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Política Sectorial

Preocupante: Agroindustria dio de baja los aportes para el Monotributo Social Agropecuario

|Argentina|

El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció mediante un comunicado el cierre del Monotributo Social Agropecuario (MSA) para agricultores familiares desde el próximo mes de diciembre. Esta herramienta, creada en 2009 por el gobierno de Cristina Kirchner, tenía como objetivo formalizar la actividad, garantizando además el acceso a la salud (obra social), aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denuncia que desde hace un año existen complicaciones para inscribirse en este beneficio, el cual, aseguran, se volvió más burocrático que nunca. La organización popular presentó recientemente un amparo por el “congelamiento” del MSA, pero horas después Agroindustria confirmó su baja definitiva.

Se calcula que actualmente son por lo menos 50.000 los agricultores adheridos al Monotributo Social Agropecuario, y que con sus respectivos adherentes (integrantes de las familias que conforman los sistemas productivos) el número se eleva a 100.000 personas.

Para entender la gravedad de este recorte, es necesario subrayar que el MSA tenía hasta la fecha costo cero. Es decir, el Estado se hacía cargo íntegramente de los aportes jubilatorios y la obra social de los agricultores inscriptos. Agustín Suárez, dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) explicó a Revista InterNos los motivos que dieron nacimiento a este programa. ”En aquel momento fue un reclamo muy fuerte porque nos servía como una herramienta de regularización del trabajo. Esta es una actividad muy precaria en todo sentido, muy desregulada y desprotegida. Esto funcionaba como un primer paso para regularizar y para dar derechos”.

El MSA era financiado en parte por el Ministerio de Agroindustria, quién se hacía cargo de un porcentaje del costo. El dinero restante lo aportaba el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, con esta medida, Agroindustria "retira" ese aporte, que a partir de ahora deberá ser abonado por cada contribuyente. Así, la cartera dirigida por Etchevehere traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social.

Desde 2009, el MSA habilita el acceso a la salud a través de la obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar (hasta 72.000 pesos anuales a productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar). Fue creado para beneficiar a productores hortícolas, huerteros, apicultores y ganaderos de baja escala.

"A partir del 1º de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen", señala el sitio web de Agroindustria.

De esta manera, los agricultores familiares saldrán del MSA para inscribirse en el Monotributo Social, pero sólo con una contribución del 75% por parte del Estado Nacional. El restante 25% destinado a Obra Social (serán, en primera instancia, 268 pesos) lo aportarán los beneficiarios (es decir, cada agricultor familiar inscripto en el Monotributo Social). Pero además éste deberá cubrir la proporción de cada beneficiario adherente (cada integrante de la familia) por lo que esa pequeña carga inicial de puede alcanzar valores de 800 o 1000 pesos, dinero considerable para quienes intentan sacar adelante una actividad muy golpeada en los últimos años por el tarifazo y la devaluación del dólar, que aumentaron los costos productivos.

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“Va a ser muy bajo el porcentaje de agricultores que sigan accediendo al monotributo y  a la regularización del trabajo” aseguró Suárez.

“El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo. Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”, denuncia la UTT en un comunicado.

Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, expresó al diario La Nación que este beneficio estaba bajo revisión y justificó el retiro de Agroindustria del aporte jubilatorio al considerarlo poco eficiente.

"A veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien se lo hizo llenar y ni lo usa; y el Estado pone un montón de guita ahí", dijo el funcionario, quién generó un fuerte rechazo por parte de las organizaciones populares.

“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares”, subrayaron desde la UTT.

En el mismo sentido, Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) consideró que "lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria".

Ofreciendo una solución momentánea, el Ministerio de Agroindustria –casi de manera indiferente- anunció que los beneficiarios que no deseen perder los aportes correspondientes al “50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018” podrán reempadronarse desde el 2 de julio hasta el 10 de agosto, conservando así el beneficio. Para el próximo año, como se explicó anteriormente, las condiciones de los aportes serán distintas.

Resulta paradójico este anuncio en un contexto donde el propio Ministerio de Agroindustria estimula el consumo de frutas y verduras de producción local.  Sin embargo, una medida como esta deja librado al azar el futuro de miles de agricultores familiares que, además de luchar diariamente por mantener sus niveles de producción y venta, ahora deben enfrentarse a los obstáculos de un sistema que limita su inscripción en el sistema formal del trabajo y dificulta su acceso a los derechos básicos de cualquier trabajador.



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