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Política Sectorial

A un año de los despidos, en INTI denuncian la privatización de los controles

Foto: La Ciudad Web

|Argentina|

En enero de 2018 la gestión de Javier Ibáñez en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidió despedir a 258 trabajadores argumentando un proceso de reestructuración en la planta ubicada en el predio de Villa Pueyrredón.

A un año de aquel suceso, el control y la certificación de distintas áreas de trabajo (seguridad de autopartes, elevadores, calidad del hormigón, pilas y baterías) fueron tercerizadas al sector privado.

“Un caso concreto: a nuestro país entran pilas que vienen de China para radio, relojes o para cuestiones medicinales como marcapasos. Esas pilas eran controladas antes de habilitarse su comercialización. Se chequeaba su inocuidad para la personas y para el medio ambiente. Bueno, quién realizaban ese trabajo fueron echados y no se las ha reemplazado”, cuenta a InterNos Francisco Dolman, de la junta interna de ATE-INTI.

Y agrega: “Hoy en día una empresa que trae estos productos de China lo único que hace es una declaración jurada en la Aduana donde asegura que es no contaminante y garantiza su inocuidad. Y la Aduana lo deja entrar”.

Pero, ¿cuál fue el argumento para realizar estos despidos masivos? Si bien desde INTI hablaron de reestructuración, sindicatos y dirigentes denuncian persecución política. “Pablo Cid, uno de los coordinadores de prensa en Buenos Aires, me dijo que los despedidos eran los que iban a las asambleas. No nombró la más mínima crítica para mi trabajo. Me blanqueó que era la gente activa, la gente que las autoridades consideraban molestas”, declaró Juan Nicastro, despedido de INTI Córdoba al medio La Tinta.

También Dolman se expresó en este sentido: “Las excusas eran que sobraban, que eran ineficientes, que los recursos no alcanzaban. Pero lo que sabemos es que fueron dirigidos a ese grupo de trabajadores que entendía que el INTI debía cumplir una función de asistencia técnica sobre todo a las pymes y no únicamente a las grandes empresas”.

La función de INTI, al igual que el INTA en el sector agropecuario, es generar la transferencia de conocimiento y tecnología de forma simple y gratuita para que las pymes, que hoy generan el 80% del trabajo en Argentina, puedan desarrollarse. “Hoy se están cerrando 20 pymes por día. Esperamos que el próximo gobierno que gane asuma el compromiso de una política diferente”, agregó.

En diálogo con InterNos, un trabajador explicó que otra de las acciones con las cuales se busca debilitar la labor estatal de INTI es el decreto que lo obliga a compartir tareas de control con empresas privadas. “Al no contar INTI con los recursos humanos necesarios a partir de los despidos, se genera la excusa perfecta para que las empresas terminen ocupando ese lugar, se controlan a ellas mismas”, declaró.

Luego de los despidos de enero de 2018, se sumaron 7 más en el mes de mayo. Y recientemente se denunció el caso de Alfredo Fernández, quien trabajó los últimos nueve años en el sector de Salud y Discapacidad y fue echado sin causa. “No me dieron ninguna explicación. Le pido a las autoridades que reconsideren el tema”, declaró el trabajador en un video que circuló por redes sociales en las últimas horas.

En un comunicado publicado en el mes de enero de este año, la junta interna de ATE-INTI resumió la situación del organismo luego de las desvinculaciones de 2018. “La política que se implementó luego de las desvinculaciones estuvo signada por una militarización del predio, el vaciamiento institucional, la eliminación de líneas de trabajo, el congelamiento de la carrera laboral, la reducción presupuestaria y el intento de implementar a la fuerza un proceso de reestructuración basada en la privatización de los Centros de Investigación y Desarrollo”.

Además, en los últimos días han aparecido denuncias por irregularidad en el uso de los fondos de la entidad.

Estudio Malaquita

Política Sectorial

Frutazo: Los productores salen a la calle para visibilizar una crisis

|Buenos Aires|

El día 23 de abril se realizará en CABA un nuevo “frutazo” en Plaza de Mayo, organizado por la Federación de Productores de Peras y Manzanas de Río Negro y Neuquén. Se sumarán a la manifestación los citrícolas agrupados en la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) quienes, al igual que los frutícolas del Valle, buscan visibilizar una crisis marcada por altos costos y escasa rentabilidad, tanto en el mercado interno como en la exportación.

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén estima que esta temporada se dejaron entre 150 y 200 millones de kilos de fruta en las chacras. Se calcula que un 30% de la fruta quedó en las plantas o en el suelo, con un doble problema en puerta: por un lado, la ausencia de recursos para encarar una nueva temporada; y por otro, la imposibilidad de realizar tareas culturales para el mantenimiento de las plantaciones, con su consecuente riesgo sanitario.

La realidad que denuncian hoy los chacareros es que el precio que reciben por kilo de fruta está muy por debajo de sus costos de producción. Con ese panorama, ni siquiera resulta conveniente afrontar los gastos de cosecha. Hace algunas semanas el presidente de la Federación de Peras y Manzanas, Sebastián Hernández, detallaba a InterNos que se les está ofreciendo entre 5 y 6 pesos por kilo de fruta, cuando el valor de producirla ronda los $10,40.

Además, por aquel entonces el dirigente cuestionó con énfasis las retenciones la exportación de la producción primaria y la baja de los reintegros, en una actividad de altos costos por mano de obra intensiva en sus tareas de sanidad y de cosecha. “El costo de producción por kilo de fruta está en 26 centavos de dólar. Los empaques nos están ofreciendo 15 centavos de dólar. Los 11 centavos de dólar que están faltando para cubrir los costos de producción no llegan al productor porque se van entre las retenciones y la baja de reintegros”, detalló Hernández.

Respecto a la fruta destinada a industria, el presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, Hugo Gagliano, explicó al medio Río Negro: “Fue una cosecha mala en lo económico. La fruta para industria vale un peso, se paga al cosechador entre 300 y 350 pesos por bin, y el bin entregado a industria representa 400 pesos, es decir que te quedan 50 pesos para sacar el bin de campo, los gastos de combustible, más el pago de la persona que está arriba del tractor, es decir que no vale la pena cosecharla”.

De cara a los últimos meses de su mandato, el gobierno nacional intenta enviar señales a las Economías Regionales más golpeadas, entre ellas las frutícolas. En el día de ayer anunció la reducción de las retenciones a la exportación para las pymes que realicen envíos por debajo de los 50 millones de dólares anuales. En el mismo sentido fue la reducción de las cargas patronales para pequeñas y medianas empresas. Además, en el caso de peras y manzanas recientemente se confirmó la Emergencia Económica, Social y Productiva que garantiza beneficios fiscales y facilidades para los productores que adhieran.

Sin embargo, los chacareros sienten que no alcanza. Por eso determinaron que el “Frutazo” será nuevamente una posibilidad de visibilizar sus demandas a nivel nacional. Lo mismo ocurre con los productores entrerrianos de citrus, que también serán parte de la manifestación el próximo 23 y que realizaron una marcha previa en Chajarí, antes del viaje a Buenos Aires con la fruta.

Para la citricultura las demandas son similares a la de muchas otras Economías Regionales: solicitan una ley acorde a las economías que demandan gran cantidad de mano de obra; eliminación de las retenciones, reducción de la presión impositiva, y freno al incremento de tarifas energéticas, combustibles, electricidad y gas.

Además de la manifestación en las calles donde se entregarán miles de kilos de fruta, los productores buscarán ser recibidos por el ministerio de Trabajo y Empleo que conduce actualmente Dante Sica.

Estudio Malaquita
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Política Sectorial

El gobierno reduce retenciones a pymes exportadoras

|Argentina|

El gobierno nacional presentó hace algunas horas un  paquete de “medidas económicas y sociales” destinadas a paliar una crisis marcada en los últimos meses por inflación sostenida, escaso consumo y Economías Regionales sin rentabilidad.

En el sector agropecuario los anuncios tuvieron fuerte repercusión porque se decidió modificar el esquema de retenciones que tantos dolores de cabeza trajeron sobre todo a exportadores de productos con alto valor agregado, como los frutícolas. El texto oficial anuncia que “se eliminan los derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida sólo es aplicable para exportadores de menos de u$s 50 millones de dólares por año”.

Sin embargo, la medida se torna confusa a partir de las declaraciones realizadas por el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien en conferencia de prensa señaló que “las exportaciones de las pymes que superen los valores del 2018, por el incremental no van a tener que abonar los derechos de exportación de $3 y $4 que abonan actualmente”. De esta manera, resulta difícil elucidar si la quita se aplicará sobre el total de las retenciones o sólo por el incremental de las ventas al exterior que señala la ley.

También es necesario tener en cuenta que si los cálculos para esta eliminación de impuestos se realizan a partir de lo exportado en 2019 -y en comparación a los números de una temporada atrás-, el descuento será efectivo recién para 2020, lo que significa que la medida no tendrá impacto inmediato en el sector.

Carlos Ianinzotto, titular de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), se mostró expectante respecto al anuncio. “Veremos cómo se aplica. Lo vemos como un aliciente a la situación general. Está claro que es de coyuntura, ojala se profundice la medida con un poquito más de audacia”, dijo a Revista InterNos. Por otro lado, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó que la medida “no es contundente” ya que “recién se ve una mejoría si se supera lo exportado en otros años”.

Estudio Malaquita
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Política Sectorial

La campesina cordobesa Ramona Bustamante fue distinguida por su lucha por la tierra

|Córdoba|

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entregó el premio José María Arico a Ramona Bustamante, campesina que con 93 años se convirtió en referente de la lucha por la tierra en la provincia.

La noche del 30 de diciembre del año 2003, Ramona Bustamante y su hijo Orlando fueron sorprendidos por una veintena de policías que, por orden de la Justicia y a instancia de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (por entonces dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo) desalojaron su vivienda ubicada en un campo situado en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés.

Allí, Ramona y Orlando -junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)- empezarían una resistencia que duraría más de diez años y que será reconocida por la Universidad Nacional de Córdoba como un símbolo de lucha “del movimiento campesino por la tierra y de los pueblos originarios en relación a su cultura”, según expresó Juan Pablo Abratte, decano de la Facultad que entrega la distinción.

En sus ediciones anteriores el premio fue entregado a referentes de reconocimiento nacional como Ricardo Obregón Cano, Horacio González y Horacio Verbitsky. En esta oportunidad la facultad decidió reconocer “el compromiso social y político” de una figura local “que tiene que ver diractamente con el reconocimiento a la lucha del movimiento campesino de Córdoba”, en palabras de Abratte.

“Para nosotros es muy importante como Facultad apoyar el movimiento campesino, en un contexto donde la Universidad no brinda un apoyo explícito a la lucha de este sector”, había declarado el Decano en noviembre de 2018, cuando desde el Consejo Directivo de la Facultad se acordó unánimemente la entrega del premio.

Entre los fundamentos de esta distinción, la Resolución Nº 450/2018 subraya que “en nuestra provincia, la emergencia ambiental se halla en un punto por demás crítico, al poseer una de las mayores tasas de deforestación del continente, que agudizan problemas existentes y exponen a los productores campesinos a la violencia y el despojo”.

Podés conocer más sobre la lucha de Ramona Bustamante en este documental realizado por Momarandú Arte Audiovisual en el año 2016:

Un día de lucha

El reconocimiento a Ramona Bustamante se realiza precisamente en el Día Internacional de la Lucha Campesina, donde diversas organizaciones de la agricultura familiar, indígenas, trabajadores rurales y pymes agropecuarias se movilizarán a las distintas plazas del país, como así también al Congreso de la Nación, para exigir políticas concretas frente a la realidad del sector.

Desde la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) destacan que las demandas principales son la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una ley de Emergencia de la Agricultura Familiar, el avance de la Ley de Acceso a Tierras, el acceso a créditos blandos y el freno a la modificación de la Ley de Semillas.

“Los datos preliminares del censo agropecuario del 2018 hablan de la pérdida de 100 mil unidades productivas y arrojan una mayor concentración de la tierra. Es preciso elaborar un programa agrario que busque revertir esta situación”, expresaron las organizaciones convocantes.

Estudio Malaquita
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