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Política Sectorial

El verdurazo, protagonista: un aporte para entender el conflicto

Foto: lavaca.org

|Argentina|

“Palos o lechuga”, es la consigna que la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) eligió para realizar un nuevo Verdurazo el pasado 27 de febrero, sólo una semana después del desalojo que la organización sufrió por parte de la policía de la ciudad en Plaza Congreso.

El verdurazo es una acción que la UTT realiza desde hace seis años para exigir medidas como el acceso a la tierra y la reivindicación de la agricultura familiar mediante políticas de Estado. En esta oportunidad, fue replicado en otras 14 provincias, además de Buenos Aires. Es que la organización, que cuenta con 15 mil agricultores en todo el país, decidió “capitalizar” el momento político y económico actual para amplificar aún más su grito de lucha: hay un campo que no está siendo escuchado.“Desde la UTT elegimos la berenjena, la lechuga, la comida. El Gobierno eligió la represión policial”, expresan desde su sitio oficial.

Foto: Bernardino Ávila

Por un lado, las imágenes de lo sucedido el pasado 15 de febrero (reproducidas por televisión y viralizadas en redes sociales, con “la señora de las berenjenas” como gran protagonista) pusieron en agenda el desinterés del gobierno nacional por los reclamos de la organización. Por otro, sensibilizaron a ciertos sectores de la sociedad que vieron a los pequeños agricultores con cierta condescendencia: era un ataque contra la “agricultura buena”.

Una de las grandes banderas de la UTT es la agroecología, generalmente entendida como la producción de verduras sin utilización de productos químicos para la cura de plagas o enfermedades en las plantas. Con la asistencia de la organización, muchos productores caminan hoy hacia este modelo productivo, sin dudas beneficioso por reducir el impacto ambiental y posibilitar al consumidor final el acceso a productos libres de agroquímicos.

Sin embargo, esta práctica actualmente es más un modelo a seguir que una situación concreta de los pequeños productores de nuestro país. Por ejemplo, la UTT estima que en su organización existen sólo unos 120 productores agroecológicos con unas 150 hectáreas implantadas en Buenos Aires, de un total de 6000 familias nucleadas en la organización. La realidad es que, para garantizar un piso productivo, se utilizan herbicidas y fungicidas en cultivos frutihortícolas con los cuales se alejan plagas y enfermedades de las plantas. Esto no significa necesariamente que todos los alimentos no agroecológicos (o tradicionales) que consumimos estén contaminados; organismos de control como Senasa o los diferentes ministerios provinciales trabajan por la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) mediante las cuales se busca garantizar la inocuidad de los alimentos frescos (aunque no siempre sean del todo eficientes).

Otro de los puntos que se pusieron en tela de juicio durante la última semana fueron los precios que el productor recibe por su mercadería. La UTT afirma que a través de los “feriazos” los productores pueden vender su mercadería a precio justo, sin el valor que recarga el intermediario a través de mercados mayoristas y verdulerías. Muchos consumidores ven con buenos ojos esta práctica, pero lo cierto es que la comercialización (en un sector de alta informalidad como el frutihortícola) exige mínimos controles sanitarios y fiscales para garantizar la inocuidad de la mercadería.

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Los mercados mayoristas no existen con el sólo fin de agregar intermediarios sino que son los espacios en donde concentrar la oferta (precisamente para bajar precios) y permitir el control sanitario. Es inviable (y cada vez más en vista de los recortes presupuestarios) que un organismo recorra todas las fincas del país supervisando las prácticas agrícolas que allí suceden. Además, los mercados permiten que podamos consumir tomate en Salta (por ejemplo) cuando la oferta local está agotada.

No es menos cierto que los altos costos productivos (agravados por la devaluación del peso local frente a insumos dolarizados) dificultan la rentabilidad del pequeño productor, que en algunas ocasiones ni siquiera recibe por su mercadería el precio suficiente para sostenerse en la actividad. No obstante, este problema esto podría resolverse con un Estado que regule precios mínimos para la producción, asegurando una mayor planificación de la actividad sin que la venta por fuera de los mercados aparezca como la única solución posible.

Suena redundante pero vale la pena aclararlo: ser pequeño productor no es sinónimo de producción agroecológica y vender en ferias y/o espacios públicos no garantiza per se la calidad de la mercadería, cuya sanidad no depende únicamente de la aplicación o no de agroquímicos, sino también del cuidado de la misma en las diferentes etapas de producción. De hecho, podría pasar que estos productos estén contaminados biológicamente por ejemplo, con alguna bacteria animal, como la escherichia coli o Shigella.

Una opción para visibilizar

En InterNos nos hemos hecho eco constantemente de los múltiples reclamos que la UTT presentó al gobierno nacional, cuyo caso más representativo en 2018 fue la baja del Monotributo Social Agropecuario (MSA), una medida incomprensible frente a las dificultades que atravesaron (y atraviesan) los productores por las sucesivas devaluaciones y tarifazos.

En esta oportunidad vale atender ciertas críticas que recibió la organización luego de los hechos en Plaza Congreso, a quien se acusó de tener una actitud “política” en su manifestación. ¿Acaso qué reclamo de este tipo no es político? Fuera de eso, la resistencia que genera la organización posiblemente esté relacionada a sus demandas estructurales: créditos para el acceso a la tierra, mejoras en las viviendas, políticas de igualdad de género que alcancen a la mujer rural y el regreso del MSA, entre otras.

Si analizamos lo sucedido en Argentina en lo últimos años y especialmente en este gobierno en torno a la agricultura familiar o de baja escala, ¿no es lógico pensar que un sector que está siendo avasallado, al borde de la desaparición, estalle? Si bien es difícil conceptualizar a la agricultura familiar como un todo homogéneo, lo cierto es que fue la misma ONU la que en el año 2014 asumió que: “Las granjas familiares producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo en términos de valor, y tomadas en su conjunto constituyen la mayor fuente de empleo en el mundo entero” y declaró por entonces Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) a fin de destacar el papel que desempeña la agricultura familiar en las políticas agrícolas, sociales y medioambientales en los planes nacionales.

Foto: Revista Crítica

En aquel momento, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reunidos en La Habana, manifestaron su firme compromiso de apoyar a los agricultores familiares, al igual que lo hizo la Declaración de Agricultura Familiar adoptada por el Parlamento Latinoamericano el 26 de agosto de 2014.

Claramente en nuestro país la política ha cambiado, con un Estado que casi ha desaparecido a la Secretaria de Agricultura familiar dentro de la estructura de gobierno.

Subestimar el reclamo es de necios. Sin embargo, desde Revista InterNos tenemos que decir que tampoco sirve pintarlo con romanticismos progresistas, que muchas veces están muy lejos de la realidad que sufren los productores día a día en su campo y condenan a sus protagonistas a un ostracismo inútil e injusto.



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