¿Llegan los octógonos negros a las góndolas argentinas?

|Argentina|

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, encabezó en el día de ayer una reunión con las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado para avanzar en la implementación de un Etiquetado Frontal de Alimentos. El titular de la cartera reconoció una vez más la necesidad de atacar los preocupantes índices de sobrepeso y obesidad en nuestro país. En la exposición, que contó con la participación de 22 disertantes en total, hicieron sus aportes representantes de la industria de alimentos, instituciones de la salud y por supuesto legisladores de la cámara alta.

Durante el encuentro se confirmó la existencia de un borrador de proyecto de ley que integra unas 13 propuestas presentadas con anterioridad por legisladores de distintas bancas a nivel país. El objetivo de Salud fue unificarlos y sumar evidencia científica disponible al momento -mucha de la cual se desprende de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada durante el gobierno anterior- para construir un nuevo texto que incorpore los intereses de todos los actores al debate.

El secretario de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Marcelo Alos, abrió la jornada y se mostró conforme con el borrador de proyecto que, en sus palabras, logró representar los “objetivos claves” del etiquetado ponderando las tensiones existentes en la discusión. El mismo fue consensuado con las provincias y elaborado junto a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

Posteriormente tomó la palabra Paula Español, quien conduce la Secretaría de Comercio del Interior y tiene un rol trascendental en la habilitación de este debate. Vale recordar que durante la gestión de Cambiemos fue precisamente dicha secretaría -por aquel entonces su titular era Miguel Braun, uno de los dueños de la cadena de supermercados La Anónima- y la presión de otros ministerios como Agricultura e Industria quienes pusieron trabas para avanzar esta política pública.

“Es fundamental promover información clara, verdadera, simple y precisa. Es la forma de dar las herramientas para tomar decisiones informada y responsable”, dijo Español. La funcionaria destacó “la voluntad de lograr acuerdos” no solo en el etiquetado frontal, sino también en las disposiciones que complementan la normativa y que tienen que ver con la regulación de entornos escolares y la prohibición de publicidad engañosa, sobre todo en lo referido a niños y adolescentes.

Se destacó entre los presentes la palabra de Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de Mauricio Macri, quien volvió a hacer público su posicionamiento frente a un Etiquetado Frontal de Alimentos de advertencia, señalando a Chile como modelo a seguir. Además, recordó sus esfuerzos por avanzar en una normativa similar cuando le tocó gestionar la cartera y felicitó a quienes finalmente pusieron el tema en la agenda política del gobierno. "Me siento muy contento de que haya un proyecto consensuado. Aborda de manera seria y con evidencia científica un problema tan grande como la obesidad. Se han puesto al hombro una de las políticas más sustantivas de la defensa de los derechos del consumidor”, dijo el ex funcionario.

Al igual que lo hicieron otros expositores durante la jornada, Rubinstein defendió la autonomía argentina para avanzar en la implementación de un etiquetado más allá de la normativa Mercosur, que históricamente fue el principal argumento de la industria alimentaria para trabar estos proyectos de ley. “La realidad es que prácticamente todos los países del Mercosur han tomado un camino independiente. Me parece oportuno que Argentina aborde un camino propio, más allá de que esté alineada con las políticas del Mercosur”, añadió.

En la vereda de enfrente se posicionó Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, coordinadora que reúne a unas 14.000 empresas de alimentos de todo el país. “Coincidimos con los fines del proyecto. Pero podemos discutir algunos puntos. Tenemos la misma voluntad política, pero realidades distintas”, afirmó el empresario. “Destacamos que hay una finalidad común, que es proteger al consumidor. Pero creemos en informarlo sin demonizar los productos. Discrepo con la idea de que el modelo chileno sea el deseable. No facilita el acceso al alimento ni garantiza información”, agregó Funes de Rioja en referencia al etiquetado de sello negro, octogonal, que marca el Exceso de nutrientes críticos como sal, grasas y azúcares en los productos.

Arnaldo Medina, quien preside la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) explicó -tal como lo hiciera este medio meses atrás- que hay “dos líneas principales de etiquetado”, las cuales se pueden entender como informativa y de advertencia. Dentro de las advertencias existen diversas formas gráficas, pero la evidencia demuestra que los mencionados octógonos negros son de fácil comprensión para la mayor parte de la sociedad y, por lo tanto, más efectivos sobre la decisión de compra de los individuos.

Un tema sensible del proyecto de ley es la cantidad de tiempo que tendrán las empresas para adecuarse a la normativa. Si bien todavía no está definido de manera tajante el etiquetado a utilizar, en la reunión se adelantó que el modelo de advertencia con octógonos negros es el principal candidato. El borrador señala que las grandes empresas elaboradoras de ultraprocesados tendrán 6 meses para adaptarse a la normativa; mientras que las cooperativas y pequeñas y medianas empresas tendrán un plazo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo seis meses más (18 meses en total). Cuando decimos “adaptarse a la normativa” nos referimos al hecho de modificar el packaging o modificar la composición de los productos que contengan nutrientes críticos en exceso. Resta ver si los tiempos de la pandemia flexibilizará los plazos.

Diferencia actual entre envases argentinos y chilenos.

Otra mirada interesante aportó Sebastián Laspiur, quien es consultor nacional de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Laspiur subrayó que anualmente en nuestro país mueren 140.000 personas por enfermedades vinculadas a una mala alimentación: diabetes, cáncer o dificultades cardiovasculares son solo algunas de ellas. En este sentido, propuso la utilización del octógono negro como una herramienta “de impacto” para reducir los índices de sobrepeso y obesidad vinculados a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ETS).

“Es el que ha demostrado cambiar el perfil de compra. Si uno intenta poner más colores o información pierde eficacia. Sabemos que solo con la educación alimentaria y la autoregulación de la industria no se lograr torcer la pendiente de crecimiento de esta pandemia”, dijo Laspiur.

Guido Girardi, legislador chileno y autor de la ley de etiquetado en su país, fue otro de los invitados a exponer para presentar su experiencia en el tema. El funcionario explicó que las motivaciones de Chile para crear esta normativa en aquel entonces eran similares a las de la Argentina actual. “La mitad de los niños chilenos a los seis años son obesos. Hicimos esta ley porque cada vez más las personas están comiendo status, marcas, pero no alimentos”, expresó.

"Hicimos esta ley porque cada vez más las personas están comiendo status, marcas, pero no alimentos”, Guido Girardi

“Las personas que hacen estos alimentos saben que están poniendo una gran cantidad de azucares y grasas dentro de los envases, pero los rotulados no facilitan leer esa información (…) Esta ley tuvo muchas dificultades para aprobarse porque la industria de la alimentación basura la tomó como una amenaza”, agregó el legislador chileno.

Con definiciones concretas y sin concesiones, el funcionario del país trasandino contó que además de la implementación en el packaging de los productos, Chile dispuso de regulaciones para que niños y jóvenes redujeran su exposición a los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo? Haciendo que todos aquellos alimentos que tengan el octógono negro y la leyenda Alto en queden imposibilitados de ser publicitados en medios masivos de comunicación. Además, el Estado no puede realizar compras públicas de estas marcas y, actualmente, están avanzando en la generación de un régimen impositivo para desincentivar la elaboración de estos productos.

“Las enfermedades crónicas no transmisibles en realidad son las más transmisibles de todas, porque lo hacen a través de la publicidad. Antes los niños chilenos veían 4800 spots al año, ahora muchos menos. En este momento estamos tratando de regular también la publicidad engañosa en redes sociales, que al ser personalizada es muy intensa”, reforzó Girardi. Y concluyó: “En Chile decidimos que los ‘alimentos’ que estén saturados de azucares o grasas no sean llamados alimentos; son comida chatarra o comida basura”.

Paula Español fue la encargada de responder algunos principales interrogantes que fueron planteándose durante del debate. Uno de ellos, mencionado anteriormente, fue el del tiempo que tendrán las empresas para adaptarse a la normativa. “Nuestra política no es para penalizar al sector productivo ni salir del Mercosur. Hay tiempos de implementación del proyecto. Será en dos etapas e incluirá diferenciaciones para pymes y empresas de Economías Regionales. Se trabaja con tiempos razonables”, dijo sobre este punto la funcionaria, aunque agregó que todo lo referido a las reglamentaciones sobre publicidad o políticas para favorecer entornos saludables “puede llegar mucho más rápido”.

Español también respondió a los argumentos de Funes de Rioja, quien hiciera referencia a la demonización generada por el etiquetado frontal de octógonos negros. “En ningún momento se busca demonizar, pero sí es necesario advertir. Hay una frase que ayuda a entender esto: mucha información mata información. Hay que ser inteligentes respecto a qué ponemos al frente del envase. Siempre va a estar la opción de darlo vuelta y leer todos los ingredientes. Debemos incorporar las dos cosas: un mensaje conciso, claro y unificado al frente, y el resto de la información detrás”, declaró.

"Hay una frase que ayuda a entender esto: mucha información mata información. Hay que ser inteligentes respecto a qué ponemos al frente del envase", Paula Español

En este sentido vale también retomar las palabras de Andrea Graciano, presidenta de la Federación de Graduados en Nutrición (FAGRAN), que también formó parte del debate. “Está claramente documentado por la Segunda Encuesta nacional de Nutrición y Salud que solamente el 26% de la población lee la información nutricional de los envases, y de ellos solamente el 13% comprende las etiquetas. Avanzar en un etiquetado frontal de advertencia sería un acto de gobierno para proteger el bien común y permitiría garantizar el derecho los consumidores a poder tomar decisiones de compra informadas”.

La discusión duró un total de cuatro horas y profundizó muchos de los puntos tocados en este artículo -y otros que no han sido siquiera mencionados-. Por el momento el proyecto de ley seguirá su tratamiento en las comisiones del Senado, recibiendo comentarios y valoraciones por parte de profesionales de la salud, técnicos en alimentos y demás actores del debate.

Con las cartas sobre la mesa se verá la real voluntad del gobierno nacional para avanzar de una vez por todas en la normativa y enviar el texto de ley para su tratamiento en las cámaras de diputados y senadores. Los octógonos negros de advertencia se perfilan como el modelo a implementar -así lo prefieren desde Salud- aunque el resultado final del proyecto tendrá en cuenta las objeciones que puedan presentar otras carteras centrales como agricultura, producción y comercio.