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Política Sectorial

Fuerte rechazo a la reestructuración del INTA: “No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización»

|Argentina |

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anunció una reorganización de su estructura que afecta a las agencias de Extensión Rural y a los Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF). Funcionarios provinciales y dirigentes agrarios rechazan la medida y alertan sobre un posible “vaciamiento” de la estructura.

El Consejo Directivo de INTA anunció el pasado viernes 29 de marzo que todas las Agencias de Extensión Rural se mantendrán activas pero pasarán a funcionar en la órbita de las Estaciones Experimentales Agropecuarias, conservando todas sus funciones y competencias, según afirmaron desde la entidad.

«La propuesta es integrar 12 agencias de extensión, que están funcionando dentro de Estaciones Experimentales Agropecuarias, para lograr una interacción mayor entre la agencia y la experimental», indicó Juan Balbín, presidente del organismo. «No se van a cerrar agencias, ni centros de investigación, ni se van a despedir empleados. Al contrario, buscamos potenciar las líneas de trabajo», anticipó.

Por otro lado, los institutos para la agricultura familiar (IPAF) pasarán a formar parte de los Centros Regionales de su territorio como “áreas de investigación”. Esta decisión afectará a los IPAF de la región NEA (Formosa), región Cuyo (San Juan) y la región pampeana (Neuquén). «Hoy las decisiones se toman desde Buenos Aires y nosotros queremos estar mucho más cerca del productor y de los agricultores familiares, por eso empoderamos a los Centros Regionales para que sean los que definan los temas». Sin embargo, trabajadores de INTA creen que la medida hará que estos IPAF pierdan la estructura donde cada una funcionaba de manera independiente y con presupuesto propio. Es decir, perderían autonomía de sus decisiones.

Los rechazos no tardaron en llegar. El ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, consideró “lamentable”  el cierre de la única unidad de INTA de este tipo en la provincia por “recorte de gastos”. Por otro lado, la diputada nacional Alma Sapag presentó en la Cámara de Diputados de un proyecto solicitando al ejecutivo que revea la decisión del organismo.

Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, hizo público su rechazo a la medida en el marco del Consejo Federal Agropecuario que se realizó el jueves 28 de marzo en Buenos Aires. Díaz Cano se mostró preocupado por los posibles recortes ya que en su opinión “últimamente los rumores se hacen realidad”.  “Cuando pasó lo de Agricultura Familiar, que creíamos que no iba a suceder, terminaron despidiendo a personas que trabajaban ahí y el Gobierno de San Juan se tuvo que hacer cargo de gran parte de los que fueron despedidos”, expresó el funcionario.

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Dos importantes entidades agrarias también mostraron su disconformidad con la medida. Una de ellas es la Federación Agraria Argentina (FAA) que anunció  su “más enérgico rechazo a la reestructuración del INTA impuesta por el Gobierno nacional”. De la mano de su titular, Agustín Pizzichini, FAA afirmó que el gobierno nacional pretende desmantelar “cualquier instancia que implique asistencia y fortalecimiento del pequeño productor” justificando su decisión “en una planilla de Excel”.

El que se quema con leche ve una vaca y llora, dice el refrán popular. Y ésta parece ser la sensación de muchos dirigentes agropecuarios que ven, ante cualquier movimiento de los organismos nacionales, un potencial desfinanciamiento de su estructura. Revista InterNos consultó a Carlos Ianinzotto, presidente de CONINAGRO, sobre la postura de la entidad frente a este panorama.

“Estamos de acuerdo en que se no se realicen gastos innecesarios, pero nos preocupa que se utilice ese argumento para realizar una privatización del INTA. Por eso nos mantenemos en alerta y vamos a seguir de cerca lo que suceda con esta reestructuración”, dijo el funcionario. Y agregó: “Nos preocupa que esta sea una manera de quitarle protagonismo al campo. No queremos que sea parte de un nuevo achique o privatización”.

Quien también se expresó en este sentido fue la FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar), quien consideró que «se trata de un permanente y continuo accionar de vaciamiento y desinterés del actual Gobierno Nacional, ampliamente demostrado para con la Agricultura Familiar». Dicha Federación asume que esta medida del INTA está relacionada decisiones como «la baja del Monotributo Social Agropecuario, la des-jerarquización de la Secretaria de la Agricultura Familiar, despidos masivos sin causa de técnicos/as de la SAF y abandono de miles de proyectos en ejecución en los territorios».

Revista InterNos también conversó con Guillermo Cordes, investigador del INTA y Secretario de la Seccional Manfredi de APINTA (Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). “Ellos lo llaman reestructuración, pero lo que hacen es reducir las Agencias de Extensión y los IPAF que tienen contacto directo con los productores”, dijo Cordes. “Curiosamente los IPAF que se cierran son los más aislados. Estas medidas están dirigidas hacia un sector vulnerable”, agregó.

El investigador afirma que esta no es una decisión aislada, sino que forma parte de una política sistemática de la actual gestión de INTA. El organismo comenzó a trabajar este año con un presupuesto inferior a lo que le corresponde por ley (ya lo había hecho durante 2018). “Balbín asegura que el INTA está vivo. Sí, pero agonizando. Hoy se han dejado de realizar actividades, líneas de investigación, porque no hay presupuesto para llevarlas adelante”.

Cabe recordar que en los últimos dos años INTA redujo su planta en aproximadamente 750 trabajadores mediante jubilaciones o retiros voluntarios que no fueron reemplazados. “Estas políticas buscan un Estado chico porque consideran, por ejemplo, que el trabajo con los pequeños agricultores es un gasto. Pero es una inversión: significa tecnología y mejoras productivas que les mejora la vida a quienes producen”, concluyó Cordes. El investigador anunció que el próximo 8 de abril se realizará una convocatoria en Buenos Aires en la que se espera que organizaciones vinculadas al agro y trabajadores del organismo visibilicen su rechazo a las recientes modificaciones aprobadas.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

Nació «Frutas de Argentina» y se reunió con Sica para revisar el estado de la fruticultura

|Argentina|

El ministro de Producción de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibió el pasado jueves al comité de Frutas de Argentina, una asociación debutante conformada por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), el Comité Argentino de Arándanos (ABC), la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS) y la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI). Durante el encuentro dicha asociación planteó las principales dificultades que atraviesa actualmente el sector productivo y solicitó políticas públicas para recuperar la competitividad perdida en los últimos diez años.

“Sica se mostró dispuesto a escuchar los puntos más importantes, los que más preocupan a la fruticultura hoy en día”, contó a Revista InterNos José Carbonell, titular de Federcitrus, al ser consultado sobre el resultado de las conversaciones. Principalmente, el sector reclamó por la eliminación total de los derechos de exportación para la actividad frutícola. Los dirigentes saben que esto difícilmente se concrete, pero lo colocan como una prioridad a la hora de discutir cambios en el sector.

Recientemente el gobierno nacional modificó el esquema de retenciones y decretó la reducción de dicho impuesto de 4 a 3 pesos. “Se redujo en un 25% los derechos de exportación, lo cual es bueno. Pero nosotros necesitamos que se eliminen completamente porque es un impuesto que nos afecta directamente”, dijo a InterNos Agustín Argibay, titular de CAFI. El dirigente espera que, una vez estabilizada la situación macroeconómica del país, este impuesto deje de pesar sobre el sector. “El ministro dijo que el presidente es el principal interesado en reducirlos, que van a hacerlo cuando puedan porque consideran que es un impuesto distorsivo”, agregó.

Estudio Malaquita

Otra de las medidas requeridas en la reunión fue la inclusión en el Mínimo No imponible (MNI) de las empresas prestadoras de servicios temporarios (destinados a las tareas de cosecha o empaque, por ejemplo) que no están dentro del Decreto firmado por el gobierno nacional en el pasado mes de febrero. Según cuentan ambos dirigentes, Sica se comprometió a revisar este punto.

«Necesitamos que las retenciones se eliminen completamente porque son un impuesto que nos afecta directamente», Agustín Argibay

Por último, las entidades solicitaron restablecer en el corto plazo los reintegros de exportación a sus valores originales, ya que los mismos permiten compensar los impuestos que paga la actividad por los envíos al exterior. Cabe recordar que en agosto del 2018 el gobierno tomó la decisión de reducir en un 66% el monto total pagado anualmente a las empresas en concepto de reintegros a la exportación. Así, productos como las peras y manzanas pasaron a percibir del 8,5% al 4,75% del total exportado, mientras que por caso las ciruelas vieron reducidos sus reintegros del 6% al 3,25%, sólo por poner algunos ejemplos. En total, esa «achique» representó un 50% para las frutas frescas y un 57% a las frutas y hortalizas industrializadas. En aquel momento, el propio Sica había advertido que gracias a la devaluación del dólar dicha medida no impactaría en la competitividad. Un año después, la actividad frutícola sostiene el reclamo que ya por aquellos días había calificado como “incomprensible”.

Diagnóstico

Datos provistos por el Comité afirman que Argentina perdió entre 2008 y 2017 unas 750.000 toneladas de mercadería enviada al exterior, lo que representa una caída del 50% en el volumen total exportado. En este sentido, el diagnóstico que realizan señala que esta pérdida de mercados se produce por dos factores principales: el primero, lo “caro” que resulta nuestro país para producir. El segundo, las considerables retenciones que deben abonar las empresas cada vez que quieren colocar su mercadería en el exterior.

Desde Frutas de Argentina señalan que además de los derechos a la exportación, un dólar “estancado” y una inflación sostenida impactan en los costos laborales, energéticos, de logística y distribución. Pero además indican que la falta de acuerdos de libre comercio coloca fuera de juego a nuestro país y lo comparan con el estímulo que significó para países como Chile o Sudáfrica tener arancel cero para exportar.

Ingresar de manera “agresiva” en el mercado internacional, junto con políticas agropecuarias concretas para favorecer la actividad, es lo que el sector reclama desde hace algún tiempo para volver a tener el peso en los mercados que supo tener tiempo atrás. En ese sentido, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ilusiona a los representantes de las distintas entidades, aunque saben que la puesta en marcha del mismo puede demorarse largos meses e incluso años.

A mediano plazo

Además de estas medidas urgentes, el comité de Frutas de Argentina solicitó a mediano plazo la creación de una Ley de Economías Regionales específica para la actividad que se diferencie de las producciones extensivas. Dicha normativa debería incorporar una reforma impositiva y laboral, acuerdos de Libre Comercio, inversión para mejorar la logística interna y financiamiento a largo plazo con tasas blandas para la tecnificación del sector.

“La fruticultura es una actividad dinámica. El mundo pide cambios en las variedades y nosotros no podemos quedarnos atrás. Pero para realizar una reconversión se necesitan créditos para la inversión y eso hoy está muy difícil”, dijo al respecto José Carbonell.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

Así fue recibida la baja de retenciones en el sector frutícola

|Argentina|

El gobierno decretó la reducción de los derechos de exportación de 4 a 3 pesos para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales con el aliviar la carga tributaria que pesa sobre sobre las actividades productivas de trabajo intensivo como por ejemplo la fruticultura.

La decisión fue respaldada de empresarios y dirigentes del sector, que en no pocas oportunidades habían sugerido revisar el esquema fiscal por encontrarlo “asfixiante” para el normal desarrollo de la actividad. Aunque se espera la eliminación total de las retenciones, en algunos casos se considera que es un primer paso para la reactivación productiva.

En la región del Valle, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) emitió un comunicado en el que manifestó su satisfacción por la modificación de este impuesto. “Si bien es cierto que la medida de fondo esperada es la eliminación de los derechos de exportación, también somos conscientes del difícil panorama fiscal que enfrenta la macroeconomía, por lo que la medida es bienvenida y valorada”, afirmaron.

En este sentido, cabe recordar que por ahora las retenciones -colocadas en septiembre de 2018- se extenderán hasta el mes de diciembre de 2020, como determinara originalmente el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne.

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Desde el Valle también se manifestó la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI) que a través de su representante, Alejandro Zimmermann, afirmó que aunque la medida no resuelve la problemática compleja del sector frutícola es “un paso favorable y genera un impacto positivo” en la actividad.

También el sector citrícola ve con buenos ojos el acuerdo ya que finalmente se reducirán los derechos de exportación para los productos frescos, que tendrán la misma alícuota que los productos industrializados como jugos y aceites especiales, los cuales tributan 3 pesos por dólar exportado desde la implementación de las retenciones.

Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) consideró que la reducción es “un empujoncito para todas las pequeñas y medianas empresas que componen la actividad” aunque, en sintonía con alguno de sus colegas, espera que en 2020 “las retenciones sean historia” y la actividad citrícola, acompañada de buenas condiciones climáticas, pueda mejorar sus números. En el mismo sentido se manifestó la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) para quien la medida «es un paso en la dirección correcta en pos de la recuperación del sector».

Quien se mostró prudente a la hora de celebrar la noticia fue Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia (Apama), quien consideró la medida como un “paliativo”. “En principio no está mal, ayuda. Es una medida que veníamos pidiendo”, declaró. Aunque luego agregó que la medida tiene un “vicio de origen conceptual” y que las mismas no deberían existir para la actividad productiva ya que dificultan la competencia en los mercados internacionales. Recordemos que el sector arandanero envía al exterior la mayor parte de lo que produce.

En líneas generales, la noticia fue recibida con optimismo por dirigentes frutícolas, aunque la mayoría coincide en calificar a las retenciones como un impuesto distorsivo que debe eliminarse en su totalidad. Junto con la baja del Mínimo No Imponible, esta medida aparece como un guiño del gobierno nacional a las economías regionales que sin duda fueron muy perjudicadas desde los costos productivos y la carga fiscal en los últimos años. En un semestre electoral, la gestión de Cambiemos comienza a revisar sus políticas para el sector productivo. Veremos si le alcanza para volver a enamorar a una actividad que no pudo dar el salto de calidad esperado y, en muchos casos, se vio afectado por las medidas llevadas a cabo desde diciembre de 2015.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

El gobierno baja las retenciones a la exportación de economías regionales

|Argentina|

Con la publicación del decreto 464/2019 en el Boletín Oficial, el gobierno redujo de 4 a 3 pesos los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales. La medida entrará en vigencia desde el 11 de julio de 2019 y buscará aliviar la carga tributaria que pesa sobre sobre actividades productivas de mano de obra intensiva como la frutihorticultura. Se pusieron en consideración además los aspectos climáticos y sanitarios que recientemente afectaron a producciones como peras y manzanas (conflicto con Brasil) o el HLB en los cítricos.

“Son productos que cuentan con una alta demanda internacional y con una tendencia creciente, sobre todo, en el caso de las frutas frescas, las hortalizas, los frutos secos o la miel que se vinculan con los cambios de hábito de consumo en la población”, dice el comunicado emitido en la web oficial de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.

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La medida sin dudas representará un alivio para producciones como la fruta de pepita del Alto Valle, los cítricos y arándanos del litoral, las cerezas y los frutos secos del sur o la industria vitivinícola cordillerana, entre otras actividades. También para las hortalizas como el ajo, la cebolla o la zanahoria que en su mayoría están representadas por pequeñas y medianas empresas de producciones intensivas con alto impacto en la generación de empleo.

La modificación del esquema de retenciones era un reclamo en que coincidían dirigentes, empresarios y productores del sector productivo, más allá de los lineamientos políticos o partidarios particulares. Con esta decisión el gobierno alivia la carga tributaria a los exportadores que tienen una parte considerable de sus costos en el acondicionamiento y envasado de los productos.

Según la información oficial los productos alcanzados serían papas, tomates, cebollas, ajos, zanahorias, mandioca, nueces, pistacho y almendra; bananas, dátiles, higos, limones, naranjas, mandarinas, uvas, pasas, peras, manzanas, cerezas, duraznos y ciruelas (entre otras frutas frescas y congeladas).

Vale recordar que las retenciones para los productos agroindustriales de exportación primaria fueron impuestas en septiembre de 2018 y vencerán en diciembre de 2020.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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