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Política Sectorial

Dónde y cómo Senasa controla al sector frutihortícola

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|Argentina|

El Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó el 21 de agosto más de 1.400 kilos de frutas y hortalizas que estaban siendo transportados a la Patagonia sin tratamientos cuarentenarios ni DTV. El camión se dirigía desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Bariloche.

El decomiso se produjo en la localidad de General Roca, Río Negro. Los inspectores de Senasa observaron que detrás de cajones que contenían hortalizas se habían ocultado 290 kilos de pimientos y 975 kilos de manzanas que no estaban declarados ni contaban con el DTV. Además, tampoco poseían tratamiento cuarentenario contra la mosca de los frutos, obligatorio para ingresar mercadería a la Patagonia.

Revista InterNos se comunicó con Ricardo Caferata, coordinador de Barreras Zoofitosanitarias de Senasa y conversó sobre estos intentos de contrabando, sus decomisos y los controles que realiza el Senasa tanto en ruta como en mercados abastecedores.

Caferata aclara que en Argentina existen barreras sanitarias en distintos puntos del país, las cuales controlan el tráfico federal de los productos. Pero sólo algunas zonas, como la Patagonia, poseen restricciones particulares. Esto se debe a que son “zonas protegidas” por diferentes programas (como el de la Mosca de la Fruta y la Fiebre Aftosa, siguiendo el caso de la región Sur) donde necesariamente la mercadería requiere procesos de mitigación de riesgo, es decir, una certificación que asegure que ese es un alimento no contaminado por estas enfermedades.

“El problema surge porque, al tener una zona de acceso restringido, la producción local no es suficiente para abastecer a la demanda y esto fomenta intentos de contrabando en vehículos particulares, camionetas, transportes generales”, explicó el funcionario.

Otro de los motivos es que las frutas y hortalizas que se comercializan informalmente (las cuales recorren cientos de kilómetros, en algunos casos de norte a sur) compiten con ventaja frente a los precios que pueden ofrecer puesteros y operadores de mercados abastecedores, ya que están exentas de controles sanitarios y fiscales.

Quién controla qué

Al ser consultado por las recientes declaraciones de Ricardo Negri sobre la informalidad del sector hortícola, Caferata expresó: “Es una realidad. Lo que se está buscando es que el productor asuma su responsabilidad y trabaje más a conciencia al momento de comercializar. Porque de a poco el consumidor va a ir exigiendo eso”. Y agregó: “Hay una gran desinformación en el productor. Hay mucha atomización, son muchos productores pequeños. Y eso dificulta la llegada de la información”.

Las barreras fitosanitarias son instrumentos de control en ruta que hacen cumplir los programas determinados desde la Dirección de Protección Vegetal. Pero otras áreas de Senasa realizan además inspecciones fiscalizando otras partes de la cadena, como la producción o la venta mayorista.

En los mercados de abasto, por ejemplo, un reclamo frecuente por parte de los puesteros es que Senasa, en su afán de controlar la sanidad y trazabilidad de los productos, termina recayendo y “ahogando” a los vendedores que reciben la mercadería a kilómetros de sus zonas de producción.

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Sobre este punto consultamos a Caferata: “Hay que buscar mecanismos para transparentar eso. Pero también es cierto que un operador de mercado sabe que la mercadería debe entrar con documentación. Por eso también tiene su grado de responsabilidad, porque si no todo recae sobre el último eslabón”.

Pero la discusión no termina ahí. Los operadores mayoristas exigen a Senasa ampliar los controles sobre las rutas, combatiendo así la informalidad de quien produce. En ese sentido, Caferata asegura que la cuestión logística es “compleja y costosa”, y que si bien Senasa está presente en todo el país, requiere a su vez de la predisposición de provincias y municipios para hacer eficientes los mecanismos de control.

“Estar en todos lados haciendo controles es difícil, por la diversidad de rutas y caminos. Y es costosísimo hacerlo permanentemente”, explica el funcionario. Por eso los controles son aleatorios y pensados en cruces estratégicos, junto con Gendarmería y las policías locales.

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Incluso en caso de detectar irregularidades, los mecanismos para abordar la situación no resultan simples. “Si decomisas un camión en medio de la ruta tenés que tener toda una logística previa para saber a dónde llevar la mercadería, si el municipio correspondiente te dará palas para hacer el enterramiento sanitario. Luego tenés que generar actas, infracciones”, detalla. La falta de presupuesto y personal de los últimos semestres dificulta aún más realizar tareas semejantes.

Pero también existen controles a campo. Los técnicos del organismo visitan quintas productivas, a veces de manera sorpresiva, para extraer muestras de los cultivos y analizarlos en laboratorio. En caso de estar contaminados (con restos de plaguicidas) o de poseer algún tipo de virus, se penaliza al productor prohibiéndole la venta durante cierto período de tiempo y "destruyendo" el sector de la finca donde se produjo la mercadería en cuestión. Las penas y los controles varían por provincias y zonas productivas.

Terminar con la informalidad del sector parece ser una tarea de todas las partes de la cadena, pero a su vez un “tire y afloje” constante entre productores, operadores y organismos de control. Con la reciente unificación en la fiscalización del DTV lograda por Senasa y AFIP, los seguimientos serán rigurosos y estarán sistematizados en un sistema único que volverá más difícil escapar de la formalidad. Resta ver cómo influyen estos importantes cambios en los distintos eslabones de la actividad.

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