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Comercialización

Acuerdo UE – Mercosur: ¿cómo reaccionó el sector productivo?

|Argentina|

Luego de 20 años de negociaciones, el pasado viernes la Unión Europea y el Mercosur alcanzaron un acuerdo comercial que funcionarios, dirigentes y medios nacionales calificaron como “histórico”. Se trata del levantamiento y flexibilización de las barreras arancelarias para exportar e importar productos entre ambos continentes, pero contempla también la eliminación de barreras no arancelarias y facilidades de exportación, como pueden ser los protocolos fitosanitarios.

En los últimos días trascendió que dicho acuerdo beneficiaría preferentemente al sector agropecuario argentino. Por eso, mientras la industria prende las alarmas algunas entidades rurales celebran. Según datos oficiales, la UE liberalizará el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur: eliminará el 81,7% de la totalidad de los aranceles, mientras que para el 17,7% restante ofrecerá “cuotas o preferencias fijas”. Pero el acuerdo eliminará también aranceles en las exportaciones del sector industrial de la UE hacia el Mercosur, que ya no sufrirá el elevado costo impositivo de la región que representan actualmente el 35% para los automóviles, 14-20% para maquinaria, 35% para ropa y calzado o el 14% para productos farmacéuticos. Algunas pymes ya denunciaron que la puesta en marcha del convenio significará “el certificado de defunción” en la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

La noticia también tuvo repercusiones en las entidades productoras de alimentos de la Unión Europea. A modo de ejemplo cabe citar el caso de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias (organizaciones de productores de España) quienes ya emitieron un comunicado al presidente Pedro Sánchez para advertirle que el convenio comercial es «desequilibrado» por no tener en cuenta «ciertas producciones agrarias, especialmente algunas mediterráneas».

La letra chica permitirá dilucidar si habrá o no grandes ganadores o perdedores en los próximos años. Lo cierto es que a Mauricio Macri le tocó encabezar la firma de un acuerdo que representa un importante impulso político para su gobierno. No obstante, por ahora no tendrá impacto directo en la economía. El acuerdo, que ya generó rechazos en Europa (Francia sugirió que podría desestimarlo) deberá entrar primero en una etapa de revisión legal y luego pasar por los cuatro países del Mercosur para ser aprobado (considerando, en el caso argentino, que la decisión quedará en manos del legislativo que surja en las elecciones de octubre, con la posibilidad de un viraje político). El tratado también deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo, por lo que el proceso demoraría al menos 2 años, según las primeras estimaciones.

¿Qué reacción tuvieron los actores del sector agropecuario al respecto? Algunos de mesura. Otros de entusiasmo inmediato. Por ejemplo, el presidente de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones, Carlos Satur, dijo que este convenio logrará igualdad de condiciones con otros mercados exportadores y devolverá competitividad a la actividad citrícola de la provincia. En Entre Ríos la Federación del Citrus (FECIER) afirmó, a través de su presidente Ariel Panozzo Galmarello, que ve con buenos ojos el acuerdo porque significa «un paso importante para la producción» pero agregó que «siempre hay que mirar la letra chica». Piden ser cautos para no generar falsas expectativas.

En el caso de las peras y las manzanas del Valle se produjeron sensaciones encontradas. Por una lado, el sector empresario ve con buenos ojos el acuerdo. En un comunicado oficial, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) aseguró que “representa una noticia muy positiva para la exportación de manzanas y peras de la región» ya que la existencia de aranceles debilita competitivamente a la fruta argentina frente a los países que tienen Tratados de Libre Comercio o tratamientos preferenciales. También Alberto Diomedi, titular ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, se mostró a favor y remarcó que “mejora el acceso de nuestros productos al mercado a través del establecimiento de plazos y procedimientos, evitando medidas injustificadas y arbitrarias”.

Mientras tanto, en los chacareros la noticia no cayó tan bien. Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, consideró el acuerdo “un tema electoral para demostrar que estamos abiertos al mundo”. Y si bien reconoció un beneficio directo en la eliminación de aranceles, negó que beneficie a la fruticultura del Valle por la situación actual que atraviesa. Además, Horacio Pierdominicci, titular de la Cámara de productores de Cipolletti, también rechazó la medida y mostró el mismo temor que los agricultores españoles, pero de este lado de la vereda: «nos van a inundar de manazas y peras de Europa», afirmó.

Estudio Malaquita

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), Alejandro Pannunzio, consideró que el acuerdo era algo esperado “desde hace mucho tiempo” por los productores de fruta y, aunque la novedad parece ser positiva, actualmente el sector arandanero tiene encima otras dificultades impositivas más urgentes que resolver, como son las retenciones. “Si el gobierno nacional piensa que es importante este tratado, no podemos pedirle a otros países que nos bajen los aranceles mientras tenemos un valor de retenciones que hoy representa un 10%”. No obstante, en un comunicado oficial APAMA respaldó el acuerdo: «La posibilidad de que el arancel se reduzca en algunos casos y que baje a cero en otros es una gran noticia para un sector que viene invirtiendo y apostando al desarrollo, compitiendo en la exportación con otros países como Perú a veces en condiciones desiguales», analizaron.

También Carlos Ianninzotto, titular de CONINAGRO, puso un freno al entusiasmo generalizado: “Me parece que aún falta mucho por discutir como para decir que el sector agropecuario es el gran ganador en desmedro de automóviles o textiles, como se está diciendo. La UE liberalizará las importaciones agrícolas pero hay que ver en qué forma se distribuirán las cuotas intra-Mercosur. Además podemos temer una invasión de vinos europeos o un perjuicio para algunas industrias como la del olivo, así que lo central ahora pasa por las negociaciones sector por sector”, analizó.

«No podemos pedirle a otros países que nos bajen los aranceles mientras tenemos un valor de retenciones que hoy representa un 10%”, Alejandro Pannunzio

En el sector vitivinícola, Carlos Fiochetta, gerente de COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) mostró cautela al afirmar que, si bien el sector siembre ha instado al gobierno nacional a la realización de acuerdos internacionales, “es importante establecer plazos y gradualidad, de manera de compensar las asimetrías que existen entre la vitivinicultura del Mercosur y la de la Unión Europea”. Y agregó que “la firma de un acuerdo entre estos dos bloques que incluya a los productos vitivinícolas requiere de un análisis pormenorizado”.

El correr de los meses brindará mayor información para entender qué impacto tendrá en la economía argentina dicho acuerdo comercial entre ambos bloques. En principio, la exportación de productos primarios se verá beneficiada, por lo que el sector agropecuario se muestra esperanzado. Aunque claro, esto podría suceder en detrimento de la industria nacional, por lo que crece el temor por un potencial ingreso masivo de productos europeos a nuestro país.

El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, respondió a las primeras críticas al acuerdo que llegaron en este sentido. “Son de un pensamiento medio acomplejado, de los que opinan a través del televisor y no tienen contacto con las fuerzas productivas”. Por otro lado, la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, aseguró que “no es una apertura indiscriminada. El Mercosur tendrá preferencias para el 100% de las exportaciones, mientras que la UE tendrá un acceso preferencial sobre el 90% del comercio actual”.

Por estas horas continúan las especulaciones respecto a la prosperidad que tendrá el acuerdo ante las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó no estar en condiciones de ratificarlo, lo que podría trabar o demorar considerablemente su implementación.

Lista de productos con arancel cero

A continuación, la nómina de los productos del Mercosur cuyo arancel estará en 0%, en caso que el acuerdo entre en vigencia:

– Harina de soja y poroto de soja
– Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz)
– Despojos comestibles de especie bovina, porcina, ovina
– Algunos productos de la pesca, como merluza.
– Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)
– Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas
– Legumbres
– Frutos secos, pasas de uvas
– Uvas de mesa
– Maní
– Infusiones (café, mate y té)
– Especias
– Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)
– Productos de la pesca: Merluza, Vieiras y Calamares

Productos que entran en canasta de desgravación, en canasta de 4 a 10 años:

– Productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado
– Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios
– Frutas Cítricas (Limones, naranjas y mandarinas)
– Frutas Finas (arándanos, frutillas)
– Harina de maíz
– Almidón
– Arroz partido
– Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)
– Biodiesel
– Preparaciones alimenticias y pastas
– Golosinas
– Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas
– Hortalizas en conserva
– Helados
– Alimento para mascotas
– Manteca y demás preparaciones de maní

Cuotas:

– Vinos: hasta 5 litros, desgravación linear en 8 años, líneas arancelarias 22042100; 22042911. Vinos Espumantes: precio de entrada 8 dolares x litro x 12 años, y liberalización a partir del año 12.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro

Comercialización

Productores, empresas y un debate que se reabre: ¿cómo resolver las tensiones comerciales?

|Río Negro|

La comercializadora Standard Fruit fue condenada en primera instancia a pagar 291.049 dólares a una firma productora por haberle liquidado la fruta con valores por debajo de los mínimos establecidos durante cuatro temporadas. Esta situación reabrió un debate en la zona productiva del valle: ¿cómo se establecen los precios de referencia de la fruta? ¿cómo se resuelve la tensión siempre latente entre chacareros y empresas en este tipo de acuerdos?

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Carlos Banacloy, explicó a InterNos que los valores mínimos a pagar por kilo se definen en la Mesa de Contractualización (creada por la Ley Provincial de Contractualización Frutícola) donde participan legisladores, técnicos del INTA y funcionarios de Fruticultura.

En esa instancia tanto INTA como la Secretaría calculan los costos productivos, considerando además los incrementos por inflación y paritarias. Se constituye así un precio estimativo medio, que no necesariamente es representativo de toda la región, ya que la inversión tecnológica o la reconversión realizada en cada finca tendrá como consecuencia montes frutales más eficientes que otros.

Tanto chacareros como empresas deben suscribir a dicho precio de referencia al inicio de la temporada. Según menciona Banacloy, el nivel de adhesión este año fue alto: unos 280 acuerdos se hicieron a través de contratos formalizados y casi 500 a través de declaraciones juradas. El problema es que las declaraciones juradas, si bien están permitidas por la Ley de la Contractualización, no son estrictamente un contrato formal, por lo que se vuelven insuficientes para resolver conflictos cuando aparecen discrepancias entre ambos sectores. “Esa declaración jurada termina siendo una alternativa inicial para negociar dentro de la secretaría de Fruticultura, pero no tiene la validez real de un contrato”, dice el funcionario.

Estudio Malaquita

Los productores afirman que este tipo de acuerdos previos deben servir para que las liquidaciones cubran como mínimo los costos de producción y la inversión necesaria para realizar tareas culturales y sanitarias la temporada siguiente. Además, insisten en un tratamiento más transparente de la fruta para conocer cuánto se destina a descarte y cuánto finalmente es comercializado.

«Hay que trabajar en una cadena integrada, transparente y transversal”

Por su parte, muchas empresas empacadoras y comercializadoras son reticentes a firmar anticipadamente este tipo de contratos sin conocer los comportamientos de los mercados de destino y, por lo tanto, la rentabilidad de la temporada. Además, en no pocas oportunidades argumentan que reciben fruta por debajo de la calidad o el calibre requerido por los mercados, y este desfasaje genera grandes porcentajes de descarte en la liquidación final que recibe el productor.

Para Banacloy la única solución posible es una “integración transversal” entre ambos sectores, donde el productor “sepa para qué mercado está produciendo”, se sienta “contenido”  y conozca con precisión cuáles son las tareas de campo a realizar según la demanda. Además, plantea que las empresas deben “sincerar la realidad y mostrar los resultados positivos y negativos que tienen” para que la relación con los chacareros tenga reglas claras. “Es decir que cuando haya pérdidas haya pérdidas, pero cuando haya ganancias se vean reflejadas en toda la cadena”, explica.

Transparentar los negocios

Ponerse de acuerdo. Esa parece ser la mayor dificultad que tiene el valle frutícola para salir adelante. En los últimos años, el crecimiento de las empresas integradas –es decir, que producen, empacan y comercializan- redujo la demanda de fruta hacia los pequeños y medianos chacareros.  Estos últimos, además, perdieron la capacidad de negociación frente a los actores más concentrados. Como consecuencia, su escaso o nulo nivel de inversión profundiza la crisis, cuya cara más concreta fue el cierre del mercado brasilero por problemas sanitarios en el mes de febrero.

En este sentido, Banacloy considera que el Estado provincial puede jugar un rol importante no sólo para destrabar los conflictos, sino para dar una vuelta de página y comenzar a construir una estructura de trabajo “integrada, transparente y transversal” que sea capaz de generar beneficios reales para ambas partes de la cadena. Por eso piensa en una necesaria actualización la Ley Provincial de Transparencia que considere estos aspectos.

¿Sentará el caso de Standard Fruit un precedente? Vale recordar que la denuncia fue realizada en el 2009 y recién esta semana (diez años después) se conoció la sentencia en primera instancia, que posiblemente sea apelada. “Los tiempos fenológicos y biológicos de las plantas hacen que el productor no pueda depender de la justicia para resolver su problema, entonces termina aceptando la liquidación porque necesita los recursos para seguir produciendo”, dice Banacloy.

«Hay que trabajar en herramientas que transparenten la comercialización, pero con incentivos. Que los productores se sientan contenidos por la empresa a la que entregan la fruta. Y que esa empresa tenga un beneficio real por haber contemplado la rentabilidad del productor en su liquidación”. Y concluye: «Incluso sería importante incorporar al gobierno de la nación para que pueda colaborar con este esquema de incentivos».

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Comercialización

Fallo histórico en el Valle: una empresa fue condenada por liquidar mal la fruta

|Río Negro|

El pasado viernes 6 de septiembre se produjo en Roca un fallo histórico en la cadena frutícola del Valle. La empresa Standard Fruit Argentina S.A fue condenada a pagar 291.049 dólares a una firma productora por haberle liquidado la fruta con valores por debajo a los mínimos impuestos por la Ley Provincial 3993 de Contractualización Frutícola. El fallo, realizado en primera instancia por la jueza civil María del Carmen Villalba, puede ser apelado por la empacadora y comercializadora.

Emeja S.A es la firma que denunció haber recibido durante cuatro cosechas –del año 2009 al 2012- un valor inferior al que le correspondía por la calidad y cantidad de fruta entregada, que alcanzó la suma de 3,5 millones de kilos.

En su demanda, la firma productora señaló que “cumplió con todas las obligaciones a su cargo, pero cuando se efectuaron las liquidaciones advirtió que las sumas arrojaban un valor por kilo sensiblemente inferior al precio mínimo promedio establecido”. Resguardándose en la ley, el productor alegó que el precio fijado por la compradora era «injusto y un abuso de su posición dominante en el mercado”.

En su defensa la Standard Fruit indicó que a la hora de acordar el valor de las frutas ambas partes tomaron un precio referencial; sin embargo, según la jueza dicho precio estaba sujeto a la sola voluntad del comprador, en perjuicio del productor.

Una pericia contable determinó que por los totales de venta de “fruta embalada” y “fruta de descarte” del período 2009 a 2012 (según el precio mínimo establecido cada temporada) a la empresa le faltó abonar un total de U$S 119.238 por la fruta comercializada, mientras que por la fruta de descarte el monto ascendía a U$S 171.811, totalizando U$S 291.049, que es el capital de la condena civil.

La Ley Provincial 3611 (de Transparencia Frutícola) estableció en 2002 un “régimen para la vinculación entre la producción, empaque, industria y comercialización de frutas” con el objetivo de “acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente”.  Por su parte, la Ley 3993 de Contractualización Frutícola creó en 2005 la “Mesa de Contractualización Frutícola”, que define anualmente los costos y precios para la producción, conservación, acondicionamiento e industrialización y fija el precio mínimo de referencia de la fruta.

En su descargo, Standard Fruit S.A alegó la falta de constitucionalidad de las leyes arriba citadas, aunque la jueza civil no dio lugar al argumento de la empresa, que quiso desentenderse de la validez de dichos regímenes para desconocer el reclamo. Por el contrario, Villalba subrayó: “No se advierte la inconstitucionalidad que menciona la demandada, pues bien, como una entidad dedicada a la comercialización y exportación de frutas debe cumplir con las pautas fijadas por el Estado para el control de dicha comercialización”.

Estudio Malaquita

Leyes como éstas buscan igualar las condiciones de negociación entre los productores y las empresas comercializadoras, donde los productores en muchas oportunidades deben ceder ante la falta de estructura para retener la fruta y negociarla en mejores condiciones en otra instancia. También la necesidad imperiosa de obtener ingresos para continuar con las tareas a campo y permanecer en la actividad colocan al chacarero en un lugar complejo.

En tensión permanente

La liquidación de la fruta es una problemática histórica para los productores de peras y manzanas. En nuestra reciente visita por el Valle conversamos con Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, quien afirmaba que la falta de transparencia es una práctica habitual en este tipo de transacciones, lo que conlleva a tensiones permanentes. “Tenemos un costo interno muy alto pero no quieren hablar del precio de la fruta. Te dicen: ‘no, eso es libre mercado’. Se abusan totalmente del sistema comercial”, explicó.

Sebastián Hernández conversó con InterNos en su chacra de Allen

Para Hernández existe un “abuso comercial” tanto en los valores que las empresas pagan por la fruta como también en los plazos en que ésta se liquida. “Cosechamos, se llevan la fruta y la liquidación viene en diciembre. Recién en ese momento sabemos cuánto vamos a cobrar. Pero desde mayo tenemos que realizar la inversión para tener una producción de calidad y esa plata no está”, describía el dirigente a InterNos. Demás está decir que en un contexto inflacionario como el argentino, los productores reciben ese dinero porcentualmente devaluado.

También aseguró que las empresas imponen sus condiciones de negociación frente a la dependencia de los productores; muchos no se animan  a exigir mejores condiciones por temor a romper la relación comercial e incluso a ser señalados como “problemáticos”.

En aquel viaje también conversamos con Héctor Basualdo, presidente de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA), quien señalaba que uno de los grandes inconvenientes en este vínculo es la imposibilidad de conocer a ciencia cierta cuánta de la fruta entregada fue comercializada y cuánta se descartó. “Hoy algunos productores entregan la fruta a los galpones de empresas y no tienen contratos, no saben qué es lo que le van a pagar. No es lo mismo que tengas realmente un 10% de descarte en el galpón a que te paguen el costo de producción pero con un 30% de descarte”, comentaba Basualdo, quien además desde hace algunos años integra la Cooperativa La Flor, donde el trabajo de la fruta es, según sus palabras, “más transparente”.

Héctor Basualdo destaca el trabajo de las cooperativas: «El trabajo de la fruta es más transparente»

“En las cooperativas el día que están trabajando mi fruta puedo ir a ver qué se embaló y qué se descartó. Eso en las empresas no pasa, un productor independiente no tiene acceso a esa información”, explicó a nuestro medio.

Además, para Basualdo los plazos de liquidación en las cooperativas es otro de los aspectos a destacar de este sistema organizativo. “Mientras que las empresas realizan la liquidación entre dos y tres meses después de entregada la cosecha, en las cooperativas el pago se efectúa una vez vendida la fruta. Esto permite que los productores tengan un flujo de dinero durante los meses que se realizan las tareas de poda, fertilización y raleo de las plantas”, comentó.

Con información de: Diario Río Negro

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Comercialización

Frutas de Argentina: un comité que busca aunar esfuerzos por la rentabilidad exportadora

|Argentina|

Frutas de Argentina es un comité conformado por las cuatro instituciones de fuerte perfil exportador que concentran más del 90% de los envíos de frutas frescas en nuestro país. Formalmente nació en julio de 2019, aunque comenzó a constituirse a fines de 2018 cuando representantes de FEDERCITRUS (cítricos), CAFI (peras y manzanas), ABC (arándanos) y CAPCI (cerezas) emitieron un comunicado categórico al gobierno nacional para dar cuenta de la situación del sector: “Estamos atravesando una crisis terminal y necesitamos medidas urgentes”, afirmaron por aquel entonces las entidades que comenzaban a encontrar una agenda común de trabajo.

Pese a las particularidades de cada actividad (tiempos de siembra y cosecha, niveles de tecnificación, mercados, acuerdos comerciales) la principal dificultad de las Economías Regionales es la misma: falta de rentabilidad. Los datos son contundentes. En los últimos diez años se perdieron 750.000 toneladas de frutas exportadas, lo que representa un 50% del total. Los factores de esta realidad son múltiples y se replican tanto en la fruta de pepita del Valle como en el citrus y los arándanos del NEA o las cerezas del sur.

“Hay más cosas que nos unen que las que nos separan”, dice a Revista InterNos José Carbonell, titular de la Federacion Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), refiriéndose a temas como las retenciones, la quinta de reintegros, los altos costos internos, la elevada presión fiscal o la falta de acceso a créditos para reinvertir en las fincas.

Las retenciones, que tanto dolor de cabeza trajeron a las producciones primarias, fueron finalmente modificadas de 4 a 3 pesos por dólar exportado luego de numerosos reclamos de los dirigentes del sector. Oportunamente las entidades frutícolas se lo plantearon al ministro de Producción Dante Sica, quien consideró que éstas eran “un impuesto ante la emergencia” que atravesaba el país. Semanas después, efectivamente se produciría dicha reducción.

Estudio Malaquita

Otra de las modificaciones recientes fue la extensión del plazo para abonar las retenciones a 90 días, que anteriormente era sólo de 15 días. El exportador en muchos casos tenía que financiarlas con créditos, ya que los ingresos por la fruta se dan por lo menos 45 días después de haber sido exportada.

“El mayor valor de la fruta se lo da el empaque. Existe un desorden conceptual con las retenciones a la fruta”, dice Carbonell, que a pesar de mostrarse conforme por avanzar en las negociaciones con el Estado nacional, considera que este impuesto no debería existir para la actividad. “En un mundo donde el sector internacional está incentivado, Argentina penaliza a los que exportan. Somos un país que necesita dramáticamente divisas, la actividad exportadora tiene que ser estimulada, no penada”, expresó.

«La actividad exportadora tiene que ser estimulada, no penada”

El comité de Frutas de Argentina reunido con Dante Sica en Buenos Aires

Carbonell también se refirió a la falta de líneas de créditos específicas para reconversión. “Es heroico producir y exportar sin crédito. Acá no existen financiaciones a cinco años si uno quiere hacer una plantación o incorporar riego”,  explicó el dirigente.

En un mercado internacional cada vez más complejo, Argentina compite con países que aplican políticas impositivas para alentar la reinversión y que poseen menores costos operativos a la hora de producir. Como ejemplo vale citar el caso del arándano peruano, que en los últimos años ha incrementado considerablemente sus volúmenes: en 2018 produjo 93.205 toneladas, un 78% más que en 2017, con 52.301 tonaledas. A esto hay que sumarle el acceso directo a un mercado como China, que tracciona un gran porcentaje de la demanda. En ese contexto, es lógico que los arandanedos argentinos -que trabajan en una actividad principalmente exportadora- vean con preocupación el “estancamiento” de los números locales, no tanto por los niveles de producción sino más bien por su participación en el mercado internacional.

“Es heroico producir y exportar sin crédito»

También conversamos con Aníbal Caminiti, titular de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI), para quien otra deuda respecto al comercio internacional son los altos aranceles que paga nuestro país para ingresar a los mercados. Particularmente sobre la actividad de la cereza, Caminiti explicó: “Actualmente pagamos un arancel del 10%, mientras que Chile tiene arancel cero. A India abonamos un 30%, a Tailandia un 40%. Son desventajas muy grandes respecto a otros competidores que tienen incluso tratados de libre comercio en el mercado internacional”.

Para Caminiti, además de reclamar en conjunto, el comité de Frutas de Argentinas ha resultado útil para promocionar los productos frutícolas en ferias del exterior. “Antes lo hacíamos de forma aislada. Ahora venimos trabajando en definir una marca país”

Un contexto de incertidumbre

Al ser consultados sobre el panorama político de los próximos años, ambos dirigentes eligieron responder a título personal. Y ambos, también, coincidieron en una sensación de “incertidumbre” de cara a octubre. “No hay señales claras que me permitan opinar. Los planteos que le hicimos a este gobierno se lo vamos a hacer al otro”, expresó Carbonell.

“Estamos cerrando la gestión de Cambiemos donde las primeras consignas era bajar retenciones y abrir mercados. Mucho se ha hecho, no digo que no. Pero el año pasado cambiaron las reglas del juego. Aparecieron un montón de condimentos que sacaron del juego a muchos productores de las Economías Regionales”, comentó por su parte Caminiti.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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