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Política Sectorial

Serán obligatorias las Buenas Prácticas Agrícolas para frutas y hortalizas

|Argentina|

Ya no es una novedad que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) serán incorporadas al Código Alimentario Argentino (CAA) y su cumplimiento será obligatorio para productores de frutas y hortalizas.

Revista InterNos se comunicó con Mónica Ruiz, del Departamento de Gestión Ambiental del Senasa, para conocer qué perspectivas tiene el organismo sanitario respecto al cumplimiento de la normativa cuya obligatoriedad será exigida en dos años para las frutas y tres para las verduras.

“Desde Senasa trabajamos con los productores en difusión y sensibilización. Todas las etapas, desde siembra a la cosecha, deben hacerse bajo las Buenas Prácticas Agrícolas”, explica Ruiz. “Buscamos que se logre un producto totalmente inocuo, cuidando la salud del productor, la sostenibilidad ambiental y la calidad de los alimentos”.

Ruiz asegura que la adaptación a la normativa no será difícil para los productores frutícolas. “En el caso de las frutas, como muchos son exportadores, no van a tener grandes dificultades. El que exporta ya tiene que cumplir con muchos requisitos”, explica.

En horticultura, sin embargo, el panorama cambia. Existen muchos productores informados y capacitados, pero no esto no es regla general. “Dentro de los productores de hortalizas hay grandes diferencias. Algunos trabajan muy bien y otros tienen van a tener que hacer ajustes para cumplir esos requisitos”, dice Ruiz.

Cuando visita las quintas, en no pocas oportunidades Senasa advierte algunas “malas prácticas” como el incorrecto almacenamiento de los envases de productos fitosanitarios, la falta de análisis de agua para riego o la cría de animales en el predio donde se produce verdura. “Existe una diversidad de problemas, pero no en todas las explotaciones”, aclara la funcionaria.

Desde la siembra a la cosecha

Cumplimentar con las Buenas Prácticas es asegurar un proceso productivo que garantice a los consumidores alimentos sanos, seguros e inocuos. Así, entre otras cosas, un horticultor debe dar cuenta de un correcto manejo del agua, los fertilizantes y los productos fitosanitarios; también debe identificar su producto correctamente y demostrar su trazabilidad.

Pero las BPA también sirven para cuidar la salud de los productores, y más precisamente de los aplicadores de agroquímicos. “Deben preparar los fitosanitarios con todos los resguardos,  usar los Elementos de Protección Personal (EPP), identificar y almacenar los envases, leer las recomendaciones en las etiquetas”.

Además de los beneficios obvios para la salud, dice Ruiz, cumplimentar con las BPA significa optimizar los recursos. “Si vos haces las cosas bien, hay eficiencia y reducción de gastos. Porque vos vas a aplicar lo que tenés que aplicar. Si aplicas de menos o de más, o en las condiciones ambientales que no son las correctas, tenés un desperdicio”.

Al ser consultada sobre los recortes que el gobierno actual realizó sobre el organismo sanitario, y la posibilidad de que los mismos dificulten la capacitación de los productores, Ruiz declaró que será responsabilidad del actual equipo del Senasa “ser más eficientes con los recursos que tenemos” para lograr que la información llegue a los lugares necesarios.

En ese plan se pensó y lanzó una Curso Virtual de Buenas Prácticas Agrícolas destinado a técnicos y profesionales del sector frutihortícola, con el objetivo de brindar herramientas sobre BPA que éstos luego puedan trasladar a sus colegas y zonas de trabajo.

El curso online comenzará el 24 de septiembre, durará 8 semanas y deberán completarse 24 horas de cursado. Las inscripciones se extienden hasta el 11 de septiembre y hay vacantes limitadas.

Política Sectorial

Productor de Corrientes podría ser condenado por negligente aplicación de agroquímicos

|Corrientes|

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes hizo lugar al recurso de casación y ordenó revisar la causa del productor agrícola Ricardo Prieto, absuelto luego de ser acusado de homicidio culposo por aplicación de agroquímicos en la localidad de Lavalle.

Prieto había sido imputado en el año 2011 por la muerte de Santiago Nicolás Arévalos (5 años de edad) a causa de una supuesta conducta negligente desplegada durante la fumigación de sus plantaciones de tomates y hortalizas. Según señala el fallo original, el productor no controló en forma personal el proceso de las aplicaciones realizadas por sus operarios, ya que las mismas se realizaron “con las cortinas de los tendaleros levantadas, situación que permitió que los tóxicos que contienen los productos plaguicidas organoclorados alfa endosulfan se propagaran por la acción eólica en zonas aledañas”.

El informe judicial que relata lo transcurrido en 2011 afirma que como resultado de esa acción, los menores Celeste Abigail Estévez y Santiago Nicolas Arévalo (5 y 4 años de edad respectivamente) que se encontraban jugando en el lugar, inhalaron esas sustancias provocando en la niña lesiones de carácter gravísimas y en el niño edema agudo de pulmón producido por intoxicación, que le produjo la muerte.

En diciembre de 2016 Prieto fue absuelto de culpa y cargo por el Tribunal Oral Penal (TOP) de Goya al otorgarle el beneficio de la duda por insuficiencia probatoria. Sin embargo, el pasado miércoles 31 de octubre la resolución del STJ hizo lugar al recurso de casación interpuesto tanto por la Fiscalía como por el querellante conjunto y ordenó reenviar la causa para que se dicte nueva sentencia.

Desde la corte provincial aseguraron que “el TOP ha efectuado un análisis parcializado de las pruebas” y que “debían tenerse en cuenta los testimonios de los familiares de la víctima y pobladores de la zona”. Además, consideraron que la absolución de Prieto no tuvo en cuenta los resultados de los estudios químicos efectuados en su propiedad, que arrojaban resultado positivo para organoclorados.

Además, sostuvieron que estaba “debidamente probado con testimonios de profesionales ingenieros y con informes técnicos que la acción emprendida en la finca -la fumigación con organoclorado- entrañaba un peligro jurídicamente relevante, perceptible de lesión típica de bienes jurídicos, por resultar generador de riesgo para la salud, integridad física y vida”.

En este sentido, la corte señaló que el productor tenía la responsabilidad de informarse sobre las pautas y normas existentes para realizar correctamente las fumigaciones, las cuales debían ser controladas desde la preparación del producto hasta la finalización de la aplicación.

Frente a este nuevo panorama, el expediente de Ricardo Prieto volverá al Tribunal de Goya, ahora con otra conformación, esperando nuevo veredicto.

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Política Sectorial

Senasa amplía exigencias del DTV en frutas

|Argentina|

A través de una resolución publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el DTV-e comenzará a regir también ahora para el traslado de las frutas hospedantes de las plagas Anastrepha fraterculus (mosca sudamericana) y Ceratitis capitata (mosca del Mediterráneo).

La reglamentación, que entrará en vigencia a partir del 22 de noviembre, se suma a la lista que integran uva, pimiento, durazno y nectarina desde principio de año; y más recientemente las hortalizas pesadas con papa, batata, ajo, cebollas y tubérculos andinos.

Además, se establece que todos los productos o subproductos que circulen al amparo del Documento de Tránsito Vegetal (DTV) serán eximidos de emitir Declaración Jurada de ingreso de productos vegetales.

Quienes no realicen el trámite correspondiente para el traslado federal de la mercadería pueden ser sancionados con el decomiso de la misma, suspensiones, clausuras temporarias o definitivas y multas monetarias de importantes sumas, según lo determinado en el capítulo V de la Ley N° 27.233.

Cabe recordar que semanas atrás la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas (Fenaomfra) solicitó a Senasa que prorrogara la implementación del DTV-e, argumentando dificultades técnicas para llevarlo adelante con normalidad. Desde el organismo sanitario respondieron que dicha prórroga se producirá “de hecho” por la demora natural que representan los cambios de este tipo.

Senasa recordó que el documento se emite en forma gratuita por autogestión a través del sistema informático Sig-DTV.

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Política Sectorial

La justicia sobreseyó a Etchevehere por el cobro del bono de la Sociedad Rural

|Argentina|

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere,  fue sobreseído de la causa en la cual era investigado por el cobro de un bono de “carácter excepcional y retributivo” por 500 mil pesos proveniente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El funcionario había sido denunciado en diciembre de 2017 por el abogado Leonardo Martínez Herrero y era investigado por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. Cabe recordar que este bono llegó a manos de Etchevehere al momento de asumir su tarea como funcionario público, en un contexto de recortes para instituciones públicas como INTI, SENASA e INTA.

Diez meses después, Marcelo Martínez Di Giorgio, juez federal a cargo de la causa, consideró que “los hechos que se le han imputado no encuadran en figura legal ninguna”. El magistrado afirmó que “no hay en el pago consideración ninguna referente al cargo público que Etchevehere iba a asumir en forma inminente”. La asignación del bono había causado polémica al tratarse de una entidad privada (que Etchvehere presidió durante cinco años) transfiriendo dinero a un funcionario de la Nación. Por aquel entonces, la SRA había informado que el dinero no correspondía a una dádiva sino a una “retribución extraordinaria” por su labor en la institución.

Lo cierto es que en febrero de este año Etchevehere renunció a este beneficio y transfirió nuevamente el dinero a las arcas de la SRA. “Cumplo mi deseo de ratificar firme e incolúmne vocación con la ética, la legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta convicción”, anunció el por entonces ministro y ahora secretario de Agroindustria.

Martínez Di Giorgio determinó que “el cuadro de inocencia termina de delinearse con la devolución del monto percibido” y el posterior dictado del decreto 303/2018, en el que se excusa al funcionario de intervenir en cuestiones “relacionadas con personas humanas o jurídicas a las que hubiere estado relacionado en los últimos tres años”.

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