 17.500 pesos por mes; para quienes ganen más, lo harán sólo por la diferencia. Entrará en vigencia desde marzo.

Diferentes actores del sector productivo se pronunciaron sobre la medida: aunque reina una sensación de ‘alivio’, los testimonios coinciden en que este es sólo el primer paso de los muchos necesarios para que las Economías Regionales recuperen parte de la competitividad perdida en los últimos años.

Según informaron desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, la decisión de revisar la base imponible está “ligada a la exportación, uno de los motores de la economía este año”. Los números indican que en 2018 el promedio exportado fue el más alto registrado desde 2015; no obstante, muchas regiones productivas continúan atravesando una fuerte crisis como el caso de la vitivinicultura en Cuyo, los cítricos en el NEA o las peras y manzanas en el Valle.

“En principio apunta a descomprimir la presión impositiva del sector. Sin dudas es mucho mejor que la vuelta a las retenciones, que fue un retroceso. Pero creo que con esto no alcanza para atender las muchas necesidades de los productores más pequeños”, dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA).

Achetoni explicó los motivos por los cuales entiende como insuficiente la medida. “Por la escalada inflacionaria del último año, la mejora competitiva no impactó sobre los pequeños productores que no teníamos bienes de venta.  Tuvimos que asumir la nueva campaña de siembra con insumos dolarizados y con valores finales del producto depreciados”. Sin embargo, consideró era un “primer paso” para revertir “tantos años de olvido en los que estuvieron las economías regionales”.

También se expresó sobre el anuncio el sector arandanero, que en los últimos años ha entablado negociaciones vinculadas al peso de los costos patronales sobre la actividad. “Estamos muy satisfechos con el anuncio hecho por el presidente. Es un gran paso adelante y va a ayudar a reducir el costo laboral”, expresó a FM Mercado Central Alejandro Panunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA).

Por otro lado Jorge Pazos, titular de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos, puso de relieve que la medida “es un paliativo” que debería ser acompañado con la eliminación de los derechos de exportación, los cuales impactaron fuertemente en los sectores productivos durante 2018.

“Obedece a una situación que se viene plasmando desde el ámbito de todas las Economías Regionales del país, donde se padece una situación de falta de acompañamiento y donde los sectores productivos se ven en desventaja en relación al encarecimiento de los insumos dolarizados”, explicó el dirigente a InterNos.

El anuncio de Agroindustria sobre los sectores beneficiados

Para Adolfo Storni, presidente de Extraberries y Cerezas Argentinas, el anuncio “no resuelve los problemas estructurales” como los altos costos internos, la carga fiscal o la falta de acceso a los mercados. “Es positiva pero es insuficiente”, declaró en sintonía con sus colegas.

Las Economías Regionales sufrieron en los últimos dos años una serie de políticas que perjudicaron, directa o indirectamente en la rentabilidad del sector. Por eso el aumento del MNI (desde CAME estiman que reducirá los costos laborales en un 24%) fue bien visto por quienes producen.

Javier García, productor y exportador de ajos y cebollas en San Juan, comentó a InterNos: “Los que votaron a Macri y tenían una finca, un empaque o una fábrica buscaban este tipo de medidas. Creo que es la primera que suma, hasta acá veníamos empujando y preguntándonos hasta cuándo. Hoy se abrió un buen camino”.

Desde Agroindustria consideraron que la disposición tendrá un impacto fiscal de alrededor de 3.000 millones de pesos durante todo el año (dinero que el Estado dejará de recaudar) y beneficiará a más de 250 mil trabajadores.

Durante el anuncio, Macri expresó: “Es, en definitiva, un paso más para seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas”. Resulta paradójica la afirmación cuando todavía se sostienen las retenciones a la exportación primaria o la reducción de los reintegros para la misma actividad, entre otras cosas. Sin embargo, no es menor destacar que la medida fue bien vista por los dirigentes de las distintas actividades regionales, que de ahora en más esperan recibir otros “guiños” de este tipo.

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Política Sectorial

Macri anunció la reducción de cargas patronales para las Economías Regionales

|Argentina|

En una conferencia realizada esta mañana, el presidente Mauricio Macri anunció un nuevo esquema impositivo para las pequeñas y medianas empresas de las Economías Regionales.

Se trata del aumento del mínimo no imponible (MNI) sobre las cargas patronales que desde marzo tendrán un piso de 17.500 pesos. En el caso de quienes cobren más, los aportes deberán realizarse sólo por la diferencia. “Este beneficio va a mejorar la situación de 200 mil trabajadores y 19500 empresas”, estimó el máximo mandatario.

Ya inmerso en el año electoral, Macri se dirigió con énfasis a las pymes regionales, un sector que denunció en no pocas oportunidades un panorama crítico a causa de las políticas económicas del gobierno. El presidente señaló que la intención de este nuevo esquema es que las empresas puedan “enfocarse en el trabajo y desarrollarse sin tener que preocuparse por las cargas impositivas que su trabajo representa”.

“Casi la mitad de las empresas vinculadas a las economías regionales son pymes de menos de 50 trabajadores. Para crecer, hoy enfrentan obstáculos, y uno de los principales obstáculos son los impuestos al trabajo. Este es un incentivo para dar más empleo y para que más trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad laboral”, agregó.

La medida se asemeja la implementada en 2018 para la industria textil y del calzado. Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME, dijo al diario La Nación que era “una medida acertada que va a mejorar la actividad y sostener el empleo”. Aunque luego añadió: “Estamos en una instancia donde todo lo que se anuncia es insuficiente, pero valoramos este paso”.

Entre las primeras reacciones del sector frutícolas se encuentra la de Alejandro Panunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA). “Estamos muy satisfechos con el anuncio hecho por el presidente. Esta medida es un gran paso adelante y va a ayudar a reducir el costo laboral”, afirmó a la FM del Mercado Central.

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