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Política Sectorial

Así fue recibida la baja de retenciones en el sector frutícola

|Argentina|

El gobierno decretó la reducción de los derechos de exportación de 4 a 3 pesos para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales con el aliviar la carga tributaria que pesa sobre sobre las actividades productivas de trabajo intensivo como por ejemplo la fruticultura.

La decisión fue respaldada de empresarios y dirigentes del sector, que en no pocas oportunidades habían sugerido revisar el esquema fiscal por encontrarlo “asfixiante” para el normal desarrollo de la actividad. Aunque se espera la eliminación total de las retenciones, en algunos casos se considera que es un primer paso para la reactivación productiva.

En la región del Valle, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) emitió un comunicado en el que manifestó su satisfacción por la modificación de este impuesto. “Si bien es cierto que la medida de fondo esperada es la eliminación de los derechos de exportación, también somos conscientes del difícil panorama fiscal que enfrenta la macroeconomía, por lo que la medida es bienvenida y valorada”, afirmaron.

En este sentido, cabe recordar que por ahora las retenciones -colocadas en septiembre de 2018- se extenderán hasta el mes de diciembre de 2020, como determinara originalmente el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne.

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Desde el Valle también se manifestó la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI) que a través de su representante, Alejandro Zimmermann, afirmó que aunque la medida no resuelve la problemática compleja del sector frutícola es “un paso favorable y genera un impacto positivo” en la actividad.

También el sector citrícola ve con buenos ojos el acuerdo ya que finalmente se reducirán los derechos de exportación para los productos frescos, que tendrán la misma alícuota que los productos industrializados como jugos y aceites especiales, los cuales tributan 3 pesos por dólar exportado desde la implementación de las retenciones.

Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) consideró que la reducción es “un empujoncito para todas las pequeñas y medianas empresas que componen la actividad” aunque, en sintonía con alguno de sus colegas, espera que en 2020 “las retenciones sean historia” y la actividad citrícola, acompañada de buenas condiciones climáticas, pueda mejorar sus números. En el mismo sentido se manifestó la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) para quien la medida «es un paso en la dirección correcta en pos de la recuperación del sector».

Quien se mostró prudente a la hora de celebrar la noticia fue Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia (Apama), quien consideró la medida como un “paliativo”. “En principio no está mal, ayuda. Es una medida que veníamos pidiendo”, declaró. Aunque luego agregó que la medida tiene un “vicio de origen conceptual” y que las mismas no deberían existir para la actividad productiva ya que dificultan la competencia en los mercados internacionales. Recordemos que el sector arandanero envía al exterior la mayor parte de lo que produce.

En líneas generales, la noticia fue recibida con optimismo por dirigentes frutícolas, aunque la mayoría coincide en calificar a las retenciones como un impuesto distorsivo que debe eliminarse en su totalidad. Junto con la baja del Mínimo No Imponible, esta medida aparece como un guiño del gobierno nacional a las economías regionales que sin duda fueron muy perjudicadas desde los costos productivos y la carga fiscal en los últimos años. En un semestre electoral, la gestión de Cambiemos comienza a revisar sus políticas para el sector productivo. Veremos si le alcanza para volver a enamorar a una actividad que no pudo dar el salto de calidad esperado y, en muchos casos, se vio afectado por las medidas llevadas a cabo desde diciembre de 2015.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro

Comercialización

Fallo histórico en el Valle: una empresa fue condenada por liquidar mal la fruta

|Río Negro|

El pasado viernes 6 de septiembre se produjo en Roca un fallo histórico en la cadena frutícola del Valle. La empresa Standard Fruit Argentina S.A fue condenada a pagar 291.049 dólares a una firma productora por haberle liquidado la fruta con valores por debajo a los mínimos impuestos por la Ley Provincial 3993 de Contractualización Frutícola. El fallo, realizado en primera instancia por la jueza civil María del Carmen Villalba, puede ser apelado por la empacadora y comercializadora.

Emeja S.A es la firma que denunció haber recibido durante cuatro cosechas –del año 2009 al 2012- un valor inferior al que le correspondía por la calidad y cantidad de fruta entregada, que alcanzó la suma de 3,5 millones de kilos.

En su demanda, la firma productora señaló que “cumplió con todas las obligaciones a su cargo, pero cuando se efectuaron las liquidaciones advirtió que las sumas arrojaban un valor por kilo sensiblemente inferior al precio mínimo promedio establecido”. Resguardándose en la ley, el productor alegó que el precio fijado por la compradora era «injusto y un abuso de su posición dominante en el mercado”.

En su defensa la Standard Fruit indicó que a la hora de acordar el valor de las frutas ambas partes tomaron un precio referencial; sin embargo, según la jueza dicho precio estaba sujeto a la sola voluntad del comprador, en perjuicio del productor.

Una pericia contable determinó que por los totales de venta de “fruta embalada” y “fruta de descarte” del período 2009 a 2012 (según el precio mínimo establecido cada temporada) a la empresa le faltó abonar un total de U$S 119.238 por la fruta comercializada, mientras que por la fruta de descarte el monto ascendía a U$S 171.811, totalizando U$S 291.049, que es el capital de la condena civil.

La Ley Provincial 3611 (de Transparencia Frutícola) estableció en 2002 un “régimen para la vinculación entre la producción, empaque, industria y comercialización de frutas” con el objetivo de “acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente”.  Por su parte, la Ley 3993 de Contractualización Frutícola creó en 2005 la “Mesa de Contractualización Frutícola”, que define anualmente los costos y precios para la producción, conservación, acondicionamiento e industrialización y fija el precio mínimo de referencia de la fruta.

En su descargo, Standard Fruit S.A alegó la falta de constitucionalidad de las leyes arriba citadas, aunque la jueza civil no dio lugar al argumento de la empresa, que quiso desentenderse de la validez de dichos regímenes para desconocer el reclamo. Por el contrario, Villalba subrayó: “No se advierte la inconstitucionalidad que menciona la demandada, pues bien, como una entidad dedicada a la comercialización y exportación de frutas debe cumplir con las pautas fijadas por el Estado para el control de dicha comercialización”.

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Leyes como éstas buscan igualar las condiciones de negociación entre los productores y las empresas comercializadoras, donde los productores en muchas oportunidades deben ceder ante la falta de estructura para retener la fruta y negociarla en mejores condiciones en otra instancia. También la necesidad imperiosa de obtener ingresos para continuar con las tareas a campo y permanecer en la actividad colocan al chacarero en un lugar complejo.

En tensión permanente

La liquidación de la fruta es una problemática histórica para los productores de peras y manzanas. En nuestra reciente visita por el Valle conversamos con Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, quien afirmaba que la falta de transparencia es una práctica habitual en este tipo de transacciones, lo que conlleva a tensiones permanentes. “Tenemos un costo interno muy alto pero no quieren hablar del precio de la fruta. Te dicen: ‘no, eso es libre mercado’. Se abusan totalmente del sistema comercial”, explicó.

Sebastián Hernández conversó con InterNos en su chacra de Allen

Para Hernández existe un “abuso comercial” tanto en los valores que las empresas pagan por la fruta como también en los plazos en que ésta se liquida. “Cosechamos, se llevan la fruta y la liquidación viene en diciembre. Recién en ese momento sabemos cuánto vamos a cobrar. Pero desde mayo tenemos que realizar la inversión para tener una producción de calidad y esa plata no está”, describía el dirigente a InterNos. Demás está decir que en un contexto inflacionario como el argentino, los productores reciben ese dinero porcentualmente devaluado.

También aseguró que las empresas imponen sus condiciones de negociación frente a la dependencia de los productores; muchos no se animan  a exigir mejores condiciones por temor a romper la relación comercial e incluso a ser señalados como “problemáticos”.

En aquel viaje también conversamos con Héctor Basualdo, presidente de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA), quien señalaba que uno de los grandes inconvenientes en este vínculo es la imposibilidad de conocer a ciencia cierta cuánta de la fruta entregada fue comercializada y cuánta se descartó. “Hoy algunos productores entregan la fruta a los galpones de empresas y no tienen contratos, no saben qué es lo que le van a pagar. No es lo mismo que tengas realmente un 10% de descarte en el galpón a que te paguen el costo de producción pero con un 30% de descarte”, comentaba Basualdo, quien además desde hace algunos años integra la Cooperativa La Flor, donde el trabajo de la fruta es, según sus palabras, “más transparente”.

Héctor Basualdo destaca el trabajo de las cooperativas: «El trabajo de la fruta es más transparente»

“En las cooperativas el día que están trabajando mi fruta puedo ir a ver qué se embaló y qué se descartó. Eso en las empresas no pasa, un productor independiente no tiene acceso a esa información”, explicó a nuestro medio.

Además, para Basualdo los plazos de liquidación en las cooperativas es otro de los aspectos a destacar de este sistema organizativo. “Mientras que las empresas realizan la liquidación entre dos y tres meses después de entregada la cosecha, en las cooperativas el pago se efectúa una vez vendida la fruta. Esto permite que los productores tengan un flujo de dinero durante los meses que se realizan las tareas de poda, fertilización y raleo de las plantas”, comentó.

Con información de: Diario Río Negro

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

Argentina podrá enviar cerezas y uvas a Tailandia, pero con un arancel muy alto

|Argentina|

Luego de dos años de negociaciones Argentina podrá enviar uvas y cerezas a Tailandia, según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El departamento de Agricultura de Tailandia (DOA) publicó en el Boletín Oficial de su país que están dadas las condiciones fitosanitarias para la importación de estas frutas.

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En 2017 funcionarios tailandeses visitaron nuestro país para auditar el sistema de control de exportación junto a Senasa. La delegación recorrió zonas de producción para verificar la implementación del Programa de Erradicación y Control de la Mosca de los Frutos (Procem) y los procedimientos de certificación de ambas producciones. También visitaron establecimientos productivos, barreras sanitarias, plantas de empaque y frigoríficos en Río Negro, Mendoza y San Juan.

Si bien la apertura de nuevos mercados siempre es celebrada por los exportadores, lo cierto es que enviar mercadería a Tailandia seguirá siendo por el momento una actividad virtualmente imposible. O por lo menos muy dificultosa. Es que a pesar de estar dadas las condiciones fitosanitarias, los aranceles actuales están en un 40%, según explicó a InterNos el titular de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI), Aníbal Caminiti.

Lee también: Frutas de Argentina: aumentar la rentabilidad exportadora

Este impuesto no sólo coloca en desventaja a nuestro país frente a otros competidores del hemisferio sur, sino que además se suma a una ya compleja estructura fiscal que implica retenciones y reducción de los reintegros por exportación. Una situación similar ocurre con los aranceles a China o a India. Por poner un ejemplo, para ingresar al mercado chino hoy los arándanos pagan un impuesto del 15%, que si bien es menor al caso tailandés, es alto en comparación al arancel cero de otros casos como Perú o Chile.

Caminiti señaló al medio Portal Frutícola que Tailandia viene creciendo en la demanda de las cerezas argentinas y es exigente en calidad de fruta. “Desde argentina tenemos cierta expectativa con el desarrollo de este mercado”, dijo, y añadió que seguirán trabajando en la reducción del impuesto para poder ser competitivos en él. “Son mercados como Malasia, como Singapur, en los cuales nos está yendo muy bien con las cerezas argentinas, están siendo muy reconocidas, así que tenemos buenas expectativas desde ese punto de vista”, concluyó.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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Política Sectorial

En Mar del Plata, productores hortícolas dicen que recibieron un subsidio “devaluado”

|Buenos Aires|

Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredón (Afhoya), mostró su malestar por la forma y el retraso con que la Municipalidad de Carlos Arroyo dispuso de un subsidio de Nación destinado al sector productivo que había sido asignado en 2018.

El dinero estaba destinado a reparar daños en cultivos hortícolas luego de un temporal ocurrido en el año 2016. En octubre de 2017, Agroindustria acordó con el municipio de Mar del Plata la asignación de 8 millones de pesos para que los productores locales recompusieran su situación. Una parte del presupuesto estaba dirigida en efectivo hacia los productores, mientras que el resto subsidiaría la compra de herramientas destinadas a utilizarse de manera cooperativa.

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Finalmente, el municipio de Arroyo realizó la entrega del dinero, pero un año después de lo debido. Velimirovich indica que el dinero procedente desde Nación fue depositado en octubre de 2018, y debía ser transferido inmediatamente a los productores que oportunamente gestionaron su certificado oficial de Emergencia Productiva. En conversación con el medio 0223, el dirigente consideró que “si hubieran entregado el dinero en tiempo y forma, las personas destinatarias lo cobraban antes de la devaluación. No entendemos la demora”.

Por otro lado, el municipio realizó la compra de maquinaria agrícola y la presentó hace algunos días. Arroyo la adquisición fue “inédita” y la atribuyó a la tramitación de los recursos que el municipio realizó frente al Estado nacional. Sin embargo, en este punto Velimirovich también marca distancia y asegura que el convenio firmado entre el municipio local y Agroindustria señalaba que “debía haber más máquinas” que las finalmente obtenidas.

El dirigente insinuó además que el que vencimiento del subsidio (debe ser asignado a los cobradores en el período de un año o reintegrado en su totalidad) puede haber sido motivo de que los fondos finalmente se ejecuten.

Arroyo, con la mirada puesta más en su proyecto de huertas dentro de la ciudad que en el cinturón verde marplatense, señaló que la maquinaria cero kilómetro daría «un impulso a las huertas comunitarias». El funcionario ya había mostrado sus intenciones de profundizar el por ahora trunco experimento productivo en zonas urbanas, que sigue sin mostrar signos de prosperidad.

Emelka. Manzanas y Peras de Río Negro
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