Buscan prorrogar una normativa que evite los desalojos rurales

|Argentina|

La pandemia expuso más que nunca la precariedad en la tenencia de la tierra por parte de los pequeños agricultores familiares. Los desalojos rurales, problemática estructural de nuestro país, se agudizaron durante los últimos meses, dejando a muchas familias sin su principal recurso de subsistencia en un contexto económico complejo.

En este contexto, la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, resaltó la necesidad de prorrogar la prohibición de desalojos dictada en un artículo de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. “Llegan todos los días órdenes de desalojo. No se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez se suman estos desalojos todo el tiempo”, expresó a Télam.

Para contextualizar es importante decir que Ley 27.118/15 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar estableció, en su artículo 19, la suspensión por 3 años de los desalojos de agricultores familiares. En 2018 ese plazo se venció y fue prorrogado por un año. Pero dicho artículo está vencido desde 2019, y productores familiares y campesinos se encuentran desprotegidos frente a las cautelares que ordenan la expulsión de las familias de los terrenos.

María José Castillo, señala que el gran problema que acarrea esta situación es que, en general, los productores se encuentran en una situación irregularidad o precariedad en torno a la tenencia de la tierra. Los títulos “se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria” y entonces “vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos, habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores”.

En este sentido, Castillo resaltó que las cautelares “no profundizan sobre la realidad posesoria”. Al ser consultada sobre este punto por InterNos, respondió: “Esto pasa porque se dicta el desalojo cautelar muchas veces sin ni siquiera notificarle a la familia campesina o indígena, y el juez no tiene la defensa de la familia. No conoce quién está en el campo, cuál es su historia. Solo ve un papel de titularidad de dominio y dicta una orden”. 

Y agrega: “Se trata de un desalojo anticipado: antes de que se lleve adelante el debido proceso, se desaloja. Muchas familias se enteran incluso el mismo día, cuando llega la topadora a tirarles la casa abajo”, agrega Castillo quien se desempeñó tiempo atrás como abogada de familias campesinas. 

Resulta clave la prórroga del artículo 19 de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, ya que de esta manera se exige a las autoridades competentes que garanticen un proceso de defensa a las familias. Actualmente la normativa está en tratamiento en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. “Entendemos que tiene que salir en los próximos días el dictamen, para luego recibir tratamiento en el recinto”, dijo Castillo.

Durante 2020, dentro de la dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales. Su objetivo fue -y es- detectar situaciones de conflicto por la tierra en todo el país e intervenir para que las familias afectadas cuenten con el asesoramiento necesario a la hora de afrontar su situación jurídica.

“Con el protocolo, la dirección releva la situación a profundidad en el campo y articula con otras instituciones que tuvieran competencia en el caso, ya sea judicial, fiscal o de instituciones nacionales. Se trata de hablar con quien dispuso la medida desalojo para que se resguarden los derechos de las familias que se van a ver afectadas”, dice Castillo a InterNos.

“En esos casos emitimos una nota expresando la preocupación, informamos sobre el marco normativo y solicitamos que se garanticen los derechos de todas las partes”, agrega la funcionaria.

Según informó Télam,  la mayor concentración de conflictos la tiene las provincias de Salta con 23 casos, seguida por Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos. Luego está Córdoba (7 casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumán y Río Negro con 3 casos. De este conjunto, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran involucradas comunidades indígenas.

“Una familia que está expuesta a sufrir un desalojo hoy está en un cuadro mucho peor que hace dos o tres años atrás, porque no había esta pandemia. Entonces, hay una situación grave que estamos abordando”, expresó Castillo a la agencia oficial.

Fuente: Con información de Télam