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Etiquetado frontal: ¿afectan los sellos negros al empleo y los salarios?

|Chile|

En 2016 Chile dio el primer paso en América Latina y aprobó el Etiquetado Frontal de Advertencia en los alimentos con alta presencia de grasas, sodio y azúcares. El “efecto contagio” impulsó casos similares en el continente: Perú tiene su etiquetado frontal, al igual que Uruguay -que, sin embargo, todavía está discutiendo artículos claves de su reglamentación-. Argentina durante 2020 puso el tema sobre la mesa y dio media sanción en Senadores a un completo proyecto de ley, similar al de México que tiene, según los expertos, la normativa más avanzada en la materia.

El debate, en todos los casos, giró en torno a las tensiones que existen entre la necesidad de implementar políticas de salud pública -América Latina tiene altísimos niveles de sobrepeso-, los intereses de las empresas alimentarias y los objetivos de producción y consumo de los Estados. 

Los argumentos en contra del Etiquetado Frontal de Advertencia se han replicado casi al unísono ante cada avance de la discusión. “Lo importante es educar al consumidor, no generarle miedo”, explican desde la industria. También afirman que esta política es perjudicial por su impacto sobre la rentabilidad de las empresas, con peligrosas consecuencias sobre la economía real.

Tras esta última hipótesis fue el economista e investigador Guillermo Paraje, quien junto a un equipo de profesionales publicó un artículo en Food Policy para indagar los efectos que la ley de etiquetado tuvo, en estos cuatro años, sobre el nivel de empleo y los salarios chilenos. La investigación fue financiada por Bloomberg Philanthropies quien se interesó en el tema dado que el etiquetado chileno fue pionero en la región. 

“El artículo encuentra que ni el empleo ni los salarios reales sufrieron cambios en industrias directamente afectadas, ni en sector de alimentos y bebidas, ni en el de manufacturas. Cuando se compara a estos sectores con otros rubros no se encuentran diferencias significativas”, dice Paraje. “Esto desmiente los argumentos que usa la industria alimenticia para asustar y retrasar medidas. No existe evidencia empírica, ni se sostiene desde un punto de vista económico”, agrega.

Ni el empleo ni los salarios reales sufrieron cambios en industrias directamente afectadas, ni en sector de alimentos y bebidas, ni en el de manufacturas tras la aplicación de la ley

Cuando hablamos de industria de los alimentos por lo general nos referimos a grupos económicos que concentran la oferta en pocas manos. Se trata de empresas multiproducto que trabajan distintos segmentos de mercado. En el caso de Argentina, por ejemplo, podemos citar a Molinos Río de La Plata, Arcor o la propia Coca Cola and Company. 

Dimensionar esto permite entender porqué el etiquetado frontal no necesariamente afecta al empleo: cuando la gente deja de comprar un producto con etiqueta, lo reemplaza por otro que no la lleve. Y es probable -en gran medida- que esa alternativa de consumo sea producida por la misma multinacional, tanto como segunda marca o como línea de productos saludables. La demanda cambia, pero no cae. Un ejemplo gráfico puede ser el de Coca Cola, que además de su reconocida gaseosa (y sus marcas satélite) embotella y distribuye agua mineral.

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Paraje explica que no se trabajó con estadísticas de empresas particulares, ya que por una cuestión de confidencialidad no pudieron acceder a esos datos. Por eso se analizaron ramas o sectores económicos dentro de alimentos, bebidas y manufacturas. Se utilizó una base de datos procesada por el Banco Central chileno que incorpora a todas las empresas que declaran impuestos en el país.

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“La falta de efectos significativos sobre el empleo agregado y los salarios reales puede sugerir que las empresas de las industrias de alimentos y bebidas tienen un potencial de sustitución y reasignación laboral interna (...) Si los consumidores cambian a productos sin etiquetas de advertencia, las empresas multiproducto reasignan internamente a los trabajadores a la producción de los bienes más populares”, se expresa en la investigación. 

En el mismo sentido, el investigador afirma que “es muy poco probable” que las familias chilenas ahorren el dinero que no destinan a la compra de productos etiquetados. Normalmente ese presupuesto se reasigna a otros alimentos y bebidas, rubro donde los hogares de clase baja y media gastan la mayor parte de sus ingresos.

Pero otro punto clave es el de la reformulación. Estudios demuestran que a partir del etiquetado este proceso creció de manera considerable en Chile, incluso en categorías donde la industria históricamente señaló la imposibilidad de hacerlo por barreras de tecnologías alimentarias. Pero los datos hablan por sí solos: seis meses después de su implementación se habían reformulado el 18% de los productos alimenticios. La proporción de productos con alto contenido de azúcares disminuyó del 80% al 60%; mientras que la proporción de productos con alto contenido de sodio lo hizo del 74% al 27%.

Esto echa por tierra la idea de que el etiquetado no es una medida efectiva para cambiar los hábitos alimentarios de la población, algo que la industria alimentaria -pero también la del tabaco y la del alcohol- repite incesantemente. Si no fuera efectiva, no debería afectar el empleo. Por lo tanto, ¿por qué reformular?

En Chile se vio que la reformulación ha sido importante en categorías de alimentos que eran percibidos como saludables. Chocolates no, ahí cada uno sabe qué está comiendo. Pero sí en cereales o lácteos, cuya reformulación llegó al 65% según datos de 2017. Se hizo un esfuerzo en reformular y muchas empresas fueron exitosas en ese proceso”, señala Paraje. Ese esfuerzo se entiende a la luz de las estrategias publicitarias que durante décadas han desarrollado empresas elaboradoras de yogures o barras de cereal, por ejemplo, que asociaron sus productos a consumos necesarios para una dieta saludable, aunque muchas veces no sea así.

De cualquier manera, quizás el caso más paradigmático sea el de la bebida azucarada. En Chile, el consumo cayó cerca de un 25% a partir del etiquetado frontal: la mayor baja registrada en todo el mundo. Este rubro es el más apuntado por medidas regulatorias en cuanto a políticas de salud (tanto a nivel etiquetado como impositivo): sus productos con excesos se identifican fácilmente y en general no realizan aportes en términos nutricionales.

El consumo de bebida azucarada cayó un 25% a partir del Etiquetado Frontal con sellos negros en Chile

Por esta misma razón es que la compañía Coca Cola reformuló la Sprite y la Fanta en Chile, dos de sus gaseosas más consumidas, para que no lleven sellos de advertencias: lo hicieron reemplazando los altos niveles de azúcar por edulcorante. “Para ellos es clave ingresar en las escuelas”, explica Paraje. Lo cierto es que la norma chilena nunca prohibió el reemplazo del azúcar agregado por este producto sintético, lo que abrió un camino alternativo para las empresas. México, por otro lado, tomó como base su experiencia y fue más allá, con restricciones sobre esta "trampa" de las elaboradoras. Argentina también: su actual proyecto de ley exige que los productos con edulcorantes lleven la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.

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Este documento permite erradicar los mitos -o, por lo menos, apuntalar la discusión con evidencia científica- sobre el real impacto que tiene el etiquetado frontal, no solo en Chile, sino también en el resto de los países latinoamericanos. "Nada sugiere que los efectos sobre el empleo en otros países será diferente, ya que los mercados de alimentos en las economías modernas están dominados por grandes empresas que venden productos similares con estrategias de marketing similares y procesos de producción comparables”, concluye el paper. 

Este año Argentina retomará el debate por el etiquetado frontal (si el lobby empresario no lo impide). Herramientas de este tipo serán fundamentales para desarticular uno de los argumentos más férreos de la industria alimentaria. Y, por qué no decirlo, muchas veces también de los gobiernos provinciales y nacionales.



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