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Política Sectorial

Se modificó la Ley Donal para combatir el desperdicio de alimentos

|Argentina|

La Cámara de Diputados de la Nación restituyó el artículo n° 9 de la Ley 25.989, más conocida como Ley Donal, por el cual se otorgará un “resguardo” a las empresas que donen alimentos con el objetivo de reducir desperdicios. Cabe destacar que en 2004 (año de su sanción) este artículo fue vetado e impidió la plena aplicación de la ley.

A partir de esta modificación, las empresas se deslindan de responsabilidades en caso de causar daños y perjuicios con los alimentos donados, siempre y cuando los mismos hayan pasado por los controles bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA) y no exista voluntad de ocultamiento sobre las condiciones del producto.

Natascha Hinsch, directora de la Red de Bancos de Alimentos (REDBdA), expresó que “la reincorporación de este artículo es fundamental para que más empresas se animen a donar, ya que además prevé incentivos fiscales para quienes lo hagan”.

Por supuesto que esta renovada Ley Donal es una gran noticia para los Bancos de Alimentos. Según estiman la FAO y la Secretaría de Agroindustria, actualmente Argentina tira a la basura 16 millones de toneladas de comida al año. Un kilo de comida por persona, cada día. Y de ese total, el mayor porcentaje está conformado por frutas y hortalizas.

Según Agroindustria, el 13% de los alimentos se desperdician sin llegar a ser comercializados, en muchas oportunidades directamente en zonas de producción. Las pérdidas continúan a lo largo de la cadena, tanto en transporte, almacenamiento y venta.

Actualmente los Bancos de Alimentos trabajan intensamente en algunos Mercados de Abasto del país, como el Mercofrut en Tucumán, el Mercado de Abasto de Córdoba, el Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe y el COMECO, en Santiago del Estero. Semana a semana, estos Mercados reciben a voluntarios que recorren las naves buscando mercadería que, por problemas de packaging, etiquetado, estacionalidad o poca demanda, no fue vendida. Posteriormente se traslada lo recolectado para seleccionar lo que está apto y repartirlo donde más se necesite.

Entre las nuevas modificaciones que sufrió la ley se destaca la creación de un “Registro de Instituciones de Bien Público Receptores de Alimentos” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Para participar en el mismo deberán inscribirse instituciones públicas o privadas que realicen los controles exigidos por el CAA y además puedan procesar la mercadería.

Fuente: El Cronista

Política Sectorial

Productor de Corrientes podría ser condenado por negligente aplicación de agroquímicos

|Corrientes|

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes hizo lugar al recurso de casación y ordenó revisar la causa del productor agrícola Ricardo Prieto, absuelto luego de ser acusado de homicidio culposo por aplicación de agroquímicos en la localidad de Lavalle.

Prieto había sido imputado en el año 2011 por la muerte de Santiago Nicolás Arévalos (5 años de edad) a causa de una supuesta conducta negligente desplegada durante la fumigación de sus plantaciones de tomates y hortalizas. Según señala el fallo original, el productor no controló en forma personal el proceso de las aplicaciones realizadas por sus operarios, ya que las mismas se realizaron “con las cortinas de los tendaleros levantadas, situación que permitió que los tóxicos que contienen los productos plaguicidas organoclorados alfa endosulfan se propagaran por la acción eólica en zonas aledañas”.

El informe judicial que relata lo transcurrido en 2011 afirma que como resultado de esa acción, los menores Celeste Abigail Estévez y Santiago Nicolas Arévalo (5 y 4 años de edad respectivamente) que se encontraban jugando en el lugar, inhalaron esas sustancias provocando en la niña lesiones de carácter gravísimas y en el niño edema agudo de pulmón producido por intoxicación, que le produjo la muerte.

En diciembre de 2016 Prieto fue absuelto de culpa y cargo por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya al otorgarle el beneficio de la duda por insuficiencia probatoria. Sin embargo, el pasado miércoles 31 de octubre la resolución del STJ hizo lugar al recurso de casación interpuesto tanto por la Fiscalía como por el querellante conjunto y ordenó reenviar la causa para que se dicte nueva sentencia.

Desde la corte provincial aseguraron que “el TOP ha efectuado un análisis parcializado de las pruebas” y que “debían tenerse en cuenta los testimonios de los familiares de la víctima y pobladores de la zona”. Además, consideraron que la absolución de Prieto no tuvo en cuenta los resultados de los estudios químicos efectuados en su propiedad, que arrojaban resultado positivo para organoclorados.

Además, sostuvieron que estaba “debidamente probado con testimonios de profesionales ingenieros y con informes técnicos que la acción emprendida en la finca -la fumigación con organoclorado- entrañaba un peligro jurídicamente relevante, perceptible de lesión típica de bienes jurídicos, por resultar generador de riesgo para la salud, integridad física y vida”.

En este sentido, la corte señaló que el productor tenía la responsabilidad de informarse sobre las pautas y normas existentes para realizar correctamente las fumigaciones, las cuales debían ser controladas desde la preparación del producto hasta la finalización de la aplicación.

Frente a este nuevo panorama, el expediente de Ricardo Prieto volverá al Tribunal de Goya, ahora con otra conformación, esperando nuevo veredicto.

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Política Sectorial

Senasa amplía exigencias del DTV en frutas

|Argentina|

A través de una resolución publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el DTV-e comenzará a regir también ahora para el traslado de las frutas hospedantes de las plagas Anastrepha fraterculus (mosca sudamericana) y Ceratitis capitata (mosca del Mediterráneo).

La reglamentación, que entrará en vigencia a partir del 22 de noviembre, se suma a la lista que integran uva, pimiento, durazno y nectarina desde principio de año; y más recientemente las hortalizas pesadas con papa, batata, ajo, cebollas y tubérculos andinos.

Además, se establece que todos los productos o subproductos que circulen al amparo del Documento de Tránsito Vegetal (DTV) serán eximidos de emitir Declaración Jurada de ingreso de productos vegetales.

Quienes no realicen el trámite correspondiente para el traslado federal de la mercadería pueden ser sancionados con el decomiso de la misma, suspensiones, clausuras temporarias o definitivas y multas monetarias de importantes sumas, según lo determinado en el capítulo V de la Ley N° 27.233.

Cabe recordar que semanas atrás la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas (Fenaomfra) solicitó a Senasa que prorrogara la implementación del DTV-e, argumentando dificultades técnicas para llevarlo adelante con normalidad. Desde el organismo sanitario respondieron que dicha prórroga se producirá “de hecho” por la demora natural que representan los cambios de este tipo.

Senasa recordó que el documento se emite en forma gratuita por autogestión a través del sistema informático Sig-DTV.

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Política Sectorial

La justicia sobreseyó a Etchevehere por el cobro del bono de la Sociedad Rural

|Argentina|

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere,  fue sobreseído de la causa en la cual era investigado por el cobro de un bono de “carácter excepcional y retributivo” por 500 mil pesos proveniente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El funcionario había sido denunciado en diciembre de 2017 por el abogado Leonardo Martínez Herrero y era investigado por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Cabe recordar que este bono llegó a manos de Etchevehere al momento de asumir su tarea como funcionario público, en un contexto de recortes para instituciones públicas como INTI, SENASA e INTA.

Diez meses después, Marcelo Martínez Di Giorgio, juez federal a cargo de la causa, consideró que “los hechos que se le han imputado no encuadran en figura legal ninguna”. El magistrado afirmó que “no hay en el pago consideración ninguna referente al cargo público que Etchevehere iba a asumir en forma inminente”. La asignación del bono había causado polémica al tratarse de una entidad privada (que Etchvehere presidió durante cinco años) transfiriendo dinero a un funcionario de la Nación. Por aquel entonces, la SRA había informado que el dinero no correspondía a una dádiva sino a una “retribución extraordinaria” por su labor en la institución.

Lo cierto es que en febrero de este año Etchevehere renunció a este beneficio y transfirió nuevamente el dinero a las arcas de la SRA. “Cumplo mi deseo de ratificar firme e incolúmne vocación con la ética, la legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta convicción”, anunció el por entonces ministro y ahora secretario de Agroindustria.

Martínez Di Giorgio determinó que “el cuadro de inocencia termina de delinearse con la devolución del monto percibido” y el posterior dictado del decreto 303/2018, en el que se excusa al funcionario de intervenir en cuestiones “relacionadas con personas humanas o jurídicas a las que hubiere estado relacionado en los últimos tres años”.

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