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Política Sectorial

Córdoba: operadores del Mercado de Abasto exigen regular la venta ilegal de frutas y verduras

|Córdoba|

El diario La Voz del Interior publicó, el pasado domingo, un informe sobre la informalidad que atraviesa la comercialización de frutas y verduras en Córdoba. Según expresa el medio, un importante porcentaje de mercadería no pasa por el Mercado de Abasto, único mercado concentrador autorizado para comercializarla. De esta manera, se evitan los controles bromatológicos, sanitarios y fiscales.

Esta provincia es un ejemplo representativo de lo que sucede a nivel nacional con la venta ilegal de frutas y verduras. Los operadores que trabajan dentro del Mercado denuncian que esta situación los coloca en un escenario de competencia desleal y exigen al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) intensificar los controles sobre rutas federales, con el objetivo de interceptar camiones que transporten frutas y verduras sin una guía de destino hacia el Mercado de Abasto.

“En Córdoba, el nivel de ilegalidad es del orden del 25 por ciento” señaló Juan Perlo, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, aunque remarcó también que éste es un porcentaje menor en relación al resto del país, que alcanzaría un 30 o 40 porciento según la región.

En este sentido, el dirigente explicó el procedimiento mediante el cual las frutas y verduras llegan al consumidor final cordobés. “Esa mercadería llega en camiones  directamente desde campos de producción en todo el país, se almacena en galpones clandestinos y desde allí parte a verdulerías de toda la ciudad, sin ninguna fiscalización” afirma Perlo.

Estas condiciones de informalidad fueron discutidas en las reuniones de trabajo mantenidas entre la Comisión Directiva de la Federación Nacional de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (Fenaomfra), el Senasa y la la Administración Federal  de Ingresos Públicos (AFIP).

En aquel encuentro, realizado el martes 5 de diciembre, la Federación que reúne a los mercados concentradores insistió en el control de la venta mayorista para evitar la proliferación de galpones, convertidos en “verdaderos mercados no formales y con ventajas competitivas significativas” según informa el sitio de Fenaomfra.

Por su parte el coordinador nacional de Inocuidad Vegetal de Senasa, Juan Ibáñez, reconoció que el estado de situación actual preocupa a la entidad, por lo que la oficina se encuentra trabajando para resolver el problema. “Hemos recibido el planteo de los productores, y sobre esa base estamos diseñando una agenda de acciones que pondremos en marcha a partir de marzo de 2018” expresó Ibáñez al diario La Voz del Interior.

Posteriormente, el directivo aseguró que buscan ampliar los requerimientos de DTV (documento de tránsito vegetal) “a todas las especies que se comercializan”. Ibáñez explica que Senasa trabaja para regularizar la situación del sector, que posee todavía un alto grado de “informalidad y clandestinidad”.

Se calcula en 500 mil toneladas la cantidad de mercadería que pasa por el centro comercializador en un año. Las estimaciones municipales consideran que cerca del 25% (125 mil toneladas) de las frutas y verduras que consumen los cordobeses tienen un origen “ilegal”. Desde el sector aseguran que entre 40 mil y 50 mil camiones recorren las rutas de todo el país, vendiendo productos al costado de las mismas o dentro de las ciudades, ingresándola en “galpones” no oficiales.

Política Sectorial

Las hortalizas pesadas también deberán emitir DTV

|Argentina|

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció, a través de una disposición conjunta publicada en el Boletín Oficial de la Nación, el uso obligatorio del Documento de Tránsito General (DTV) para hortalizas pesadas. Fue emitida por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

La reglamentación será exigida para el traslado en fresco de raíces, bulbos y tubérculos que pudiesen comercializarse dentro del país, importarse o exportarse. De esta forma, batata, papa, ajo, cebolla y tubérculos andinos deberán dar cuenta de su zona de origen y trazabilidad. La norma entrará en vigencia dentro de 120 días (a partir de su publicación).

Al respecto de esto último, el Ingeniero Agrónomo Ramón Campomane, director de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de Senasa, explicó en una entrevista radial con el periodista Horacio Esteban: “Iremos haciendo algunos movimientos de pruebas, ajustando el sistema para que estén las condiciones dadas y la implementación sea lo más práctica posible”.

De esta manera, las hortalizas pesadas se adherirán al DTV (que salió en 2015 y comenzó a utilizarse en 2016 con cítricos, vid para consumo en fresco, algodón, etc.). El funcionario explicó que la idea es que simplificar a un solo documento a todos los productos vegetales que transitan, buscando “garantizar la trazabilidad de los productos y regular los movimientos” donde “tanto los orígenes como los destinos estén debidamente registrados y actualizados”.

Esta herramienta permite conocer el origen de la mercadería y obtener la información para que, en caso de alertas alimentarias, sea posible ubicar los lotes afectados y verificar donde se ha registrado el problema, pudiendo dar respuesta de esta manera a cualquier tipo de situación irregular e incluso notificando de la misma a los países importadores.

Mediante el DTV es posible verificar la trazabilidad de los productos con su identificación, origen y destino final para resguardar así el estatus fitosanitario argentino y cuidar la salud del consumidor.

Asimismo, Senasa establecerá sanciones para quienes no cumplan con la regulación, según lo dispuesto por la Resolución 38/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DTV en los mercados

Cabe destacar que el Documento de Tránsito Vegetal se emite por autogestión por parte del interesado (el productor, en caso de que sea desde el campo) que lo envía hacia otro destino, el cual también debe estar registrado (los operadores en los mercados concentradores). El destinatario, cuando recibe la mercadería con DTV, debe “cerrarlo” es decir, dar un cierre definitivo al movimiento, dando fe que el lugar de donde recibe la mercadería estaba declarado en los registros.  De igual manera este trámite debe cumplirse cuando los circuitos sean de empaques o almacenamientos, de importación o exportación.

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Política Sectorial

La doble cara de la devaluación en la fruticultura del Alto Valle

|Alto Valle|

La fruticultura del Valle atraviesa una situación paradójica: por un lado, la suba del dólar motiva nuevamente al sector exportador al envío de mercadería hacia Brasil. Por otro lado, los productores ven comprometida su situación ante el encarecimiento del valor en los insumos.

Las empresas exportadoras, que comenzaron a reestructurar sus operaciones comerciales para la segunda parte del año, vuelven a ver con buenos ojos la posibilidad de colocar la fruta en el mercado brasilero a partir de la fuerte suba del dólar ocurrida durante las últimas semanas.

Esto cambia el panorama de comercialización: peras y manzanas almacenadas en cámaras frigoríficas (que estaban destinadas al consumo interno) podrían ser redirigidas hacia Brasil, a partir de las mejoras en el ingreso económico que representaría la paridad cambiaria actual para los empresarios del sector.

En el último año la moneda argentina se devaluó en más del 50%, a diferencia del real que lo hizo en un 20%. Esto coloca al mercado brasilero con mayor capacidad de compra y es un aspecto a tener en cuenta a la hora de cerrar los retornos en pesos que percibe la actividad.

Otro factor que influye en esta situación es la caída en la demanda por parte del mercado interno. La crisis económica (con subas de tarifas, caída del salario, pérdida del poder adquisitivo) repercute directamente en la caída del consumo, donde frutas y verduras no son la excepción.

Bajo este punto de vista, la devaluación “favorece” la actividad de una parte del sector frutícola del Alto Valle. El movimiento cambiario podría devolverles a los exportadores la competitividad externa perdida en los últimos años, que orientó la mercadería hacia el mercado interno. El titular de la CAFI, Pablo Cervi, afirmó que es una posibilidad concreta que aumenten las exportaciones al país vecino “teniendo en cuenta la competitividad cambiaria” que poseen actualmente.

Pero la otra cara de esta moneda son los chacareros, ya que el dólar también está detrás del costo de la cadena productiva. Como en otros rubros (del agro o la industria) los costos en fruticultura aumentan a la par del encarecimiento en los insumos, que cotizan en dólares. “El distribuidor de agroquímicos te cobra en dólares. Si el dólar aumenta un 30%, vos le debes en pesos un 30% más. La mano de obra se paga también con aumento, en algunos casos hasta en un 40% o 50% por el costo de vida de la gente”, contó a Revista InterNos Gabriel Gómez, productor de la región del Alto Valle.

Otro factor que agrava el panorama es el sistema de pagos “diferido” que los exportadores realizan con el sector productivo. “El 99% de los productores tiene un sistema de pago en cuotas con una cancelación a fin del ciclo. Por ejemplo, se carga un buque de manzanas en marzo y a mediados de mayo ya los exportadores ya lo cobraron. Al productor le dan un anticipo, que se recibe inmediatamente. Pero el resto se paga mediante un sistema de cuotas y te terminan de abonar en noviembre”, detalla Gómez.

“Si el exportador pagara inmediatamente el valor de la fruta que se le vende, el aumento del dólar sería un beneficio importante para los productores. Pero como lo hacen a fin de año, para cuando llega esa plata ya aumentaron el gasoil, los agroquímicos y el costo de vida, ya no tiene sentido”, detalló.

En concreto, la devaluación del dólar permitirá al sector exportador negociar su mercadería a buen precio, aumentando el margen de rentabilidad y recuperando aunque sea en parte el número de envíos que en los últimos años cayó considerablemente. Paradojicamente, estos beneficios no alcanzan al sector productivo (eslabón fundamental de la cadena frutícola) que debe hacerse cargo de los aumentos en los costos, en muchos casos sin la posibilidad de guardar su mercadería en frío para especular con mejores condiciones de venta.

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Política Sectorial

San Juan: Por ahora, controlarán la polilla de la vid sin aportes de Nación

|San Juan|

El pasado martes 19 se llevó adelante en San Juan la primera Reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA) regional Cuyo. En un encuentro que tuvo por objetivo discutir el futuro de las cadenas productivas regionales, el gobernador Sergio Uñac anunció que su provincia destinará alrededor de 50 millones de pesos para la campaña que busca controlar y erradicar la Lobesia Brotana, plaga que ataca a la planta de la vid.

El año pasado la campaña contra la Lobesia Brotana contó con un total de 100 millones de pesos: 40 millones fueron aportados por el Estado nacional y el resto lo pusieron el Gobierno provincial, junto al sector privado local. Este año, sin embargo, el dinero no llegó. Según anunció el gobernador, la posibilidad de acceder a fondos nacionales para la compra de insumos “está complicada”. “Vamos a hacernos cargo nosotros y trataremos que después nos reintegren”.

La fruticultura nos escapa a los recortes que realiza el gobierno de Mauricio Macri para reducir el gasto fiscal. La falta de fondos otorgados por el Ministerio de Agroindustria para combatir esta plaga preocupa al sector productivo vitivinícola por la posibilidad de generar pérdidas en los volúmenes de producción y también en la calidad de la misma.

Según señaló semanas atrás el diario La Nación, la cartera agroindustrial informó que la Ley de Sanidad Vegetal (27.227) no tiene fondos asignados porque nunca fue reglamentada; es decir, depende de una asignación específica (y extraordinaria) asignada por la gestión de turno. Paradójicamente, esta misma ley declara de interés nacional el control de la plaga para el desarrollo de esta importante economía regional.

Si bien en San Juan la situación está controlada, dirigentes, técnicos y productores solicitan la necesidad de sostener los controles para que la plaga no retorne en forma masiva, teniendo en cuenta que la provincia de Mendoza sufre considerablemente la presencia de la polilla. “Estos deben ser programas nacionales atendidos con fondos nacionales, pero no pondremos en juego la sanidad de la vitivinicultura sanjuanina”, explicó Uñac.

Para el máximo responsable provincial, es fundamental cuidar la sanidad en este tipo de producciones para “ganar nuevos mercados, externos o internos” en base a la calidad de la mercadería ofrecida. Por ahora, continúan las gestiones para que el ministerio conducido por Etchevehere baje los fondos para la protección de este sector productivo fundamental para la región cuyana.

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