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Edición 34

Asegurar el trabajo, asegurar los cultivos

Producir alimentos no es una actividad más. Requiere de una inversión importante en tiempo, insumos y capital humano. Pero además, esta tarea se encuentra sujeta a un factor de difícil control: las inclemencias climáticas. Éstas pueden deteriorar la calidad de las cosechas o generar numerosas pérdidas en los cultivos trabajados durante meses. En este contexto, los seguros agrícolas adquieren un valor especial, porque permiten a productores y productoras de nuestro país amortiguar los daños que generan lluvias, vientos y granizos en los campos, reduciendo los impactos en su estructura económica y financiera.

 

Ninguna compañía de seguros es exclusiva del sector agrícola; granos, frutas y hortalizas son sub-divisiones de los seguros en general. Éstos suelen ser muy utilizados en cultivos extensivos donde se produce soja, maíz, girasol, trigo y cebada, entre otros. Sin embargo, no sucede lo mismo con la horticultura y la fruticultura. Si bien encontramos, por ejemplo, plantaciones de peras y manzanas aseguradas en el Alto Valle, por lo general la oferta se vuelve más acotada para otros cultivos. Desde InterNos nos propusimos indagar cuáles son los tipos de seguros que existen para la producción de frutas y verduras en nuestro país, como también conocer su demanda y sus beneficios a largo plazo.

¿Que son los seguros agrícolas?

Un seguro agrícola es un contrato por el que una compañía de seguros (la aseguradora) se compromete, a cambio de una prima preestablecida, a indemnizar el daño producido sobre ciertos cultivos por factores climáticos adversos. Este vínculo se genera con quien contrata el servicio (el asegurado) y la recomposición se realiza siempre y cuando el objeto perjudicado se encuentre dentro de los límites de cobertura contratados.

Los seguros permiten atenuar las pérdidas económicas que resultan de una producción inutilizada o maltrecha. De esta manera, los productores se resguardan de los riesgos climáticos y/o biológicos que afectan el rendimiento, la calidad y la supervivencia de los cultivos.

No son pocos los gobiernos provinciales preocupados por la aplicación de programas de seguros para las zonas productivas de sus economías regionales. Los fenómenos climáticos impactan de manera negativa en el ámbito socioeconómico, generando caídas en los puestos de trabajo y un progresivo abandono de la actividad por parte de productores pequeños y medianos.

Como señalamos párrafos atrás, los seguros suelen ser menos comunes en las producciones de frutas y hortalizas. Los cultivos intensivos se caracterizan por ser altamente productivos en extensiones de suelo reducidas (mucho capital por metro cuadrado). Requieren de un ambiente controlado y numerosa mano de obra, por lo que cada fenómeno climático que ocurre sobre las plantaciones genera perjuicios severos y, por ende, pérdidas económicas importantes. Es ésta una de las principales causas por las cuales la oferta de las aseguradoras se ha visto reducida en los últimos años: todas las opciones resultan costosas para las firmas. No son pocas las ocasiones en las cuales las empresas han dejado de ofrecer el servicio ante la falta de rentabilidad que les genera el sector frutihortícola.

No son pocas las oportunidades donde los productores se encuentran en situaciones de informalidad, por lo que el acceso a la cobertura se ve imposibilitado.

Sin embargo, así como la oferta en el sector es reducida, también lo es la demanda. De la misma manera que para las empresas aseguradoras resulta riesgoso ofrecer un servicio en los cultivos intensivos, para los productores contratar este mismo seguro puede resultar, en muchos casos, costoso o inaccesible. Si una aseguradora ofrece un servicio de acuerdo a la relación de riesgo que tiene con el cultivo intensivo, la misma alcanza precios elevados y como consecuencia los productores prescinden de ella. En estas situaciones, los seguros no son vistos como inversiones que proporcionan estabilidad productiva, sino como un gasto la mayoría de las veces imposible de abordar.

No son pocas las oportunidades donde los productores se encuentran en situaciones de informalidad, por lo que el acceso a la cobertura se ve imposibilitado. Aquellos que no se encuentren registrados no pueden acceder a este tipo de servicios. Comúnmente, los productores que no cuentan con un nivel adecuado de capitalización, tampoco poseen herramientas que les permitan asumir los riesgos climáticos a corto o mediano plazo. Asimismo, vale destacar también que existen zonas en las cuales los riesgos de tormentas son muy bajos, por lo que los productores deciden, directamente, no contratar el seguro.

Experiencias a nivel nacional

organizativa y su origen, que proviene de capitales privados, públicos o una combinación de éstos. Si bien puede pensarse que la mayoría de los seguros son privados, en Argentina esto varía según la importancia que el gobierno provincial brinde a una determinada economía regional, apoyando o no a los programas de seguros mixtos o directamente públicos.
La adquisición de un seguro agrícola varía dependiendo la zona de producción específica. Existen coberturas para olivos y nogales en las zonas de La Rioja y Catamarca. También coberturas contra granizo para papa y cebolla en la provincia de Buenos Aires, o para arándanos en Concordia. Un sector que se encuentra protegido es el de los cítricos y los frutales de carozo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En esta última región la necesidad de cobertura por parte de los chacareros es alta, ya que poseen elevados costos de producción por kilo y la zona es propensa a tormentas de distintos tipos, entre ellas de granizo. La caída de granizo es una de las principales adversidades climáticas que afectan la producción en calidad y cantidad. Factores como este dañan con fuerza las cosechas y las plantaciones en general. Los seguros en esta zona suelen especializarse en la cobertura de daños para fruta pepita (peras, manzanas y membrillos) y de carozo (ciruelas, duraznos, cerezas).

El Alto Valle es uno de los lugares donde ciertas empresas privadas ofrecen sus servicios. También lo hace el sector público, a través del “Programa Compensador de Daños Ocasionados por Granizo de la Provincia de Rio Negro”. Esta experiencia es particular, ya que no se conforma como una compañía de seguros, sino como un fondo mixto y solidario, financiado con el aporte de los productores frutícolas adherentes, el Estado Provincial y ciertos aportes extraordinarios del sector público y privado. La adhesión al Ente es de carácter voluntario. Su intención no es el lucro, sino la cobertura de los costos asociados a producciones dañadas.

Este Ente no financia daños menores al 10%. En cambio, si la fruta afectada supera el 10% (y hasta un 60%) la producción es compensada. Los cultivos que alcanzan perjuicios por un 61% o más son considerados daños totales, recompensándose el 100% de los mismos.

Otra experiencia significativa ocurre en la provincia de Mendoza, donde los cultivos principales (vid, frutales y hortalizas) requieren de inversiones elevadas. Según indican datos de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC), cerca de 2000 productores mendocinos sufren los deterioros climáticos en sus cosechas anuales (en algunos casos, pérdidas mayores al 50%) a partir de heladas tardías y granizos.

Los fenómenos climáticos impactan de manera negativa en el ámbito socioeconómico, generando caídas en los puestos de trabajo y un progresivo abandono de la actividad.

Hasta el año 2012, Mendoza poseía un sistema de contratación de Compañías de Seguro individuales o en formato de pools mediante licitación pública. Este mecanismo fue modificado por falta de resultados satisfactorios, ya que gran parte de los fondos que el Estado Provincial transfería a las compañías privadas no se visualizaba en beneficios para los productores, sino en lucros empresariales. Sólo la mitad de los aportes iniciales realizados por el sector público se trasladaban al bolsillo del productor. Ante esta situación de ineficiencia fue creado el Fondo Solidario Agrícola, un sistema universal (de carácter obligatorio) en el que todos los productores realizan aportes mínimos para beneficiar a aquellos que se ven damnificados por heladas y granizos. Este aporte se realiza a partir de la base cultivada de cada productor. Su carácter universal brinda la posibilidad de garantizar compensaciones al 12% de los productores con menor nivel de capitalización, para que puedan cubrir los costos productivos del nuevo ciclo sin trasladar las consecuencias del siniestro en la próxima cosecha.

En el año 2009 fue sancionada a nivel nacional la ley N° 26.509, que crea un Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios frente a factores climáticos, meteorológicos, biológicos o físicos que afectan significativamente las producciones agropecuarias. En 2012, Corrientes estableció la ley N° 5.978 mediante la cual se adhiere a la legislación precedente y crea a su vez el  Sistema Provincial para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Con esta ley se constituyó, además, un Programa de Seguro Agrario. Según indica el Artículo segundo de la reglamentación, el Ejecutivo Provincial podrá “contratar seguros y servicios conexos, financiar y/o subsidiar al productor en la contratación de los mismos con el objeto de utilizarlos como herramientas de gestión de riesgos para disminuir las pérdidas debidas a las adversidades climáticas”. La suscripción a este sistema es voluntaria, las pólizas pueden ser individuales y colectivas, y se busca una mayor participación por parte de los productores involucrados. A su vez, el Estado posee las herramientas para generar información y estadísticas confiables a través de las cuales se designan los recursos. Es también el encargado de velar por el control y la aplicación de los mismos.

En el marco de esta legislación se llevó adelante un Programa Piloto de Seguros para pimientos y tomates bajo cobertura plástica, destinado a productores de hasta una hectárea localizados en los departamentos de Bella Vista, Lavalle, Goya, San Roque y el Cinturón Verde de Corrientes. El programa buscó proteger especialmente a los pequeños productores, de mayor vulnerabilidad. No tuvo costo para los agricultores familiares, ya que fue financiado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Estas medidas tienen como misión el cuidado de las economías regionales y las producciones que dan trabajo y contención social a un porcentaje elevado de productores en nuestro país. Resulta fundamental que las autoridades del sector público (gobiernos nacionales y provinciales) puedan ofrecer y garantizar sistemas de cobertura allí donde los privados no llegan, o llegan con ofertas elevadas que los productores no pueden afrontar. Sistemas de estructuras solidarias y de carácter universal favorecen la permanencia de los sectores productivos en la actividad y su capitalización constante para hacer frente a los fenómenos climáticos.

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El Cambio

A nivel general, la sociedad Argentina esperaba – y espera- un “cambio” que nos devolviera (?) lo perdido en los últimos años de gobierno.  En nuestra actividad, la promesa fue la vuelta al mundo. La rentabilidad. El salvataje de las economías regionales.

En los dos años de gobierno del equipo de Cambiemos nada ha cambiado para el sector frutihortícola en general.  Por caso el único punto en donde se han visto mejoras rescatables ha sido en el Mercado Central de Buenos Aires, en donde la nueva gestión está trabajando sobre las deterioradas infraestructuras del gigante bonaerense. Y aún allí hay muchos descontentos entre los operadores frente a los nuevas tarifas y disposiciones jurídicas que lleva adelanta la nueva dirección.

Las economías regionales frutihortícolas vieron  como las puertas del mundo se abrieron. Solo que hasta ahora en una sola dirección mayoritaria: desde afuera hacia adentro. Son muy pocas las empresas que han logrado aumentar los niveles de exportación de otros años. Y las grandes deudas pendientes sobre el campo siguen sin resolverse: ley de semillas, buenas prácticas agrícolas, cuidado del medio ambiente,  fortalecimiento de los pequeños productores de la agricultura familiar, las mejores condiciones para el trabajo rural, la precarización e informalidad en las fincas, el desarrollo tecnológico, el agregado de valor en origen, por nombrar algunos de los tantos de los reclamos varios que se le hicieron al kirchnerismo tanto de derecha como de izquierda (por categorizarlos muy globalmente) están ahí, intactos.

Sin embargo, el problema no está ahí, en la falta de soluciones. Nadie espera honestamente que en dos años un gobierno resuelva problemas estructurales. Pero si, al menos las propuestas.  Los dirigentes coinciden en que aún hoy, a dos años, los funcionarios que convocan a reuniones no tienen planes ni proyectos, pero eso sí: están abiertos a escuchar propuestas. El dialogo no falta.  Y cuando los dirigentes llevan las ideas: no hay presupuesto. Parece que estamos encerrados en un callejón sin salidas. Ni plan, ni recursos.

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Mejor con arándanos

El arándano constituye la tercera fruta de exportación de la Argentina y abastece al mercado interno durante ocho meses al año, de junio a enero. Es de fácil consumo y presenta una alta cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales que resultan muy beneficiosos para la salud. Sin embargo, no es común encontrarlo con frecuencia en las verdulerías de nuestro país, y muchos lo consideran una fruta restringida a ocasiones especiales. En la actualidad, el sector arandanero presenta un panorama alentador, con una exportación creciente, producción tecnificada, altos rendimientos por hectárea y un consecuente producto de calidad.

 

El arándano es una pequeña fruta de color azulado que posee una particular corona o estrella en su exterior y mide, según la variedad, entre 5 y 16 milímetros de diámetro. Proviene de América del Norte pero se cultiva en los dos hemisferios. Suele consumirse en fresco o industrializado en mermeladas, jugos o congelados. Su sabor es dulce con un dejo de acidez.

El cultivo del arándano en Argentina es relativamente nuevo. Comenzó a fines de la década de los 90 y se vio beneficiado por la devaluación del peso, que le permitió competir en costos frente a otros países de la región. La producción se divide en tres regiones principales: NOA, con las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca (1.308 hectáreas); NEA, en Corrientes y Entre Ríos (1040 hectáreas) y la región central de nuestro país con Buenos Aires (402 hectáreas). Existen 148 productores distribuidos entre las tres regiones: las zonas del NOA y NEA generan entre 7 y 8 millones de kilos de fruta anual, mientras que la provincia de Buenos Aires aporta otros 2 millones de kilos restantes. NOA y NEA ocupan una superficie plantada de 46% y 39% respectivamente. El 15% restante lo aporta la zona centro.

Nuestro país cuenta con una gran ventaja comparativa para la comercialización del arándano: su posición geográfica. Al estar ubicado en el hemisferio sur, produce frutas con la posibilidad de exportarlas en forma fresca a los mercados de mayor poder adquisitivo del hemisferio norte, cuando estos se encuentran desabastecidos. De esta manera Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea aparecen como principales destinos, si bien el fruto se exporta también hacia otros continentes. Esto posiciona a la producción nacional en el cuarto lugar a nivel mundial.

Lo que caracteriza a las plantaciones de arándanos es que se trata de producciones intensivas en mano de obra y capital. Generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales y regionales. Las plantaciones de arándanos argentinos se encuentran muy tecnificadas en los sistemas de riego, control de heladas y mecanización en la etapa del empaque, donde se separa el producto por calibre, firmeza y color. Sin embargo, el objetivo actual del sector arandanero es producir más y mejor, profundizando su posicionamiento en el mercado externo a través del perfeccionamiento de los cultivos de manera integral.

Las plantaciones de arándanos generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías locales y regionales.

El ente que núclea a productores y exportadores del sector arandanero es el ABC (Comité Argentino de Arándanos), asociación civil que reúne además a las cámaras regionales de la Argentina junto a las regionales del sector, que son la Asociación de Productores de la Mesopotamia (APAMA), la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB), y la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC). El ABC representa más del 80% de las exportaciones de arándanos de nuestro país.

El arándano es un fruto que posee diversas variedades, las cuales se cultivan según la zona de producción y el momento del año en que se realizan. Las tempranas son propias del norte y las tardías, del sur. Misty y O’Neal son dos de las variedades más plantadas en Argentina. La primera requiere 250 horas de frío, es de floración y maduración temprana, y su planta es muy productiva en cuanto a cantidad de frutos. La segunda demanda 400 horas de frío y ofrece una fruta de tamaño medio y muy buen sabor, que madura entre los meses de octubre-noviembre. Snowchaser, Emeraldm, Star, Scintilla, San Joaquín, Sweetscrip y Farthing son algunos de los nombres de otras variedades de arándanos que se producen en Argentina. El desarrollo en tecnología varietal de los últimos años permitió la permanencia en los mercados internacionales, volviendo muy valorados a los frutos producidos sobre todo en las zonas del NOA y NEA del territorio nacional.

Exportación

Nuestro país abastece el mercado internacional por vía aérea desde hace 20 años. Cuenta con dos aeropuertos internacionales: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Benjamín Matienzo, en Tucumán. Sin embargo, hoy encuentra grandes desafíos en torno a la exportación. Al ser un fruto altamente perecedero y muy delicado en su tratamiento, el arándano necesita llegar lo más rápido posible a destino, conservado en cámaras de frío que garanticen la calidad y presentación del producto. El traslado en avión es el principal transporte que utiliza el sector arandanero, ya que casi el 90% de su producción se envía por este medio. Pese a esto, en comparación con la carga marítima, los costos son muy altos y comienzan a marcar diferencia respecto a los nuevos competidores que aparecen en el mercado. En los últimos años emergió con fuerza la producción de Perú, que exporta su mercadería por el mar, reduciendo valores de envío. Se estima que el costo de enviar la fruta vía aérea es de 2,50 dólares el kilo, mientras que el costo por mar es de 50 centavos dólar. Esta diferencia de 2 dólares repercute fuertemente en el precio final: la comercialización se da en cajas tradicionales de 2 kilos, lo que resulta en una diferencia total de 4 dólares por caja en cada envío.

En definitiva, lo que necesita el sector arandanero es modificar su matriz logística y comenzar a exportar por barco mayores porcentajes de producción, dando vuelta la ecuación actual en los próximos años. Pero además requiere inversión para cosechar cada vez mejores frutos, en el momento justo, acompañados por tecnologías de frío y atmósferas controladas. El objetivo es que los mismos puedan recorrer estas largas rutas (de 27 a 30 días según los destinos) y llegar en perfectas condiciones para su consumo.

El trabajo articulado con el gobierno nacional permitió que el sector arandanero se vea beneficiado por algunas mejoras en infraestructura de aeropuertos, que potenció los envíos al mercado exterior. Esta situación, sumada a las buenas condiciones climáticas del último año, ofrece un panorama alentador. Las números para el 2017 indican que las exportaciones alcanzaron las 18.000 toneladas, un 5% más respecto de 2016. Sin embargo, desde el ABC esperan reformas impositivas y laborales para aumentar la competitividad. Cabe recordar que meses atrás el gobierno de Mauricio Macri dispuso la eliminación del jornal máximo para los cosecheros de arándanos, relegando así los 25 kilos que había dispuesto meses atrás la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

Diversificar los destinos

Estados Unidos es el principal mercado importador de arándanos argentinos. Siete de cada diez kilos de fruta producidos en territorio nacional tienen como destino al país norteamericano, concentrando el 70% de los envíos. El sector arandanero busca modificar esta fuerte dependencia a través de otros mercados como el europeo (al cual exporta una parte de la producción, principalmente a Inglaterra) y Asia, con China como un prometedor comprador.

Estados Unidos es el principal mercado importador de arándanos argentinos: 7 de cada 10 kilos de fruta producidos en territorio nacional tienen como destino al país norteamericano.

Por eso durante el mes de diciembre, luego de extensas gestiones por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se concretó la apertura del mercado chino para exportar arándanos frescos. El convenio se dio tras la firma de los respectivos protocolos de salubridad con la autoridad sanitaria china (AQSIQ). A pesar de lograr un importante acuerdo para la actividad, dirigentes del sector se mostraron cautos ya que la concreción de los envíos dependerá de cómo se desarrolle la próxima campaña arandanera. Federico Bayá, actual presidente del Comité Argentino de Arándanos, explica que el país asiático “es un mercado que, si se nos abre, puede permitir atomizar la distribución de la fruta, que hoy se encuentra demasiado cargada a Estados Unidos”.

Casi el 90% de la producción de arándanos se exporta vía aérea.

Esta voluntad por desconcentrar la exportación se relaciona además con la necesidad de direccionar la oferta hacia países que prioricen la calidad de los productos argentinos. Debido al fuerte crecimiento de la producción peruana, que comenzó a plantar de manera muy importante en los últimos 5 años con menores costos (en 2016 cosechó 26 millones de kilos, contra los 17 de Argentina), los productores locales comenzaron a pensar de qué manera enfrentar este fenómeno. Además, Argentina compite directamente con Chile, importante exportador a nivel mundial de arándanos. En este contexto surge la posibilidad de pensar en nuevos “mercados fuertes” donde el diferencial sea la calidad del fruto nacional. De esta manera, Europa y Asia aparecen como opciones viables para profundizar la exportación y diversificar la oferta respecto al mercado estadounidense, que prioriza el precio del producto y no tanto su sabor.

El mercado interno, una alternativa posible

Otro de los desafíos importantes que encara actualmente el sector arandanero es la apuesta por el mercado interno. En el año 2017, Argentina produjo alrededor de 22 toneladas de fruta; de esa cantidad, 17 toneladas se exportaron como frutas en fresco, 3 fueron destinadas a productos congelados y solo 2 se dirigieron al mercado interno. Esto marca que la demanda actual es escasa: los arándanos están asociados a un producto premium y suelen consumirse sólo en determinados momentos del año.

De esta manera, desde la ABC se ha decidido dedicar recursos en una campaña de difusión llamada “Mejor con arándanos” lanzada durante el mes de septiembre de 2017. La misma se propuso brindar capacitaciones e información tanto a puesteros de los mercados de abasto como a las verdulerías que comercializan de manera minorista la fruta. Además, hizo hincapié en el consumidor final del producto, ofreciendo datos sobre las formas en que puede ser consumido, manipulado y conservado. El arándano es un fruto que no está presente de manera masiva en el paladar y la cultura de consumo Argentina. Federico Bayá comentó al respecto: “Cuando hay pocos (arándanos) valen oro y cuando hay muchos no valen nada. Queremos que el producto tenga un precio estable en el año. Que el consumidor sepa que lo puede encontrar desde el mes de junio hasta el mes de enero”. En ese sentido, el dirigente agrega que el sector busca “desarrollar el mercado interno ofreciendo productos de exportación adaptados a las exigencias de los consumidores locales, que requieren una alta calidad a precios accesibles”. A través de información, material publicitario y de difusión, la campaña apunta a transmitir las múltiples maneras en que el producto, fresco o industrializado, puede llegar a la mesa de los argentinos.

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Producir alimentos: una responsabilidad mayor

Argentina dispone de un complejo sistema normativo para el control en la elaboración de alimentos frescos y de valor agregado. Todo proceso productivo debe respetar reglamentaciones mínimas para dar cuenta de un resultado inocuo, tanto en la elaboración como en la comercialización de los productos. Dónde inscribirse, qué calidad mínima garantizar o cómo trabajar de manera conjunta con los organismos sanitarios, son algunos de los ejes que aborda este artículo y que todo productor y/o elaborador debería tener en claro.

Para lograr que cada alimento expuesto en góndola pueda ser adquirido sin riesgo por la población, se montan sistemas de control para detectar posibles fallas o irregularidades en la elaboración. Éstos son un conjunto de métodos, observaciones y disciplinas que permiten a las autoridades detectar alimentos adulterados, en mal estado o no habilitados, entre otras cosas­­.

En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) brinda las disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial propias del Reglamento Alimentario. Aprobado mediante la ley nacional 18.284, establece los patrones legales mínimos que debe respetar un alimento para ser producido y comercializado dentro del territorio nacional y fuera de este, en caso de exportación.

El CAA regula a todos los alimentos, bebidas, condimentos y aditivos alimentarios que se elaboran, fraccionan, conservan, trasportan y comercializan en los establecimientos, como también a las personas o firmas comerciales que los produzcan: es decir, personas físicas o jurídicas. El Código se aplica en todo el país porque la totalidad de las provincias se adhirió al mismo.

Para el cumplimiento de esta ley el Estado emplea un Sistema Nacional de Control de Alimentos, donde se encuentra la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), integrada por representantes de gobiernos provinciales y nacionales de las áreas de salud, producción y bromatología.

A su vez, las dos entidades encargadas de la supervisión de alimentos a nivel nacional son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Alimentos (INNAL), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). SENASA responde al ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación y cuenta con 14 centros regionales y 362 oficinas en todo el país. El INNAL al Ministerio de Salud y posee 4 sedes en todo el país: Buenos Aires, Mendoza, Corrientes y Misiones.

Las dos entidades encargadas de la supervisión de alimentos a nivel nacional son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Uno, el SENASA, controla los productos considerados frescos (frutas y verduras, carnes, huevos, miel, legumbres, cereales, oleaginosas, pescados y productos de la pesca, entre otros) y el otro, el INNAL, los productos listos para consumo, industrializados. Exepcionalmente, la cadena lactea es controlada por ambos organismos.

Registros Nacionales

 

RENSPA

La producción de alimentos primarios no procesados debe estar asentada en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Este registro permite el seguimiento y fortalece el control sanitario, preservando la sanidad, higiene e inocuidad de los productos agropecuarios, insumos y alimentos. Además, posibilita el control de las normas que obligan a los productores a prevenir, erradicar y controlar enfermedades y plagas.

RNPA

El Registro Nacional de Producto Alimenticio es un número de identificación que otorga la ASJC (Autoridad Sanitaria Jurisdiccional Competente) a los productos elaborados por un establecimiento que desee comercializarlos o transportarlos fuera de su ejido municipal. Cada producto elaborado por un determinado establecimiento, debe poseer su número de RNPA.

RNE
El Registro Nacional de Establecimiento es, también, un número identificatorio que otorga la ASJC. Ésta se le asigna a toda persona física o jurídica, firma comercial, establecimiento o fábrica de alimentos que desee comercializar sus productos fuera de su ejido municipal. El RNE es único, pero puede tener uno o más RNPA asociados.

Este Sistema Nacional de Control permite a su vez a cada jurisdicción provincial ejercer el “control de policía” sobre productores y elaboradores que trabajan dentro de aquellos territorios. Eso significa que ese poder se encuentra descentralizado.

Por eso existen organismos locales de control. A modo de ejemplo podemos mencionar a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), de Santa Fe, y a la Dirección General de Alimentos, de la provincia de Córdoba. Ambas trabajan de manera conjunta con las instituciones nacionales. También sucede que algunos gobiernos provinciales deciden transferir algunas de estas facultades de control a los municipios. Y asi se va complejizando aún más el sistema de control nacional.

Todo este trabajo conjunto persigue un único objetivo: hacer cumplir el Código Alimentario Argentino. Algunas de esas tareas están vinculadas a la verificación de los ingredientes que se utilizan para la elaboración de los alimentos, el respeto a la información requerida en los rotulados, la presencia de los establecimientos en los registros nacionales correspondientes y la garantía de ofrecer alimentos libres de elementos contaminantes, entre otras exigencias. Para ello todas estas instituciones trabajan de manera vinculada con laboratorios ubicados en distintas localidades de nuestro país, los cuales analizan muestras para verificar la condición de los alimentos en caso de denuncias por mal estado o irregularidades similares. Estos laboratorios han conformado la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RENALOA).

Esta dispersión jurídica ha dado lugar también a la creación de la Red Nacional de Protección de Alimentos (RENAPRA), integrada por diversos agentes que cumplen tareas en servicios oficiales de control de alimentos, como los que se vienen mencionando. Esta red coordina y apoya proyectos que trabajan en pos de un mismo propósito, evitando que se superpongan esfuerzos y se desperdicien recursos a nivel país. RENAPRA propicia información para mantener a los miembros de este Sistema Nacional de Control de Alimentos de forma actualizada en la materia. Además, busca establecer lazos para incrementar el trabajo regional y en red de las autoridades: intercambiar experiencias, aportar conocimiento a la literatura ya existente y elaborar análisis mediante los datos recolectados a través de errores y aciertos.

¿Entonces, qué debe hacer un productor o elaborador de alimentos?

El Código Alimentario Argentino establece que las empresas productoras y fraccionadoras deben realizar de manera previa al inicio de sus actividades los trámites de inscripción y autorización ante las autoridades sanitarias competentes. Una vez habilitada, la empresa recibe un número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE). Asimismo, también debe registrarse cada producto antes de salir al mercado; estos son identificados a través de un número de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

Estos registros permiten que las autoridades realicen un seguimiento de los productos para garantizar su calidad al momento de la comercialización. Son tres las principales causas que hacen que un alimento se prohíba: que no esté inscripto el producto o el establecimiento (es decir, que no posea número de R.N.E y R.N.P.A); que esté contaminado o que se encuentre adulterado o falsificado. En muchos casos se combinan diferentes infracciones: por ejemplo, hay productos que además de no estar inscriptos, se encuentran adulterados en su composición.

Al ser Argentina un país tan grande y disperso, el control se hace difícil. Las autoridades sanitarias reconocen que poseen lo que ellos llaman tres “canales” para conocer las condiciones de los alimentos que deben regular. El primer canal es el de la vigilancia de alimentos, que consta de diversos, y en general escasos, procedimientos de verificación y control que realizan los mismos organismos sobre el estado de los productos que se están comercializando. El segundo canal pueden ser los brotes epidemiológicos que se detectan en los hospitales. Estos casos, generalmente de suma gravedad, requieren la actuación inmediata de las autoridades con el objetivo de evitar su expansión. A partir de la detección de estos síntomas se comienza a investigar el posible motivo de su origen. Y el tercero lo constituyen las denuncias de los consumidores que, no conformes con el producto que adquieren, presentan su reclamo.

Cuando se recibe una denuncia por un alimento que se encuentra en mal estado o presenta alguna anomalía, lo primero que se verifica es si el mismo está o no habilitado; dependiendo de esa información, es más o menos factible hallar al elaborador. Si un alimento no se encuentra habilitado es imposible verificar el origen de su elaboración y, por lo tanto, su inocuidad. Al llegar a las manos de los consumidores los productos deben dar cuenta de su lugar de origen, como también de la empresa que lo hace, dado que el RNE asegura que esa empresa ha sido auditada y cumple mínimamente con las Buenas Prácticas de Manufactura. Si esta información no existe (o existe de manera errónea o ambigua en el rótulo) se procede al retiro del alimento de manera inmediata, hasta que la firma elaboradora se adapte a la legislación correspondiente.

En el caso de que el alimento esté habilitado, el próximo paso es investigar el hecho de la denuncia. Para ello, las autoridades sanitarias cuentan con equipos técnicos y áreas de laboratorios que realizan auditorías a los establecimientos elaboradores, poniendo el foco en la problemática denunciada y realizando muestreos del producto si el reclamo fuera por contaminación de índole biológica, física o química.

Aquí los casos son más complejos y requieren de mayor investigación. Las autoridades sanitarias deben determinar si realmente ese alimento se encuentra en mal estado y, de ser así, cuáles han sido las causas. Puede ocurrir que los problemas sucedan durante el proceso de producción (en la fábrica) o bien que la responsabilidad la tengan quienes realizan el transporte y la comercialización del alimento (por ejemplo, pérdida en la cadena de frío). Si la responsabilidad recae sobre el establecimiento, se exhorta al mismo a modificar sus condiciones de producción inmediatamente.

Otra situación muy común que deben regular las autoridades sanitarias es la adulteración de los alimentos. Esto se da cuando no se respetan los ingredientes que hacen que un producto sea lo que es. Estas exigencias se encuentran también en el CAA; sin embargo, muchas veces las empresas falsifican los alimentos para abaratar costos.

Federico Priotti, Director General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba, nos decía al respecto: “El caso típico es el de la miel, que se la mezcla con otros azúcares como glucosa o jarabe de fructuosa para simular que es miel, de modo de engañar al consumidor. No es fácil de detectar, pero hemos encontrado muchos productos de este tipo. En algunos casos se les llega a poner hasta grasa para darle consistencia. Retiramos rápidamente esas mieles del mercado” aseguró.

Mejorar las condiciones de producción

Cuando se demuestra que un producto está adulterado o falsificado, las autoridades sanitarias inician el proceso sancionatorio con el objeto de que se corrija el error. Dentro de las sanciones está el retiro del mercado, prohibiendo su circulación y la imposición de una multa.

En esta instancia, además de la sanción, se trabaja de manera conjunta con la empresa para que, modificando las prácticas realizadas, sus productos mejoren en calidad y no se generan nuevas fallas. Al respecto de esta práctica, Federico Priotti explicó: “Lo que nosotros hacemos es intentar reconstruir la trazabilidad del producto para saber qué pasa en la cadena de alimentos, entender cuáles son las causas y las responsabilidades. Pero siempre apuntando a que las empresas puedan garantizar cada vez mejor mercadería”.

Producir alimentos es una tarea gratificante, pero que requiere del cumplimiento de las normas que exigen las autoridades nacionales, provinciales y municipales, en pos de cuidar la salud de los consumidores y lograr un sistema productivo cada vez más grande y eficiente.

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