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Política Sectorial

Incendios forestales: Se declaró la Emergencia en Chubut y Río Negro

|Argentina|

En una sesión maratónica realizada este sábado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara zona de desastre y emergencia ambiental, económica social y productiva a las regiones afectadas por los incendios forestales durante los meses de enero, febrero y marzo en la patagonia. Específicamente, aparecen como beneficiarias las localidades del departamento de Cushamen, en Chubut, y la localidad de El Bolsón, en Río Negro.

El Senado había dado media sanción al proyecto de ley, que establece la emergencia por 180 días -con posibilidad de prórroga-, la cual recibió aprobación unánime luego en diputados. El texto fue impulsado por el senador oficialista, Alfredo Puenzo en conjunto con su par rionegrino, Alberto Wereltineck (ex gobernador de la provincia). 

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La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas. La misma llegaría mediante créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en “emergencia” y en un 50% en las zonas de “desastre”.

Además, el PEN dispondrá de la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales y la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes en zonas periurbanas, así como también en las zonas de producción. 

Por otro lado, habrá asistencia financiera a través de “aportes no reembolsables” para gastos de reparación de viviendas y de recomposición de la capacidad productiva de los establecimientos. Otro de los beneficios que ofrecerá la ley es “la suspensión temporaria de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Además, se facultará a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.



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