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Política Sectorial

Los tres proyectos claves que se discutirán hoy en Diputados

|Argentina|

En el día de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación discutirá tres proyectos de ley que tendrán impacto directo en el sector productivo, económico y ambiental de nuestro país. El impuesto a las grandes fortunas, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley Yolanda serán las normativas debatidas en una sesión que se prevé que alcance las 10 horas.

Sobre el  temario que se discutirá hoy, ya se manifestaron una gran cantidad de organizaciones, empresas y entidades. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos se dirigen principalmente al proyecto presentado por el oficialismo que impulsa la creación de un aporte extraordinario a las grandes riquezas nacionales. Pero ¿De qué se tratan estos proyectos y a quienes alcanzarían?

Aporte solidario y extraordinario

La iniciativa presentada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y el diputado, Carlos Heller, propone crear un aporte único, extraordinario y obligatorio que alcance exclusivamente a todas las personas humanas del país que hayan declarado una riqueza superior a los 200 millones de pesos argentinos. Esto con el objetivo de "ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", según lo establece el texto oficial.  En una primera instancia, el proyecto establecía que sería aplicado sobre todos los bienes declarados hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, en el dictamen firmado en comisión se modificó y estableció que el impuesto recaerá sobre los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

La aplicación de este aporte comenzaría con una alícuota mínima del 2% y con un máximo del 3,5% para los  bienes que hayan sido declarados en el país. El aumento progresivo del aporte, variará de acuerdo al valor del patrimonio declarado. Es decir,  aquellos que tengan declarados 3.000 millones de pesos o más en el país serán quienes pagarán el porcentaje más alto.  En cuanto a los bienes declarados en el exterior las alícuotas serán un 50% más, irán desde el 3% al 5,25%. En este sentido, la ley aclara que si un 30% o más de los fondos en el exterior son repatriados en los primeros 60 días desde que entre en vigencia la ley, se eliminará este diferencial.

La AFIP será la autoridad encargada de realizar la recaudación en el caso de aprobarse este aporte extraordinario. Según estimó el organismo, las personas alcanzadas serían alrededor de 9.298. De ese total,  7.438 serían los contribuyentes que declararon bienes por más de  200 millones de pesos y  los 1.860 serían personas que no presentaron su declaración jurada, pero al actualizar sus patrimonios informados en años anteriores estarían alcanzados por la ley. En esta línea, la recaudación podría alcanzar los  308 mil millones de pesos argentinos lo que equivales al 1.1% del Producto Bruto Interno (PBI) de este año.

En este marco es que numerosos empresarios, productores agropecuarios e integrantes de la oposición se manifestaron en contra de dicho impuesto. Los mismos argumentaron que lejos de impulsar la economía nacional, la ley vendría a poner un freno productivo. De hecho en un comunicado, la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas demostraron su descontento y aseguraron que de aprobarse el proyecto aumentaría la presión impositiva de los productores. “Es un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente”, expresa textualmente el documento, aunque no dan mucha cuenta de cómo se efectuaría este freno productivo ni por qué se sienten alcanzados.

Otra de las posiciones en contra fue manifestada por la Fundación Barbechando quien criticó que el proyecto podría avanza sobre bienes de uso productivo. Textualmente la fundación explicó: "Por como está redactado incluye los inmuebles rurales en cabeza de personas humanas y también los inmuebles rurales que estén en cabeza de sociedades ya que las participaciones en sociedades están exentas de bienes personales, pero en la redacción del proyecto entran todos los bienes”.

Con este motivo desde InterNos nos comunicamos con el diputado nacional Leonardo Grosso y le consultamos por los argumentos esgrimidos en contra del proyecto. En relación a esto el funcionario dijo: "Son argumentos falsos, salvo que las personas individuales tengan los bienes productivos de sus empresas a su nombre personal y no a nombre de las empresas. Si es así, estarían evadiendo impuestos porque los bienes productivos deberían estar a nombre de empresas. Lo que nosotros alcanzamos con este proyecto es a las personas físicas. En todo caso el dinero que esas personas ganan con sus empresas, y que lo gastan a titulo personal,  serían las alcanzadas. No los bienes productivos. No se grava a ninguna otra cosa que a las personas físicas de altos patrimonios".

A pesar de las numerosas voces en contra, también algunas personalidades del sector declararon estar de acuerdo con el impuesto. Este fue el caso de Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba quien aseguró en un entrevista con AM 750: “Considero que es una medida atinada el impuesto, en España hoy se está hablando de lo mismo, en EE.UU. también con el cambio de gobierno”. Lo que explicó Salas, no es muy alejado de la realidad. Según un informe realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), los aportes que recaudaría el Estado argentino a partir de este proyecto equivaldrían a 5.622 hospitales modulares, 20,8 millones a destinados al Ingreso Familiar por Emergencia (IFE) y a 12,3 millones de jubilaciones por mes. Además, el informe detalla que en una gran cantidad de países del mundo también se comenzaron a debatir estrategias económicas similares a la argentina, a fin de aminorar las consecuencias económicas producidas por la pandemia. Algunos ejemplos son: España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

"El aporte a las grandes fortunas es una propuesta de estricta justicia que permite al Estado recaudar 307.000 millones de pesos, que es algo así como  el 34% de todo lo que se invirtió para enfrentar la pandemia y sus derivados económicos, y sociales. Es un aporte que alcanza a un grupo reducido de personas y no les cambia la ecuación, porque si una persona tiene 200 millones de pesos paga solo cuatro millones.Con ese aporte la Argentina recauda un monto importante para seguir avanzando en políticas sociales y reactivando la economía", aseguró Grosso.

No es menor recordar que el proyecto que se debatirá, fija el destino de la recaudación: 20% para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares y un 25% irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.

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Sobre esto último y con un sentido completamente opuesto, la izquierda y algunos referentes ambientales también criticaron la medida pero por considerarla insuficiente o por destinar parte de los recaudado a la industria minera.

Ley de Manejo del Fuego

Consiste en un proyecto de ley, también presentado por Máximo Kirchner, que surgió en medio de un contexto complicado en materia ambiental a causa de los distintos focos de incendios que se produjeron en nuestro país durante este año. La iniciativa pretende modificar la ley ya existente, sancionada en 2012 y promulgada en enero de 2013, proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohibir la venta de los terrenos incendiados.

El proyecto de ley además propone prohibir por un lapso de 60 años los cambios en la utilización del suelo en los bosques nativos, áreas protegidas y humedales incendiados, y por  30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Esto con el fin de garantizar la restauración de las superficies incendiadas. Además, busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego.

La normativa, el 26 de octubre pasado, recibió un dictamen favorable por parte de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, pero también obtuvo varias posiciones en contra. Este fue el caso del bloque de Juntos por el Cambio que rechazó el proyecto con el argumento puesto en el respaldo a la propiedad privada. También se opusieron algunas entidades del sector agropecuario, que aseguraron que el proyecto convertiría a los productores víctimas de los incendios, en victimarios. "El proyecto en cuestión no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio; iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble", expresaba textualmente un comunicado publicado por Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

Sobre los argumentos en contra de la modificación de la ley, expuestos por la oposición y por diferentes entidades agropecuarias, también le consultamos al diputado Grosso quien aseguró: "Las entidades hablan en nombre de los productores y la realidad es que son los más grandes los promotores del problema ambiental. Nunca se hacen cargo". El funcionario además subrayó  que el proyecto no prohíbe el uso del suelo, sino que prohíbe el cambio de uso de ese suelo. Esto principalmente con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y la expansión de la frontera agropecuaria sobre tierras que tienen que ser protegidas. No aplica sobre las tierras que están actualmente en producción.

Ley Yolanda

Desarrollado por Jóvenes por el Clima de San Luis, este proyecto de ley pretende establecer capacitaciones obligatorias en materia ambiental para los integrantes de los tres poderes del Estado. La iniciativa fue  presentada el 5 de junio en la Cámara Alta por Eugenia Catalfamo, senadora por el Frente de Todos, y el 8 de octubre obtuvo por unanimidad media sanción el Senado de la Nación.

Su nombre hace referencia a Yolanda Ortiz, primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática ambiental, y tendrá una aplicación similar a la Ley Micaela. Lo que se busca mediante esta ley es instalar la temática ambiental como un elemento transversal a todas las jerarquías políticas de nuestro país.

Las capacitaciones obligatorias tendrán el foco puesto en generar perspectiva de desarrollo sostenible con especial énfasis en cambio climático y avanzar en la gestión de residuos sólidos urbanos. También se abordarán las problemáticas ambientales, el cuidado de los  recursos naturales, la eficiencia energética, el derecho ambiental, la economía circular y el impacto ambiental de las políticas públicas. La autoridad de aplicación de la Ley Yolanda será el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Esta última, se encargará de establecer los lineamientos generales para las capacitaciones a los 90 días posteriores de su sanción definitiva.

Finalmente, a minutos de comenzar el debate en la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso aseguró a este medio que los proyectos que hoy se debatirán cuentan con un amplio apoyo para lograr su aprobación. A pesar de las posiciones en contra que poblaron durante las ultimas semanas los medios nacionales.

"Plantean argumentos que ni siquiera  se pueden encadenar en una misma dirección. Dicen que el aporte a las grandes fortunas es una doble imposición, lo cual es mentira porque es un aporte que se aplica por única vez; dicen que se grava sobre capital productivo, lo que también es mentira porque se aplica sobre personas físicas; Dicen que la ley de manejo del fuego es exagerada  porque si hay accidentes con el fuego qué va a pasar y lo cierto es que el 95% de los incendios son producto de la acción humana. Para todo dicen algo y ocupan el lugar de una oposición bloquista. En vez de aportar para  mejorar los proyectos planteados,  lo que intentan hacer es voltearlos", concluyó el Diputado Nacional.

 

 

 



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