Unánime rechazo del sector agrario a la explotación minera de gran escala en Mendoza

|Mendoza|

La modificación express de la ley 7722 que habilita el uso de sustancias químicas (prohibidas desde 2007 para la actividad minera) encendió el reclamo de gran parte del agro mendocino y la sociedad en general. El parlamento habilitó (con 36 votos afirmativos, 11 en contra y 1 abstención) la utilización de productos como cianuro y ácido sulfúrico y “destrabó” la explotación en gran escala.

La organización popular no tardó en llegar a las calles. El pueblo mendocino, quien ya conoce de estas luchas, se expresó a través de múltiples movilizaciones desde que se dio a conocer el anuncio. Organizaciones del agro se sumaron al rechazo de la medida.

“El desarrollo productivo sostenible de Mendoza es la agricultura y la misma es limitada por el uso del agua. Hoy, los legisladores que votaron el cambio serán recordados por la historia como los grandes culpables de cada derrame de sustancias toxicas que se produzca sobre nuestras aguas, atentando contra la vida de miles de mendocinos”, anunció en un determinante comunicado la Federación Agraria Argentina (FAA).

Marcha en #Mendoza para evitar la reforma de la Ley 7722. #La7722NoSeToca pic.twitter.com/PcL7wtPuZt

— CRA (@CRAprensa) December 23, 2019

Esta decisión preocupa por demás  al sector agrario, principalmente porque los recursos hídricos en la provincia escasean desde hace algunos años. Según el Departamento General de Irrigación, para la temporada 2019-2020 se espera 11 % menos agua que en la temporada anterior, cuando los caudales ya son muy inferiores al promedio histórico. Ya los primeros días de diciembre el Departamento General de Irrigación (DGI) y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) firmaron un convenio para que productores de uvas de Mendoza tengan asesoramiento gratuito para optimizar el uso del recurso hídrico.

La Asociación de Viñateros mostró su sorpresa ante el carácter express de uno de los primeros anuncio del gobernador radical, Rodolfo Suárez. “Mendoza desde ya hace ocho años se encuentra inmerso en una crisis hídrica que ha llevado a declarar en forma reiterada el estado de emergencia provincial”, contextualizaron. “Exhortamos a dar marcha atrás con el proyecto de ley presentado, evitando abordar una reforma de esta envergadura hasta no dar respuestas a las problemáticas hídricas que hoy tienen todos los ciudadanos de nuestra provincia”, agregaron en un informe exhaustivo donde reivindican el lugar de la agricultura en la economía mendocina.

Por su parte, la Confederación Rural Argentina (CRA) también transmitió su disconformidad  respecto a la modificación de la ley y convocó a las movilizaciones de los últimos días. “En Valle de Uco los productores luchan por un recurso fundamental para el trabajo en el campo pero también para la producción sostenible y la competitividad. Estamos con ellos”, escribió en Twitter el presidente de la entidad, Jorge Chemes. Datos provistos por el diario local Los Andes afirman que la agricultura recibe 81% del agua disponible en la provincia, con una eficiencia de entre 45% y 50%.

También desde el ámbito de la ciencia llegaron los repudios a la modificación de ley. Trabajadores que integran el Instituto Ianigla-Conicet emitieron un comunicado donde criticaron el “apuro” en el que se tomó esta decisión. “Consideramos indispensable tener un debate profundo de la estrategia de desarrollo que queremos para nuestra provincia, incluyendo las distintas actividades que estamos en condiciones de llevar adelante”, expresan en uno de los pasajes de un extenso documento.

Gases lacrimógenos y balas de goma de la policía de la provincia de Mendoza para reprimir una multitudinaria marcha pacífica con niños y niñas.#La7722NoSeToca pic.twitter.com/b6QGk7OS5l

— Enrique Viale (@EnriqueViale) December 23, 2019

La “defensa” o argumentación del gobierno provincial llegó con números, en un comunicado oficial emitido en el día de hoy: asegura que la reactivación minera aportará recursos por 349.234 millones de dólares de manera directa e indirecta y generará 17.550 puestos de trabajo. Por ahora, la tensión continúa y las manifestaciones en las calles parecen prolongarse para rechazar y exigir la vuelta atrás de esta modificación de ley. En las últimas horas, una masiva movilización que protestaba en las calles de la capital provincial, con destinado de Casa de Gobierno, fue reprimida con gases lacrimógenos y gas pimienta.