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Política Sectorial

Conflicto interno en INTA Pergamino por las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos

|Buenos Aires|

En los últimos días Pergamino vivió una situación cuanto menos particular. Es que, según la normativa que rige desde septiembre de 2019, la localidad no permite realizar aplicaciones con fitosanitarios a distancias menores a mil metros del ejido urbano. Esta ordenanza aplica también para la Estación Experimental de INTA Pergamino, que realiza trabajos de investigación en la zona con estos productos y solicitó rever la medida.

La institución solicitó al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, un permiso especial para quedar exenta de la prohibición. Es que dentro de los límites señalados el INTA Pergamino dispone de unas 631 de sus 744 hectáreas totales. Según afirmaron desde la entidad, los límites impuestos representan un marcado impacto en las tareas de estudio, con pérdidas económicas y con “consecuencias en la implementación de pautas de manejo sustentable en la región”.

Sabrina Ortiz, abogada de la organización Naturaleza de Derechos -quien fuera la que iniciara el proceso judicial que terminó en las distancias mínimas de aplicación- mostró disconformidad frente a la postura de INTA Pergamino. “Su solicitud va en contra de las constancias científicas y periciales de la causa, son datos contundentes que fueron avalados por la Cámara Federal de Rosario, los 1095 metros es solo un comienzo para paliar los daños que están causando a la salud de la gente”, expresó.

El conflicto también creció a nivel interno. Trabajadores del INTA nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INTA) le enviaron un escrito al juez considerando que la institución “no debe quedar exenta de la normativa dictada, y menos aún bajo los argumentos de la sustentabilidad económica y la dificultad para investigar”.

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Por otro lado, el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, se puso en contacto con la presidenta de INTA, Susana Mirassou, para transmitirle que “la menor utilización posible de insumos químicos sintéticos es una clara demanda social”.

La tensión llegó a su punto máximo cuando, antes de que el magistrado de San Nicolás se expidiera al respecto, el director nacional del INTA, Carlos Parera, hiciera uso de su jerarquía y requiriera a la justicia desestimar el pedido.

“Este desistimiento se formula para evitar interpretaciones equívocas o que puedan dar lugar a valoraciones diversas sobre el fundamento que motivó la solicitud de autorización para continuar con tales actividades de investigación, que no es otro que el de generar conocimientos que permitan desarrollar modelos productivos ambientalmente sustentables”, argumentó Parera.

Por su parte, entidades de productores y profesionales del agro argumentaron sobre la medida: "Se corre el riesgo de perder información única que será imposible de recuperar si no se revierte de inmediato la medida precautoria. Tampoco se pueden realizar los estudios sobre el movimiento de los agroquímicos en el suelo, los que suministran la información indispensable para establecer con bases científicas, el impacto de su utilización en el ambiente".

“De los experimentos de INTA en manejo de suelos, rotaciones de cultivos, control integrado de malezas y plagas, surgieron los principios de la agricultura conservacionista moderna adaptada a esta región, entre los cuales se destaca la siembra directa”, subrayaron en un comunicado oficial.

Parece que el conflicto tendrá nuevos capítulos en las próximas semanas y, sin duda, sentará un precedente a nivel nacional. Las posturas encontradas dejan entrever las tensiones entre la voluntad política de la actual gestión a nivel nacional de avanzar hacia modelos productivos que prescindan de agroquímicos, frente a la tradición productora que entiende a la tecnificación como un elemento central para reducir el impacto de la actividad agrícola en el ambiente.

Fuente: Con información de Agrolink



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