Llegó al Congreso una iniciativa para regular el uso de agroquímicos en el país

|Argentina|

En el mes de junio se celebró el día internacional del medio ambiente y en este marco se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone regularizar la aplicación de agroquímicos en nuestro país. El encargado de hacer llegar la propuesta al recinto fue Leonardo Grosso, diputado nacional y presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja. Este proyecto se basa en una iniciativa surgida en el año 2017 de Pino Solanas. Hoy el proyecto renueva sus lineamientos para abordar un debate que lleva varios años en desarrollo.

El documento busca construir presupuestos mínimos de aplicación de agroquímicos y prohibir la utilización terrestre, manual o mecánica a menos de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua.  Además el texto formulado por el Diputado, encuentra sus argumentos en la gran cantidad de casos de contaminación que se conocen y en los testimonios de organizaciones que se encuentran en disputa frente a la aplicación de agroquímicos de manera indiscriminada.

Quizás uno de los casos más resonantes,  y que tomó como ejemplo el proyecto de ley, es la lucha de las Madres de Ituzaingó Anexo en Córdoba.  El colectivo de Madres reclama desde 2002 atención sanitaria ante la cantidad de enfermos víctimas de los fumigaciones y aplicaciones. Vale recordar que ya se determinó,  a través de un estudio sobre plaguicidas y su impacto en la salud realizados por el ministerio de Salud de la Nación, que en Córdoba había una gran incidencia de cáncer no aleatorio y entre los causantes se encontraba la exposición continua a plaguicidas. Luego de ese diagnóstico, un fallo de la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Córdoba condenó a Francisco R. Parra como autor y responsable de violar el art. 55 de la ley de Residuos Peligrosos (24.051). Sin embargo, la situación en el barrio sigue sin resolverse e incluso esta semana se intentó postergar nuevamente el juicio por las fumigaciones para el año 2021.

"Se siguen sufriendo las consecuencias de las fumigaciones, aún hoy hay vecinos que se enferman de cáncer y niños que nacen con mal formaciones" aseguraron desde la Comisión de Apoyo Juicio Ituzaingó Causa Madre al medio La Nueva Mañana. Además denunciaron las postergaciones como parte de una estrategia que busca garantizar la impunidad de quienes son responsables.

El proyecto de presupuestos mínimos, retoma este caso para explicar la importancia de regular el uso de agroquímicos. El proyecto asume que Argentina es uno de los principales países consumidores de glifosato -declarado en 2015 por la OMS como un producto potencialmente cancerígeno- y esta situación está afectando a la salud de manera grave, al detectarse una mayor frecuencia de enfermedades como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas en las poblaciones afectadas.

Problema local y global

La misma semana que el proyecto de ley llegó al congreso, una noticia de impacto global recorrió los portales. La empresa alemana Bayer anunció que se hará cargo de resolver económicamente todos los litigios pendientes de Monsanto desde 2018. La empresa pagará entre 8.800 millones y 9.600 millones de dólares, incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos. Además presentó una serie de acuerdos para cerrar los juicios contra Monsanto por la contaminación de aguas.

Frente a todo este panorama de novedades desde Revista InterNos nos comunicamos con el diputado Grosso, para conocer más en profundidad el proyecto que encabeza. El diputado por el Frente de Todos asegura que el debate que instala la iniciativa es de carácter urgente, ya que en nuestro país hay un problema de grandes dimensiones sobre la aplicación de agroquímicos. Además aseguró que la noticia de Bayer revitalizó el debate y no hizo más que seguir confirmando la gravedad del problema a nivel global.

“Es muy fuerte el lobby pro agroquímicos, no dejan espacio para el debate y lo que está en juego es la salud de mucha gente, hay que pensar a largo plazo. Por ejemplo esta semana el INTA publico una investigación que da cuenta de la posibilidad de sembrar maíz sin agroquímicos y tener niveles de producción rentables” manifestó el diputado haciendo referencia a las posibilidades de seguir produciendo con modelos alternativos y que protejan el ambiente.

“Es muy fuerte el lobby pro agroquímicos, no dejan espacio para el debate y lo que está en juego es la salud de mucha gente, hay que pensar a largo plazo" Leonardo Grosso

Con esta declaración coincide el abogado ambientalista, Darío Ávila que en una entrevista para La Nueva Mañana dijo: “El problema no es un tema de distancia de 1.000 o 1.500 metros para habilitar fumigaciones sino que es algo más complejo y de fondo. El problema es el modelo agropecuario que tenemos, eso es lo que hay que discutir”. Además agregó que el proyecto presentado puede significar una buena alternativa para frenar la agresión ambiental que está perjudicando directamente a los vecinos.

Cuando le preguntamos a Leonardo Grosso específicamente por el estado del proyecto dijo que ya fue presentado y ahora pasará un tiempo hasta que realmente empiece a tratarse. En cuanto a las adhesiones que recibió aseguró: “Estamos juntando muchos apoyos, vamos tranquilos, no nos apura nadie. Muchas organizaciones campesinas, de pueblos fumigados, de la ciencia se han comunicado con nosotros y estamos hablando con todo el mundo”.

Para finalizar Leonardo aseguró que desde el espacio político que integra, y particularmente el grupo de diputados que llevan adelante esta iniciativa, se encuentran abiertos a escuchar todo tipo de propuestas. “Estamos dispuestos a charlar con todo el mundo. Queremos que hablen los científicos, los médicos, los productores, vamos a escuchar a todos los sectores. Pero no nos vamos a dejar presionar. Esta ley solo busca regular una práctica que es nociva para la salud y para la producción”.

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