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Política Sectorial

Alejandro Fernández: “Que haya presencia de residuos químicos no quiere decir que ese alimento esté contaminado”

|Argentina|

En el panel sobre “Inocuidad en hortalizas” realizado en la Expo Jornada Hortícola días atrás, el director de Higiene e Inocuidad en Productos de Origen Vegetal de Senasa, el Ing. Agrónomo Alejandro Fernández, brindó algunas definiciones a la hora de hablar de contaminación en frutas y hortalizas. Centrándose en la preocupación que genera la presencia de residuos químicos en los alimentos, el funcionario detalló la manera en que Senasa calcula el impacto de los mismos en la salud de los consumidores.

Para Fernández es “esperable” que en los sistemas de producción tradicionales existan residuos o porciones de residuos de las sustancias químicas utilizadas para minimizar la presencia de enfermedades o plagas. “Como sabemos que esto puede ocurrir, necesitamos comprender el comportamiento de estas sustancias. Cuál es el daño que pueden producir y a qué nivel. El hecho de que haya presencia de residuos no quiere decir que ese alimento esté contaminado o intoxicando al consumidor”, dijo el ingeniero.

Para comprender mejor este punto, el funcionario introdujo el concepto de “peligro” y “riesgo”. El primero hace referencia a la posibilidad de que un alimento pueda ser dañino desde su aspecto químico (residuos de fitosanitarios), físico (restos de madera o clavos) o microbiológicos (presencia de patógenos o parásitos). Por otra parte, hablar de “riesgo” es pensar en los niveles, frecuencias y cantidades que una persona, a través de la dieta de una hortaliza o fruta, se expone a uno o varios de estos contaminantes. Respecto a los residuos químicos, establecer el riesgo es conocer en qué cantidad un contaminante está presente en un alimento y con qué frecuencia se lo consume para determinar si ese nivel intoxica o no.

“Lo que estamos viendo en general en los medios es que afirman que hay porcentajes de residuos en la lechuga, la pera o el limón. Eso me dice que hay un peligro presente, pero no me dice cuál es el nivel de ese peligro o si están hechas las evaluaciones de riesgo para determinar que aquella persona que consume el alimento con ese nivel realmente se intoxica”, profundizó el ingeniero.

En este sentido, Fernández explicó que Senasa realiza una serie de ensayos antes de habilitar la utilización de una sustancia, en los que mide cómo la misma ingresa al cuerpo (por qué vía), cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Es decir, estudia el impacto en el usuario aplicador, en el consumidor y en el ambiente. Además realiza ensayos de campo para conocer el comportamiento del producto en distintas regiones productivas del país y en los cultivos que se lo pretenda usar.

«Lo que hay que evaluar es el nivel de residuos, si ese nivel está afectando la salud del consumidor».

De esta manera establece dos niveles para la evaluación del riesgo: la ingesta diaria admisible (IDA) y la dosis de referencia aguda (ARfD). La primera se calcula a partir del resultado más problemático que presenten los estudios anteriormente mencionados. “Representa una pequeña cantidad de miligramos por kilo de peso de la persona, por día, que puede consumir esa persona todos los días sin que le provoque un efecto adverso en su salud”, dice Fernández. Por otro lado, la dosis de referencia aguda es la cantidad mínima de dicha sustancia que debe ingerirse en una sola comida para que esta ingestión pueda resultar en intoxicación aguda. A partir de esta información se establece luego el LMR (Límite Máximo de Residuos) que puede existir en dichas frutas y hortalizas sin dañar la salud de los consumidores. Esos valores, dice Fernández, nunca pueden superar la ingesta diaria admisible ni, por supuesto, la dosis de referencia aguda. “Hay un margen de seguridad importante entre el límite que se fija y lo que realmente estaría afectando la salud del consumidor”, asegura el funcionario.

Es necesario mencionar que estas evaluaciones tendrán sentido siempre y cuando los productores realicen sus tareas bajo el paragua de las Buenas Prácticas Agrícolas, que reducen los riesgos de contaminación tanto química, como física y microbiológica. Para Fernández, estos riesgos deben eliminarse profundizando la aplicación de las BPA que, como ya se anunció en el Boletín Oficial, serán obligatorias en 2020 para frutas y en 2021 para hortalizas.

Un consumidor preocupado

El miedo a consumir frutas y hortalizas con presencia de residuos químicos ha crecido en los últimos años, y no de manera injustificada. La irresponsabilidad de algunos productores a la hora de aplicar sin respetar las distancias mínimas, la utilización de sustancias no registradas o manipuladas sobre cultivos no habilitados (lo que se considera desvío de uso) y la falta de seguimiento en los períodos de carencia (tiempo necesario para que el residuo de un plaguicida alcance una concentración por debajo del LMR) son motivos suficientes para que los consumidores tomen mayores recaudos frente a este sistema productivo. A esto se le suma una mayor circulación de publicaciones periodísticas que ponen el foco en dichas negligencias, aunque en algunas oportunidades se utilicen títulos tendenciosos o directamente erróneos. Un ejemplo es la nota publicada meses atrás por el diario nacional Infobae, en el que se afirma que más de la mitad de las frutas y verduras que llegan al Mercado Central son “descartadas por excesos de agrotóxicos” luego de ser evaluadas en los laboratorios del organismo. Sobre este punto consultamos al ingeniero Fernández.

¿Qué cree que debe hacer Senasa cuando aparecen este tipo de artículos?

Estudio Malaquita

En primer lugar, responder. Tratar de dar la información correcta que nosotros históricamente manejamos en los planes de muestreo. Creo que en esa nota hubo un error en la interpretación de datos muy grosero. Los datos de Senasa indican que el 62% de las muestras tienen presencia de alguna sustancia. Hay un 38% que no tiene nada. Entonces asociaron el “tiene” a que se descarta o se tira. Y hay una confusión más: los datos que tiene Senasa no son del Mercado Central, sino de todos los mercados del país donde se sacan muestras. Son datos de los mercados concentradores inscriptos en Senasa y de los sitios de expedición de los grandes hipermercados. También sacamos muestras en productores, en empaques. Entonces los resultados son generales, son estadísticas obtenidas de todos estos puntos.

Usted plantea que la presencia de residuos químicos no es de por sí peligrosa.

Lo que hay que evaluar es el nivel de residuos. Si con ese nivel está afectándose la salud del consumidor. Y eso tiene que ver con la dosis. Entonces, dependiendo de la cantidad que ingieras te puede provocar daño o no. Que esté presente no quiere decir que te genere un daño.

De cualquiera manera, no parece injustificado el miedo de los consumidores ante la posibilidad de contaminaciones de este tipo.

Hay un consumidor preocupado y está bueno que así sea. Lo que a nosotros de pronto no nos gusta es que esa preocupación tenga que ver con una información que no es correcta. A nadie le gusta comer un alimento que tenga presencia de un contaminante, esta es la realidad. El problema es que esa preocupación tiene que ver con una percepción que se asocia más con la viralización de ciertas noticias o a ciertas posiciones personales sobre la situación de la contaminación, y que no tienen que ver con la cuestión científica con la que nosotros trabajamos día a día. La realidad es una cosa, la percepción es otra.

En su presentación hizo referencia a la necesidad de educar “consumidores responsables”. ¿A qué se refiere específicamente?

Es necesario que el consumidor acceda a comprar en lugares habilitados y que verifique que el producto que compra esté identificado, es decir, que tenga un rótulo en el cajón y que identifique al productor. El consumidor tiene derecho a exigir saber quién es el que produce esa verdura. En el momento en que esto se comience exigir, seguramente los productores van a tener que regularizarse para que no quedar afuera.

Estamos un poco lejos de eso todavía, ¿no?

Absolutamente, pero es educación y comunicación. Forma parte de un esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer en el mediano plazo.

Política Sectorial

¿Cómo votaron las principales localidades frutícolas del país?

|Argentina|

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)​ fueron un gran golpe para el gobierno nacional. El principal candidato de la oposición, Alberto Fernández (Frente de Todos), derrotó por más de 15 puntos al actual presidente de la Nación Mauricio Macri, quien tendrá una parada difícil en octubre para ser reelegido.

Los resultados sorprendieron a propios y ajenos, tanto por la diferencia porcentual como por el categórico mensaje que significó para Cambiemos perder en todos los distritos del país, a excepción de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si miramos lo que sucedió en las principales localidades frutícolas, la situación no cambia demasiado. Lo que se observa es un rechazo generalizado a las reglas de juego que el gobierno planteó a las principales Economías Regionales en los últimos años: altos costos por inflación, retenciones a la exportación de productos primarios con mano de obra intensiva y baja de los reintegros por envíos al exterior, entre otras cosas.

A modo de ejemplo, vale mencionar lo sucedido en la localidad de General Roca, una de las ciudades más representativas de la producción de fruta de pepita en el Valle rionegrino, donde la oposición se impuso por el 30% de diferencia frente a la fórmula del actual gobierno nacional (53,6% a 22,5%). Para ser justos, la producción de peras y manzanas al sur de nuestro país atraviesa una crisis sostenida desde hace por lo menos una década, sin embargo muchas de las decisiones del ahora Ministerio de Agroindustria, Pesca y Ganadería no hicieron más que profundizar esta situación.

Tareas de poda en manzanos. La producción de fruta de pepita en el Valle, una de las más golpeadas

En ese contexto, vale recordar los problemas sanitarios que tuvo la región por el envío de mercadería con carpocapsa a Brasil en febrero de este año; hecho por el cual ese mercado estuvo virtualmente cerrado durante algunos días. Muchos productores adujeron que la situación era resultado de la falta de inversión en tareas sanitarias, producida por la poca rentabilidad de los chachareros. Las dificultades del sector no son un fantasma en la cabeza de los empresarios y fruticultores del sector. El propio gobierno aceptó las dificultades cuando extendió la Emergencia Productiva a la producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.

Esta situación electoral se repitió en dos localidades de producción citrícola por excelencia como lo son Bella Vista en Corrientes (con 3760.83 hectáreas de cítricos distribuidas entre limón, naranja y mandarina) y Burruyacú, el departamento de Tucumán que posee 13.452 hectáreas de cítricos implantadas, siendo el punto más importante a nivel provincial. En el primer caso el Frente de Todos obtuvo el 59,2% de los votos, frente al 29,5% de Juntos por el Cambio. En el segundo caso la diferencia fue aún mayor: 78,7% a 13,62%.

La producción citrícola ha sido otra de las actividades con muchos problemas de rentabilidad en los últimos años. A excepción del limón, que salvo eventuales inconvenientes climáticos, logró colocar su mercadería a buen precio en el mercado interno y además consolidó la apertura de cuatro nuevos mercados: Estados Unidos, India, México y Japón.

Estudio Malaquita

Pero no toda la actividad corrió la misma suerte. La fuerte suba de los costos productivos a raíz de los diversos aumentos del tipo de cambio, la caída de la demanda interna y una exportación decreciente fueron algunos de los motivos que denunciaron diferentes dirigentes del sector en reiteradas ocasiones. Es más: algunos llevaron el reclamo hasta Buenos Aires, al “Frutazo” realizado durante el mes de abril de este año junto a productores de la agricultura familiar. La citricultura, como la fruta pepita en el Valle, también fue declarada en Emergencia Productiva en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Esta medida, aunque en ambos casos representa un alivio en el corto plazo para productores y empresas, no resuelve el problema estructural de la actividad vinculado a la falta de rentabilidad, caída de la productividad y la paulatina pérdida de mercados.

En algunas localidades frutícolas del norte la historia se repite. Sólo para graficarlo cabe destacar el ejemplo de Pilcomayo, departamento de Formosa donde se ubica Laguna Naineck, importante zona productiva de bananas. Allí el Frente de Todos obtuvo un 73,2% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio el 19,85%. ¿Y qué pasó en Orán, también localidad productora de bananas, en la provincia de Salta? Algo similar. El frente liderado por la oposición alcanzó el 60% de los votos, en tanto que el oficialismo apenas el 15,5%.

El productor argentino posee un perfil diverso según la región en la que produce y su actividad específica

Con 1.050 hectáreas, Entre Ríos es la principal provincia productora de arándanos en nuestro país, concentrada mayormente en la localidad de Concordia. Allí el gobierno nacional también perdió por una importante cantidad de votos (56.6% a 32,9%). Esta actividad, por ser meramente exportadora (apenas un porcentaje menor de lo cosechado es destinado al consumo interno en fresco) ha podido sortear con mejor suerte algunos de los obstáculos mencionados hasta aquí. Sin embargo, a la ya pesada estructura impositiva de la fruticultura esta actividad le suma las actualizaciones de las tarifas eléctricas, un servicio utilizado de manera intensiva en el que el gobierno no discriminó a la producción del consumo doméstico . “Le dijimos al presidente que en este momento hay campos que están cerrando y dejando de producir. Y no son campos con bajo nivel tecnológico. Algunos han llegado a invertir hasta 50.000 dólares por hectárea”, había dicho meses atrás a InterNos Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA).

La cadena vitivinícola de Mendoza también fue duramente golpeada por las crisis de las Economías Regionales. Caídas de ventas en el mercado interno, fuerte presión impositiva y sobreacumulación de stock en las bodegas, incidieron negativamente en el precio de la uva (y consecuentemente del vino). “Los productores cosechan sin saber si podrán colocar la fruta”, había declarado a este medio Ángel Leotta, de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). En San Rafael, localidad referente en la producción vitivinícola, la distancia porcentual entre ambos partidos políticos fue similar a la marcada en otras provincias. Mientras que el Frente de Todos obtuvo el 44,97% de los votos, Juntos por el Cambio sacó el 34,6%.

De izquierda a derecha, así se votó en Concordia (Entre Ríos), Bella Vista (Corrientes) y Burrucayú (Tucumán)

¿Significa esto que existe una relación directa entre la política agropecuaria del gobierno nacional y los resultados electorales de las PASO? No necesariamente. Sin embargo, es necesario leer estos datos a la luz de lo sucedido en los últimos tres años con las Economías Regionales, donde muchas pequeñas y medianas empresas perdieron competitividad en los mercados internacionales, mientras otras incluso tuvieron que abandonar la actividad por falta de rentabilidad. La situación se replica en diversos puntos del país, donde productores y productoras navegan en un mar de inestabilidad e incertidumbre respecto a su futuro. Asimismo, también hay que decir que no son pocos los reivindican lo hecho hasta aquí en materia frutihortícola por el presidente y su equipo de trabajo.

Ser el “supermercado del mundo” es otra de las promesas que está lejos de cumplirse

Las actividades mencionadas representan una importante cantidad de mano de obra, no sólo en el campo sino también en el empaque, en el acondicionamiento de la mercadería, en el transporte y en la posterior comercialización. Por eso, de alguna manera el desarrollo de estas localidades está atado al buen pasar de sus actividades productivas. En el caso de ser reelegido, sin dudas Mauricio Macri deberá revisar sus políticas en relación a la fruticultura y la horticultura. Por ahora, ser el “supermercado del mundo” es otra de las promesas electorales que, a dos meses de las elecciones generales, está lejos de cumplirse.

El gobierno actual consiguió mejores resultados electorales en zonas productivas de la denominada Pampa Húmeda, una región que incluye el este de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste y norte de la provincia de Buenos Aires. Allí la producción de granos como la soja y el maíz representan la mayor productividad por hectárea del país. En términos generales, los productores de la agricultura extensiva ratificaron las políticas del presidente, con quien han tenido siempre un diálogo directo. Cuando Macri se refiere al “campo” lo hace pensando principalmente en las grandes extensiones que, sin duda, son motor de la economía argentina por los ingresos que representan para el país ante cada exportación, en términos fiscales.

Sin embargo, desde este medio hemos marcado en varias oportunidades que “el campo” no es un sector homogéneo, menos en un país extenso y de climas variables como Argentina. Lejos del estereotipo del “gaucho” que una vez al año nos muestra la televisión desde un predio en Buenos Aires, el productor argentino posee un perfil diverso según la región en la que produce, su actividad específica, tradición familiar, extensión y cultivos que trabaja, entre otras cosas. Desde el productor sojero hasta el agricultor familiar, desde la Rural hasta el Foro Soberano Agrario: hay tantos campos como Economías Regionales a lo largo y ancho del país. Sin duda, la política agropecuaria del próximo gobierno -cambie o no su signo político- deberá tener en cuenta este punto fundamental.

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Política Sectorial

Macri anunció sus próximas medidas económicas e incluyó a las pymes

|Argentina|

Hace minutos el presidente de la nación, Mauricio Macri, anunció un paquete de medidas económicas luego de la dura derrota sufrida por el frente Juntos por el Cambio el pasado 11 de agosto en las elecciones primarias (PASO).

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Entre los anuncios, el máximo mandatario informó que la AFIP lanzará en los próximos días un plan de pago con plazos a diez años para las pequeñas y medianas empresas que tengan deudas vencidas hasta el 15 de agosto. Las pymes tendrán tiempo de inscribirse hasta fin de octubre. “Las queremos ayudar porque reconocemos su valor y sabemos sus deudas”, expresó el presidente.

Otra de las medidas abordadas es el congelamiento en el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días para que “la devaluación no los afecte”. Esto podría impactar positivamente en el sistema productivo y de alimentos, en un contexto donde la abrupta suba del dólar seguramente encarecerá el resto de los insumos utilizados en la quinta por horticultores y fruticultores.

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El máximo mandatario también afirmó que aumentará el salario mínimo y las becas Progresar; otorgará beneficios a monotributistas (no pagarán sus obligaciones con AFIP el próximos mes) y a trabajadores informales y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, quienes recibirán dos pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Además, los trabajadores en relación de dependencia que ganen menos de 60 mil pesos mensuales, recibirán 2 mil pesos por mes en septiembre y octubre.

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Política Sectorial

Diego Montón: «La política macrista ha sido destructiva para la agricultura familiar»

|Argentina|

En abril de este año organizaciones campesinas y de la agricultura familiar realizaron en el microestadio de Ferro el primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, en el que participaron más de 4000 pequeños productores de todo el país. De dicho encuentro nació un extenso documento, donde las organizaciones elaboraron líneas de acción para el sector productivo, entre las que se destacan programas de acceso a la tierra, al crédito productivo y a la promoción de la agroecología, entre otros puntos.

Revista InterNos conversó con Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), para conocer cuál es la posición de las organizaciones campesinas respecto a las políticas que debe afrontar el próximo gobierno, cambie o no el signo político.

Muchas organizaciones campesinas se han mostrado fuertemente opositoras al gobierno de Mauricio Macri. Más allá de quien gane en octubre, ¿qué debería pasar con el sector de la Agricultura Familiar?

Nosotros consideramos que un marco para pensar las propuestas del sector es el Programa Agrario y Soberano. Pudimos consensuar un documento de 21 propuestas sobre cuál sería para nosotros el programa básico, elemental para el campo argentino. Hay líneas más estructurales que tienen que ver con el acceso a la tierra o el avance en torno a la declaración de los Derechos Campesinos aprobada meses atrás en Naciones Unidas. Después existen propuestas más sectoriales, según la actividad productiva, pero todas tienen un eje transversal que es la activa participación del Estado hacia un horizonte de planificación. La política macrista ha sido destructiva para la agricultura familiar.

¿Por qué denuncian que la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar no se está cumpliendo?

Era una tarea de este gobierno que la misma sea reglamentada. No sólo no se reglamentó sino que se desarticuló toda la política institucional para el sector, incluyendo la Secretaría de Agricultura Familiar. Se desnaturalizó el rol que tenía. Además, fueron desmanteladas las dependencias que se habían conformado en el INTA, el INTI y Senasa para trabajar en este sentido.

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Una de las cosas que cuestionan es que con la importación de ciertos productos el gobierno perjudicó a los pequeños agricultores, en un contexto de tarifas altas y devaluación. ¿Cuáles son ese tipo de productos y que consecuencias tuvo para el sector?

Hay muchos ejemplos. Nosotros en Mendoza teníamos una estructura armada de curtido de cuero caprino, que se pagaba a muy buen precio al productor en el campo. El ingreso de un sintético chino mucho más barato y similar, aunque no de la misma calidad, sumado a la importación de zapatos, hizo caer la demanda de cuero. Con esta situación y los tarifazos, la curtiembre cerró. Además, acá tuvimos muchísima importación de productos procesados de tomate. También importación de cerdo, manzanas y de vino, que hizo que caiga por el piso el precio de la uva. Y así se pueden enumerar muchos productos alimenticios o derivados que han golpeado la economía de la agricultura familiar.

La UTT, el MTE y otras organizaciones agrarias han participado activamente de “Frutazos”, “Verdurazos” e incluso de un reciente “Alimentazo”. Estas acciones, ¿han tenido repercusión en la gestión política o sólo se logró instalar la temática a nivel social?

Han permitido instalar en la sociedad una situación que estaba invisibilizada, incluso en los programas de la oposición. Pero también en algunos municipios se ha logrado avanzar con experiencias concretas vinculadas a nuestras propuestas, como la elaboración de bioinsumos o el facilitamiento del acceso a la tierra. Eso nos pone en otro lugar en caso de que exista un gobierno nacional que tenga la vocación de pensar la producción agropecuaria teniendo en cuenta al sector.

«Se desnaturalizó el rol que tenía la Secretaría de Agricultura Familiar»

Una de sus propuestas más fuertes es avanzar hacia la transición agroecológica.

En Argentina y en el mundo se ha instalado la necesidad de reflexionar en torno al flagelo de la malnutrición y la necesidad de incorporar más frutas y verduras en las dietas. En ese sentido, también está claro el problema de los agroquímicos. Nosotros pensamos que el Estado debe acompañarnos en este camino hacia la transición agroecológica. Con experiencias concretas hemos demostrado que no es un proceso utópico. Se puede ser agroecológico y productivo, incluso reduciendo costos.

También demandan la creación de cadenas de comercialización “más cortas”. ¿Cómo consideran que pueden lograrse? ¿Buscan trabajar con organismos como Senasa para eso?

Hay una muy buena experiencia en Chile con las ferias agropecuarias en todos los municipios, donde los Estados articulan con los productores para que dos o tres veces por semana puedan llevar su producción directamente a la feria, con control del Estado pero con precios de estructura bien accesibles. Creemos que es una política rápida y fácil que se puede aplicar. También pedimos por el fortalecimiento de las redes de consumo alternativo, por ejemplo. Veníamos trabajando con la Comisión de Agricultura Familiar del Senasa (SENAF) donde se venía planteando la posibilidad de modificar el Código Alimentario Argentino (CAA) para poder tener políticas diferenciadas para la agricultura familiar en torno a la comercialización. Todo eso está hoy muy deteriorado.

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