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Política Sectorial

El verdurazo, protagonista: un aporte para entender el conflicto

Foto: lavaca.org

|Argentina|

“Palos o lechuga”, es la consigna que la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) eligió para realizar un nuevo Verdurazo el pasado 27 de febrero, sólo una semana después del desalojo que la organización sufrió por parte de la policía de la ciudad en Plaza Congreso.

El verdurazo es una acción que la UTT realiza desde hace seis años para exigir medidas como el acceso a la tierra y la reivindicación de la agricultura familiar mediante políticas de Estado. En esta oportunidad, fue replicado en otras 14 provincias, además de Buenos Aires. Es que la organización, que cuenta con 15 mil agricultores en todo el país, decidió “capitalizar” el momento político y económico actual para amplificar aún más su grito de lucha: hay un campo que no está siendo escuchado.“Desde la UTT elegimos la berenjena, la lechuga, la comida. El Gobierno eligió la represión policial”, expresan desde su sitio oficial.

Foto: Bernardino Ávila

Por un lado, las imágenes de lo sucedido el pasado 15 de febrero (reproducidas por televisión y viralizadas en redes sociales, con “la señora de las berenjenas” como gran protagonista) pusieron en agenda el desinterés del gobierno nacional por los reclamos de la organización. Por otro, sensibilizaron a ciertos sectores de la sociedad que vieron a los pequeños agricultores con cierta condescendencia: era un ataque contra la “agricultura buena”.

Una de las grandes banderas de la UTT es la agroecología, generalmente entendida como la producción de verduras sin utilización de productos químicos para la cura de plagas o enfermedades en las plantas. Con la asistencia de la organización, muchos productores caminan hoy hacia este modelo productivo, sin dudas beneficioso por reducir el impacto ambiental y posibilitar al consumidor final el acceso a productos libres de agroquímicos.

Sin embargo, esta práctica actualmente es más un modelo a seguir que una situación concreta de los pequeños productores de nuestro país. Por ejemplo, la UTT estima que en su organización existen sólo unos 120 productores agroecológicos con unas 150 hectáreas implantadas en Buenos Aires, de un total de 6000 familias nucleadas en la organización. La realidad es que, para garantizar un piso productivo, se utilizan herbicidas y fungicidas en cultivos frutihortícolas con los cuales se alejan plagas y enfermedades de las plantas. Esto no significa necesariamente que todos los alimentos no agroecológicos (o tradicionales) que consumimos estén contaminados; organismos de control como Senasa o los diferentes ministerios provinciales trabajan por la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) mediante las cuales se busca garantizar la inocuidad de los alimentos frescos (aunque no siempre sean del todo eficientes).

Otro de los puntos que se pusieron en tela de juicio durante la última semana fueron los precios que el productor recibe por su mercadería. La UTT afirma que a través de los “feriazos” los productores pueden vender su mercadería a precio justo, sin el valor que recarga el intermediario a través de mercados mayoristas y verdulerías. Muchos consumidores ven con buenos ojos esta práctica, pero lo cierto es que la comercialización (en un sector de alta informalidad como el frutihortícola) exige mínimos controles sanitarios y fiscales para garantizar la inocuidad de la mercadería.

Los mercados mayoristas no existen con el sólo fin de agregar intermediarios sino que son los espacios en donde concentrar la oferta (precisamente para bajar precios) y permitir el control sanitario. Es inviable (y cada vez más en vista de los recortes presupuestarios) que un organismo recorra todas las fincas del país supervisando las prácticas agrícolas que allí suceden. Además, los mercados permiten que podamos consumir tomate en Salta (por ejemplo) cuando la oferta local está agotada.

No es menos cierto que los altos costos productivos (agravados por la devaluación del peso local frente a insumos dolarizados) dificultan la rentabilidad del pequeño productor, que en algunas ocasiones ni siquiera recibe por su mercadería el precio suficiente para sostenerse en la actividad. No obstante, este problema esto podría resolverse con un Estado que regule precios mínimos para la producción, asegurando una mayor planificación de la actividad sin que la venta por fuera de los mercados aparezca como la única solución posible.

Suena redundante pero vale la pena aclararlo: ser pequeño productor no es sinónimo de producción agroecológica y vender en ferias y/o espacios públicos no garantiza per se la calidad de la mercadería, cuya sanidad no depende únicamente de la aplicación o no de agroquímicos, sino también del cuidado de la misma en las diferentes etapas de producción. De hecho, podría pasar que estos productos estén contaminados biológicamente por ejemplo, con alguna bacteria animal, como la escherichia coli o Shigella.

Una opción para visibilizar

En InterNos nos hemos hecho eco constantemente de los múltiples reclamos que la UTT presentó al gobierno nacional, cuyo caso más representativo en 2018 fue la baja del Monotributo Social Agropecuario (MSA), una medida incomprensible frente a las dificultades que atravesaron (y atraviesan) los productores por las sucesivas devaluaciones y tarifazos.

En esta oportunidad vale atender ciertas críticas que recibió la organización luego de los hechos en Plaza Congreso, a quien se acusó de tener una actitud “política” en su manifestación. ¿Acaso qué reclamo de este tipo no es político? Fuera de eso, la resistencia que genera la organización posiblemente esté relacionada a sus demandas estructurales: créditos para el acceso a la tierra, mejoras en las viviendas, políticas de igualdad de género que alcancen a la mujer rural y el regreso del MSA, entre otras.

Si analizamos lo sucedido en Argentina en lo últimos años y especialmente en este gobierno en torno a la agricultura familiar o de baja escala, ¿no es lógico pensar que un sector que está siendo avasallado, al borde de la desaparición, estalle? Si bien es difícil conceptualizar a la agricultura familiar como un todo homogéneo, lo cierto es que fue la misma ONU la que en el año 2014 asumió que: “Las granjas familiares producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo en términos de valor, y tomadas en su conjunto constituyen la mayor fuente de empleo en el mundo entero” y declaró por entonces Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) a fin de destacar el papel que desempeña la agricultura familiar en las políticas agrícolas, sociales y medioambientales en los planes nacionales.

Foto: Revista Crítica

En aquel momento, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reunidos en La Habana, manifestaron su firme compromiso de apoyar a los agricultores familiares, al igual que lo hizo la Declaración de Agricultura Familiar adoptada por el Parlamento Latinoamericano el 26 de agosto de 2014.

Claramente en nuestro país la política ha cambiado, con un Estado que casi ha desaparecido a la Secretaria de Agricultura familiar dentro de la estructura de gobierno.

Subestimar el reclamo es de necios. Sin embargo, desde Revista InterNos tenemos que decir que tampoco sirve pintarlo con romanticismos progresistas, que muchas veces están muy lejos de la realidad que sufren los productores día a día en su campo y condenan a sus protagonistas a un ostracismo inútil e injusto.

Política Sectorial

UATRE anunció la actualización salarial del trabajador rural

UATRE anunció en el día de ayer un aumento del salario mínimo para los trabajadores rurales permanentes, que corresponde a una cláusula de revisión establecida en la paritaria de 2018 la cual rige desde el 1° de febrero de 2019 hasta el 31 de julio de 2019.

De esta manera, los peones generales tendrán un sueldo mínimo de 19.098 pesos y el jornal será de 840 pesos, mientras que en el caso de los Ayudantes de Especializados (peón único) será de 19.063 mientras que el jornal será de 862 pesos. En el caso de los Especializados (que trabajan en los distintos cultivos) el salario mínimo será de 19.645 y 864 pesos el jornal.

Por otro lado, los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras agrícolas tendrán un sueldo mensual quedó de 21.272 pesos (937 pesos por jornada de trabajo).

Los montos topes indemnizatorios se fijaron con una base promedio de 21.141 pesos y un tope de 63.152 pesos.

Las nuevas escalas, categoría por categoría:

Descargá acá la resolución aprobada

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Política Sectorial

Confirmado: Peras y manzanas argentinas volverán a ingresar a Brasil

|Alto Valle|

El titular de Senasa, Ricardo Negri, confirmó hace minutos en sus redes sociales la reapertura del mercado brasilero para las peras y manzanas argentinas. El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA) levantó la suspensión que había fijado el pasado 27 de febrero luego de confirmar la presencia de la plaga carpocapsa en nueve camiones con fruta procedente del Valle. El acuerdo entrará en vigencia partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial brasilero.

“Esta es una buena oportunidad para que todos los actores de la cadena sigamos generando confianza para seguir vendiendo nuestros productos al mundo”, expresó en su cuenta de Twitter el funcionario, que había llegado el miércoles al vecino país para negociar, junto a un equipo técnico, la reapertura del mercado.

“En el acuerdo, que nos permite volver al estatus anterior, fueron aceptadas las propuestas de la Argentina que consisten en agudizar para la presente campaña los monitoreos y controles en la producción de ambas frutas”, señaló Negri. Y agregó: “Vamos a necesitar de todos los actores de la cadena para seguir generando confianza en los mercados internacionales a pesar de esta crisis puntual”.

La rápida reacción de los funcionarios argentinos hizo respirar aliviados a productores y exportadores que, desde hace más de una semana, esperaban ansiosos una respuesta por parte del gobierno nacional. Desde CAFI habían señalado que las pérdidas por el cierre del mercado brasilero tendrían un impacto “irreversible” para la fruticultura de la región, solicitando incluso la intermediación urgente del presidente Mauricio Macri.

Brasil es el principal importador de peras y manzanas argentinas: realiza compras por 150 millones de dólares anuales entre ambas frutas. Sus exigencias sanitarias son importantes ya que mantiene una política de tolerancia cero a la plaga carpocapsa. Esta temporada, la fruta argentina comenzó a llegar con problemas a la frontera por lo que, sin que les temblara el pulso, las autoridades brasileras decidieron cerrar la importación, algo que encuentra un antecedente recién en el año 2005. En aquella oportunidad el conflicto se resolvió cuando Senasa presentó un Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para el control de la fruta exportada a ese país.

Días atrás, el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, habló de un “accionar irresponsable” por parte de de los productores que realizaron envíos sin verificar la sanidad de la carga (o verificando y haciendo caso omiso a los problemas de la misma). Éstos ya fueron sancionados por el organismo sanitario, según se confirmó días atrás.

Por otro lado, algunas asociaciones de productores consideran que el incremento exponencial de la plaga se debe a la ausencia de recursos económicos para realizar las tareas culturales, consecuencia de la falta de rentabilidad que acarrea la actividad en los últimos años.

Con la calma que representará esta noticia para el sector (y también para los funcionarios provinciales y nacionales) resta conocer qué explicaciones saldrán a la luz respecto al error que permitió llegar hasta la frontera a la fruta infectada, poniendo en peligro un mercado tan importante para nuestro país. Mientras tanto, el sector frutícola del valle festeja el anuncio.

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Política Sectorial

Con Negri a la cabeza, Senasa busca la reapertura del mercado brasilero para peras y manzanas

|Alto Valle|

En el día de hoy, funcionarios argentinos se reunirán con sus pares de Brasil con el fin de reabrir las fronteras para el ingreso de peras y manzanas, luego de la suspensión fijada el pasado 27 de febrero por presencia de carpocapsa en los envíos provenientes del sur de nuestro país durante los dos primeros meses del año.

Del encuentro participará el actual titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri. El organismo presentará una agenda para reforzar el Sistema de Mitigación de Riesgo y los mecanismos de control de la fruta desde el empaque hasta las fronteras.

La reunión dará continuidad a la negociación que abrió el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, mediante una videoconferencia realizada el 1 de marzo junto a la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina.

A pesar de la extrema decisión tomada días atrás, Brasil -quien posee tolerancia cero a la plaga carpocapsa- mostró “predisposición para escuchar el plan de medidas adicionales” que Senasa propondrá a fin de normalizar las condiciones sanitarias que causaron el conflicto.

Accionar irresponsable

Así consideró el hecho el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, quien sostuvo que la suspensión fue consecuencia del accionar de “siete u ocho exportadores irresponsables que por falta de controles ponen en riesgo el trabajo de todo el complejo frutícola. Ningún exportador que trabaja con Brasil puede cometer este error”.

Por su parte, Senasa sancionó a las siete empresas que presentaron mercadería infectada en sus envíos, siguiendo la línea planteada por el gobernador quien había solicitado al organismo sanitario que sea “absolutamente inflexible” con los responsables y aplique las multas correspondientes. Según publicó el diario BAE, dichas empresas “subestimaron” el mercado brasilero .

Problema estructural

Los productores de la región entienden que la presencia de la plaga no se debe a descuidos individuales sino a una problemática estructural relacionada con la baja rentabilidad del sector que impide realizar las tareas culturales necesarias para proteger al cultivo de las plagas.

Edgardo Kristensen, productor de Cipolletti y miembro del Consorcio y a la Cámara de Productores, declaró a Télam: “La producción de fruta no es como la de soja, requiere presencia y tareas personales. No es casual que establecimientos de más de 1.000 hectáreas hayan presentado problemas o desaparecido. Cuando hay una crisis como ésta se hace muy difícil sostener el control de calidad”.

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