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Política Sectorial

Ley de Acceso a la Tierra, ¿la tercera es la vencida?

|Argentina|

La Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) volvió a la carga para solicitar al Estado políticas para la tenencia de la tierra. El pasado 22 de octubre, acompañado de un Verdurazo en las inmediaciones del Congreso, presentó nuevamente en el Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Esta iniciativa busca que los agricultores familiares puedan hacerse con una porción de tierra ociosa y explotarla para la producción de alimentos con destino en fresco. Además, tiene por objetivo evitar la especulación en los alquileres y mejorar la rentabilidad de la actividad.

El proyecto de ley tiene por objetivo crear un Fondo Fiduciario Público que facilite el acceso a créditos para la compra de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. De esta manera, se solicita al tesoro nacional la disposición de los recursos y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) los inmuebles necesarios para el arraigo de las familias rurales.

“¿Qué pedimos? En vez de pagar alquileres abusivos, pagar un crédito que nos lleve a la tierra propia y nos de seguridad para producir alimentos e invertir en el camino hacia la agroecología”, explicó la organización en un comunicado publicado durante los últimos días. “Alquilamos el lote donde producimos y vivimos (o sobrevivimos) junto a nuestra familia. Los dueños de las tierras no nos permiten construir viviendas dignas, vivimos en casillas de nylon y madera”, agregan desde UTT.

El sistema propone la creación de un Fideicomiso de estructura similar al ProCreAr para desarrollo urbano. De allí su identificación como ProCreAr Rural, aunque formalmente el término no aparezca en la normativa. El texto de ley exige al Banco Nación disponer de créditos blandos por 110 millones de dólares a unas 2000 familias rurales que, según planean desde la organización, accederían a una parcela productiva (de 2,5 hectáreas promedio) con infraestructura y una vivienda por un valor promedio de entre 30 y 50 mil dólares cada una. El plazo para pagarlo se estima entre 15 y 20 años.

De aprobarse la ley, la AABE tendrá un plazo no mayor a 180 días para relevar la totalidad de los inmuebles de propiedad del Estado nacional, de uso público y privado, ubicados fuera del sector urbano que puedan explotarse para la actividad agrícola.

En un constante contrapunto con el agro extensivo, desde la organización argumentaron que el dinero solicitado en créditos es apenas significativo en el presupuesto nacional. “110 millones de dólares es un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 (U$2.680 millones)”, afirmaron.

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Para ingresar a este fideicomismo el productor rural no podrá registrar inmuebles con anterioridad, deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y deberá tener como principal actividad la producción agrícola, florícola, forestal, acuícola o apícola. Además, una condición para mantener la titularidad de la tierra será producir “reduciendo progresivamente el uso de agroquímicos, así como la toxicidad de los mismos”.

Para la UTT la tercera es la vencida. Cabe recordar que el proyecto fue presentado dos veces con anterioridad, ambas durante el gobierno de Cambiemos. En 2016 la ley no se trató y perdió estado parlamentario. En 2018 tampoco fue discutida. Pero en esta oportunidad, el clima político parece ofrecer vientos favorables para la organización. La presentación del proyecto fue acompañada por los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Agricultura, Luis Basterra, junto a algunos funcionarios de peso como Victoria Tolosa Paz o Malena Galmarini.

“En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Este proyecto de ley no nace de un repollo. Son cientos de años de conflictos por la tierra”, agregaron desde UTT.

La participación de Daniel Arroyo en la presentación del proyecto marca que para el gobierno nacional el problema del acceso a la tierra no es solo productivo, sino también social. Se trata de recuperar la ruralidad perdida en las últimas décadas a causa de un proceso de concentración de la tierra, según dio cuenta el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2018 por INDEC.

Si bien el gobierno de Alberto Fernández, a través de la cartera de Agricultura, demostró cercanía con la UTT -el más claro ejemplo es que Nahuel Levaggi, quien hasta hace unos meses conducía la organización, es hoy el presidente del Mercado Central de Buenos Aires- las políticas para el sector hasta el momento fueron pocas, a excepción de los fondos destinados a programas de la Agricultura Familiar recientemente.

Sin embargo, de tratarse y aprobarse esta iniciativa, el gobierno abordaría una problemática históricamente postergada a nivel nacional, en un contexto donde la propiedad privada y el derecho a condiciones de vida dignas están en plena agenda mediática y política.



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