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Política Sectorial

Fuerte rechazo a la reestructuración del INTA: “No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización”

|Argentina |

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anunció una reorganización de su estructura que afecta a las agencias de Extensión Rural y a los Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF). Funcionarios provinciales y dirigentes agrarios rechazan la medida y alertan sobre un posible “vaciamiento” de la estructura.

El Consejo Directivo de INTA anunció el pasado viernes 29 de marzo que todas las Agencias de Extensión Rural se mantendrán activas pero pasarán a funcionar en la órbita de las Estaciones Experimentales Agropecuarias, conservando todas sus funciones y competencias, según afirmaron desde la entidad.

“La propuesta es integrar 12 agencias de extensión, que están funcionando dentro de Estaciones Experimentales Agropecuarias, para lograr una interacción mayor entre la agencia y la experimental”, indicó Juan Balbín, presidente del organismo. “No se van a cerrar agencias, ni centros de investigación, ni se van a despedir empleados. Al contrario, buscamos potenciar las líneas de trabajo”, anticipó.

Por otro lado, los institutos para la agricultura familiar (IPAF) pasarán a formar parte de los Centros Regionales de su territorio como “áreas de investigación”. Esta decisión afectará a los IPAF de la región NEA (Formosa), región Cuyo (San Juan) y la región pampeana (Neuquén). “Hoy las decisiones se toman desde Buenos Aires y nosotros queremos estar mucho más cerca del productor y de los agricultores familiares, por eso empoderamos a los Centros Regionales para que sean los que definan los temas”. Sin embargo, trabajadores de INTA creen que la medida hará que estos IPAF pierdan la estructura donde cada una funcionaba de manera independiente y con presupuesto propio. Es decir, perderían autonomía de sus decisiones.

Los rechazos no tardaron en llegar. El ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, consideró “lamentable”  el cierre de la única unidad de INTA de este tipo en la provincia por “recorte de gastos”. Por otro lado, la diputada nacional Alma Sapag presentó en la Cámara de Diputados de un proyecto solicitando al ejecutivo que revea la decisión del organismo.

Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, hizo público su rechazo a la medida en el marco del Consejo Federal Agropecuario que se realizó el jueves 28 de marzo en Buenos Aires. Díaz Cano se mostró preocupado por los posibles recortes ya que en su opinión “últimamente los rumores se hacen realidad”.  “Cuando pasó lo de Agricultura Familiar, que creíamos que no iba a suceder, terminaron despidiendo a personas que trabajaban ahí y el Gobierno de San Juan se tuvo que hacer cargo de gran parte de los que fueron despedidos”, expresó el funcionario.

Dos importantes entidades agrarias también mostraron su disconformidad con la medida. Una de ellas es la Federación Agraria Argentina (FAA) que anunció  su “más enérgico rechazo a la reestructuración del INTA impuesta por el Gobierno nacional”. De la mano de su titular, Agustín Pizzichini, FAA afirmó que el gobierno nacional pretende desmantelar “cualquier instancia que implique asistencia y fortalecimiento del pequeño productor” justificando su decisión “en una planilla de Excel”.

El que se quema con leche ve una vaca y llora, dice el refrán popular. Y ésta parece ser la sensación de muchos dirigentes agropecuarios que ven, ante cualquier movimiento de los organismos nacionales, un potencial desfinanciamiento de su estructura. Revista InterNos consultó a Carlos Ianinzotto, presidente de CONINAGRO, sobre la postura de la entidad frente a este panorama.

“Estamos de acuerdo en que se no se realicen gastos innecesarios, pero nos preocupa que se utilice ese argumento para realizar una privatización del INTA. Por eso nos mantenemos en alerta y vamos a seguir de cerca lo que suceda con esta reestructuración”, dijo el funcionario. Y agregó: “Nos preocupa que esta sea una manera de quitarle protagonismo al campo. No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización”.

Quien también se expresó en este sentido fue la FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar), quien consideró que “se trata de un permanente y continuo accionar de vaciamiento y desinterés del actual Gobierno Nacional, ampliamente demostrado para con la Agricultura Familiar”. Dicha Federación asume que esta medida del INTA está relacionada decisiones como “la baja del Monotributo Social Agropecuario, la des-jerarquización de la Secretaria de la Agricultura Familiar, despidos masivos sin causa de técnicos/as de la SAF y abandono de miles de proyectos en ejecución en los territorios”.

Revista InterNos también conversó con Guillermo Cordes, investigador del INTA y Secretario de la Seccional Manfredi de APINTA (Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). “Ellos lo llaman reestructuración, pero lo que hacen es reducir las Agencias de Extensión y los IPAF que tienen contacto directo con los productores”, dijo Cordes. “Curiosamente los IPAF que se cierran son los más aislados. Estas medidas están dirigidas hacia un sector vulnerable”, agregó.

El investigador afirma que esta no es una decisión aislada, sino que forma parte de una política sistemática de la actual gestión de INTA. El organismo comenzó a trabajar este año con un presupuesto inferior a lo que le corresponde por ley (ya lo había hecho durante 2018). “Balbín asegura que el INTA está vivo. Sí, pero agonizando. Hoy se han dejado de realizar actividades, líneas de investigación, porque no hay presupuesto para llevarlas adelante”.

Cabe recordar que en los últimos dos años INTA redujo su planta en aproximadamente 750 trabajadores mediante jubilaciones o retiros voluntarios que no fueron reemplazados. “Estas políticas buscan un Estado chico porque consideran, por ejemplo, que el trabajo con los pequeños agricultores es un gasto. Pero es una inversión: significa tecnología y mejoras productivas que les mejora la vida a quienes producen”, concluyó Cordes. El investigador anunció que el próximo 8 de abril se realizará una convocatoria en Buenos Aires en la que se espera que organizaciones vinculadas al agro y trabajadores del organismo visibilicen su rechazo a las recientes modificaciones aprobadas.

Estudio Malaquita

Política Sectorial

Frutazo: Los productores salen a la calle para visibilizar una crisis

|Buenos Aires|

El día 23 de abril se realizará en CABA un nuevo “frutazo” en Plaza de Mayo, organizado por la Federación de Productores de Peras y Manzanas de Río Negro y Neuquén. Se sumarán a la manifestación los citrícolas agrupados en la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) quienes, al igual que los frutícolas del Valle, buscan visibilizar una crisis marcada por altos costos y escasa rentabilidad, tanto en el mercado interno como en la exportación.

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén estima que esta temporada se dejaron entre 150 y 200 millones de kilos de fruta en las chacras. Se calcula que un 30% de la fruta quedó en las plantas o en el suelo, con un doble problema en puerta: por un lado, la ausencia de recursos para encarar una nueva temporada; y por otro, la imposibilidad de realizar tareas culturales para el mantenimiento de las plantaciones, con su consecuente riesgo sanitario.

La realidad que denuncian hoy los chacareros es que el precio que reciben por kilo de fruta está muy por debajo de sus costos de producción. Con ese panorama, ni siquiera resulta conveniente afrontar los gastos de cosecha. Hace algunas semanas el presidente de la Federación de Peras y Manzanas, Sebastián Hernández, detallaba a InterNos que se les está ofreciendo entre 5 y 6 pesos por kilo de fruta, cuando el valor de producirla ronda los $10,40.

Además, por aquel entonces el dirigente cuestionó con énfasis las retenciones la exportación de la producción primaria y la baja de los reintegros, en una actividad de altos costos por mano de obra intensiva en sus tareas de sanidad y de cosecha. “El costo de producción por kilo de fruta está en 26 centavos de dólar. Los empaques nos están ofreciendo 15 centavos de dólar. Los 11 centavos de dólar que están faltando para cubrir los costos de producción no llegan al productor porque se van entre las retenciones y la baja de reintegros”, detalló Hernández.

Respecto a la fruta destinada a industria, el presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, Hugo Gagliano, explicó al medio Río Negro: “Fue una cosecha mala en lo económico. La fruta para industria vale un peso, se paga al cosechador entre 300 y 350 pesos por bin, y el bin entregado a industria representa 400 pesos, es decir que te quedan 50 pesos para sacar el bin de campo, los gastos de combustible, más el pago de la persona que está arriba del tractor, es decir que no vale la pena cosecharla”.

De cara a los últimos meses de su mandato, el gobierno nacional intenta enviar señales a las Economías Regionales más golpeadas, entre ellas las frutícolas. En el día de ayer anunció la reducción de las retenciones a la exportación para las pymes que realicen envíos por debajo de los 50 millones de dólares anuales. En el mismo sentido fue la reducción de las cargas patronales para pequeñas y medianas empresas. Además, en el caso de peras y manzanas recientemente se confirmó la Emergencia Económica, Social y Productiva que garantiza beneficios fiscales y facilidades para los productores que adhieran.

Sin embargo, los chacareros sienten que no alcanza. Por eso determinaron que el “Frutazo” será nuevamente una posibilidad de visibilizar sus demandas a nivel nacional. Lo mismo ocurre con los productores entrerrianos de citrus, que también serán parte de la manifestación el próximo 23 y que realizaron una marcha previa en Chajarí, antes del viaje a Buenos Aires con la fruta.

Para la citricultura las demandas son similares a la de muchas otras Economías Regionales: solicitan una ley acorde a las economías que demandan gran cantidad de mano de obra; eliminación de las retenciones, reducción de la presión impositiva, y freno al incremento de tarifas energéticas, combustibles, electricidad y gas.

Además de la manifestación en las calles donde se entregarán miles de kilos de fruta, los productores buscarán ser recibidos por el ministerio de Trabajo y Empleo que conduce actualmente Dante Sica.

Estudio Malaquita
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Política Sectorial

El gobierno reduce retenciones a pymes exportadoras

|Argentina|

El gobierno nacional presentó hace algunas horas un  paquete de “medidas económicas y sociales” destinadas a paliar una crisis marcada en los últimos meses por inflación sostenida, escaso consumo y Economías Regionales sin rentabilidad.

En el sector agropecuario los anuncios tuvieron fuerte repercusión porque se decidió modificar el esquema de retenciones que tantos dolores de cabeza trajeron sobre todo a exportadores de productos con alto valor agregado, como los frutícolas. El texto oficial anuncia que “se eliminan los derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida sólo es aplicable para exportadores de menos de u$s 50 millones de dólares por año”.

Sin embargo, la medida se torna confusa a partir de las declaraciones realizadas por el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien en conferencia de prensa señaló que “las exportaciones de las pymes que superen los valores del 2018, por el incremental no van a tener que abonar los derechos de exportación de $3 y $4 que abonan actualmente”. De esta manera, resulta difícil elucidar si la quita se aplicará sobre el total de las retenciones o sólo por el incremental de las ventas al exterior que señala la ley.

También es necesario tener en cuenta que si los cálculos para esta eliminación de impuestos se realizan a partir de lo exportado en 2019 -y en comparación a los números de una temporada atrás-, el descuento será efectivo recién para 2020, lo que significa que la medida no tendrá impacto inmediato en el sector.

Carlos Ianinzotto, titular de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), se mostró expectante respecto al anuncio. “Veremos cómo se aplica. Lo vemos como un aliciente a la situación general. Está claro que es de coyuntura, ojala se profundice la medida con un poquito más de audacia”, dijo a Revista InterNos. Por otro lado, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó que la medida “no es contundente” ya que “recién se ve una mejoría si se supera lo exportado en otros años”.

Estudio Malaquita
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Política Sectorial

La campesina cordobesa Ramona Bustamante fue distinguida por su lucha por la tierra

|Córdoba|

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entregó el premio José María Arico a Ramona Bustamante, campesina que con 93 años se convirtió en referente de la lucha por la tierra en la provincia.

La noche del 30 de diciembre del año 2003, Ramona Bustamante y su hijo Orlando fueron sorprendidos por una veintena de policías que, por orden de la Justicia y a instancia de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (por entonces dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo) desalojaron su vivienda ubicada en un campo situado en el paraje Las Maravillas, a 20 kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés.

Allí, Ramona y Orlando -junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)- empezarían una resistencia que duraría más de diez años y que será reconocida por la Universidad Nacional de Córdoba como un símbolo de lucha “del movimiento campesino por la tierra y de los pueblos originarios en relación a su cultura”, según expresó Juan Pablo Abratte, decano de la Facultad que entrega la distinción.

En sus ediciones anteriores el premio fue entregado a referentes de reconocimiento nacional como Ricardo Obregón Cano, Horacio González y Horacio Verbitsky. En esta oportunidad la facultad decidió reconocer “el compromiso social y político” de una figura local “que tiene que ver diractamente con el reconocimiento a la lucha del movimiento campesino de Córdoba”, en palabras de Abratte.

“Para nosotros es muy importante como Facultad apoyar el movimiento campesino, en un contexto donde la Universidad no brinda un apoyo explícito a la lucha de este sector”, había declarado el Decano en noviembre de 2018, cuando desde el Consejo Directivo de la Facultad se acordó unánimemente la entrega del premio.

Entre los fundamentos de esta distinción, la Resolución Nº 450/2018 subraya que “en nuestra provincia, la emergencia ambiental se halla en un punto por demás crítico, al poseer una de las mayores tasas de deforestación del continente, que agudizan problemas existentes y exponen a los productores campesinos a la violencia y el despojo”.

Podés conocer más sobre la lucha de Ramona Bustamante en este documental realizado por Momarandú Arte Audiovisual en el año 2016:

Un día de lucha

El reconocimiento a Ramona Bustamante se realiza precisamente en el Día Internacional de la Lucha Campesina, donde diversas organizaciones de la agricultura familiar, indígenas, trabajadores rurales y pymes agropecuarias se movilizarán a las distintas plazas del país, como así también al Congreso de la Nación, para exigir políticas concretas frente a la realidad del sector.

Desde la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) destacan que las demandas principales son la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una ley de Emergencia de la Agricultura Familiar, el avance de la Ley de Acceso a Tierras, el acceso a créditos blandos y el freno a la modificación de la Ley de Semillas.

“Los datos preliminares del censo agropecuario del 2018 hablan de la pérdida de 100 mil unidades productivas y arrojan una mayor concentración de la tierra. Es preciso elaborar un programa agrario que busque revertir esta situación”, expresaron las organizaciones convocantes.

Estudio Malaquita
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