La justicia santafesina ordenó controlar la sanidad de frutas y verduras

|Santa Fe|

La jueza Verónica Gotlieb, perteneciente al juzgado civil y comercial N°13 de Rosario, dictó un fallo a favor de la seguridad alimentaria santafesina. La resolución emitida el 2 de octubre de 2019 obliga tanto a la municipalidad de Rosario como a la provincia de Santa Fe a intensificar los controles sanitarios en los mercados mayoristas de frutas y verduras, así como también obliga a estas autoridades a informar los resultados obtenidos y la periodicidad de los testeos mediante un portal web de acceso público.

La sanción llega luego de un proceso judicial con pedido de información realizado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate, en colaboración con la ONG Taller Ecologista. Este proceso iniciado en el año 2013 tuvo como finalidad corroborar la efectiva realización de los controles necesarios en frutas, verduras y hortalizas fumigadas con agroquímicos. Si bien las autoridades municipales y provinciales aseguraban la realización de dichos controles, no agregaron al expediente resultados que lo avalaran.

Es por esta razón que por cuenta propia, Zárate convocó a técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario para que realizaran análisis sobre una serie de frutas, verduras y legumbres adquiridas en comercios habituales. El abogado explicó al medio Conclusión que los resultados obtenidos arrojaron la presencia de agroquímicos en los alimentos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos. Además, agregó que el 50% de las frutas, verduras y legumbres analizadas superaron ampliamente los niveles de toxicidad permitidos.

El rol de la ASSAL

En el año 2017, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) perteneciente al Ministerio de Salud de Santa Fe, dio a conocer un informe donde se especificaba que el 30% de las frutas y verduras comercializadas en los mercados contenían residuos de agroquímicos. Este informe fue resultado de un análisis realizado únicamente en los dos mercados abastecedores de frutas y hortalizas de Rosario y el mercado de la ciudad de Santa Fe, durante los dos años previos a su anuncio.

Eduardo Elizalde, director de la ASSAL, explicó que este porcentaje está basado en dos grandes problemas: por un lado el desvío de uso de agroquímicos (es decir, productos que están autorizados para un tipo de alimento son utilizados en otros), y por el otro el exceso de toxicidad respecto a los límites máximos que establece el Senasa. Esto puede ocurrir por no respetar los periodos de carencia entre la aplicación del producto y la cosecha, o bien por el uso en exceso de la dosis del agroquímico.

El fallo N°1096 dictado por el juzgado rosarino tiene como finalidad hacer efectivo el control sanitario de los productos comercializados en los mercados. Tras la resolución de la jueza Gotlieb, la ASSAL deberá llevar a cabo un mínimo de 4 testeos semanales en los mercados de Rosario y Santa Fe. Cada semana deberán analizarse 4 productos diferentes, y un mínimo de 104 productos cada 6 meses. Finalmente, los resultados obtenidos de dicho análisis deberán ser volcados en la web para que los consumidores accedan libremente a esta información.

Para que el consumidor tenga conocimiento sobre el origen de la cadena distributiva de los productos que adquiere en el mercado, es necesario que exista una documentación o certificado sobre la vida del producto. De no haber trazabilidad, el puestero es quien deberá responsabilizarse, siendo sancionado con altas multas o en su defecto, con la apropiación de la mercadería.

La postura de los mercados

Marcela Sisino, gerente del Mercado de Concentración de Fisherton, declaró a Revista InterNos que  el fallo es una buena “expresión de deseo”, pero tiene algunas falencias. “Estamos completamente de acuerdo en que se tienen que llevar a cabo controles sanitarios, pero la trazabilidad debe comenzar en la zona de producción para que efectivamente se eviten daños en el consumidor”, sostuvo.

La gerente explicó que al tratarse de productos perecederos, el puestero no puede esperar los resultados de los análisis para vender la mercadería. «Como el producto se vende al público antes de conocer los resultados de la muestra, el daño que se pretende evitar -que no llegue el residuo de agroquímico al consumidor- no se logra con este fallo», indicó. Sisino sostiene que los controles deben realizarse primero en la zona de producción a través del Senasa, y llegar al mercado con un certificado que de garantía de un producto libre de agroquímicos. De esta forma el mercado puede continuar con una trazabilidad que ya ha sido iniciada en el origen del producto.