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Hacemos una pausa

Campo y ciudad: una disputa por la tierra

|Argentina|

Mario tiene 35 años. Llegó al cinturón verde de Córdoba desde Bolivia cuando cumplió 18, con la idea de trabajar la tierra y producir verduras para ganarse la vida. Empezó como peón, luego fue mediero y con el paso del tiempo alquiló cinco hectáreas por su propia cuenta, para independizarse. Tuvo hijos, hoy adolescentes, que crecieron entre cultivos de lechuga, brócoli, cebolla. Encontró su lugar en el mundo: una quinta para estar ocupado, un oficio que da de comer a cientos de personas.

Pero algunas semanas atrás una noticia cambió su panorama: el alquiler de la tierra se duplicará en la próxima renovación de contrato. ¿La causa? Un nuevo barrio cerrado que elevó el valor de los lotes en la zona. Desde entonces, Mario busca dónde trasladarse con su familia, pero ninguna opción termina por convencerlo. La tierra disponible está lejos de la ciudad, es de mala calidad para producir verduras -tierras bajas, inundables- y en la mayoría de los casos limita con grandes extensiones de soja o maíz, lo que podría generar un conflicto por la deriva en la aplicación de agroquímicos. Además, no sabe si tendrá acceso a agua de calidad para riego. Y ya piensa en los gastos de transporte hacia el Mercado de Abasto, donde vende su mercadería tres veces por semana.

La historia de Mario es la historia que viven miles de productores frutihortícolas en los periurbanos del país. Mario, en realidad, no existe. Pero su breve ficción permite dimensionar las experiencias individuales detrás del problema general. La falta de ordenamiento en el territorio y el avance extralimitado de la frontera urbana sobre el sector rural han traído incontables daños a quienes producen alimentos o simplemente viven en “el campo”. No se trata de casos aislados, sino de un mecanismo que, ya sea por lobby inmobiliario o falta de voluntad política, amenaza cada vez más la supervivencia de los periurbanos tal como los conocemos hasta hoy.

Cientos de productores cosechan día a día las verduras que abastecen a los grandes centros urbanos.

Vamos con una definición rápida: cuando hablamos de periurbanos nos referimos al espacio que existe entre el campo y la ciudad, una amplia zona con límites difusos y móviles donde coexisten elementos y procesos tanto de la ruralidad como de la urbanidad. Allí se realizan diversas actividades agropecuarias “de proximidad”, es decir, que abastecen de manera directa a los habitantes de los cascos urbanos. Floricultura, fruticultura, horticultura, avicultura y ganadería mixta (leche, porcinos, ovinos) son sólo algunas de las producciones que se pueden encontrar si uno se aleja algunos kilómetros hacia las afueras de ciudades como La Plata, Rosario o Córdoba capital.

El aumento mundial de la población urbana y, en consecuencia, la rápida expansión las metrópolis hacia sus márgenes, impulsó cambios abruptos en el uso del suelo que no siempre se justifican en el crecimiento demográfico, como sucede en Argentina. El último censo (2010) señalaba que nuestro país tenía un 91 porciento de su población asentada en ciudades, mientras que la población rural representaba el 9 porciento restante. Todo parece indicar que durante la última década esos números no han hecho más que crecer: barrios privados, barrios estatales, clubes de campo, industrias, autopistas y campings “extendieron” la ciudad sin prever su impacto. La presión urbanizadora no encontró mayores resistencias a su proyecto desarrollista.

Pero, ¿quién controla hasta dónde -o hacia dónde- deben crecer las ciudades? Actualmente son los municipios los que deben imponer condiciones en sus jurisdicciones y trazar límites para lograr el bien común por encima del lucro individual. Su tarea es trabajar sobre aquellas zonas de tensión que tienen valor estratégico para la sociedad -humedales, zonas de regadío para producción frutihortícola, bosques naturales- donde el conflicto por la apropiación de los recursos está librado a las leyes del mercado. En muchos casos no existe una legislación efectiva para lograrlo; en otros, aunque exista, no se cumple. Vale entonces la pregunta de rigor periodístico: ¿por qué?

Beatriz Giobellina es arquitecta, se doctoró en Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y desde hace muchos años estudia el cinturón verde de Córdoba. Por teléfono, su voz tiene el tono de quien explica algo obvio: señala que tanto el mercado inmobiliario como el “agronegocio” buscan transformar las tierras en actividades de máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. “Hay una desvalorización social y política del cinturón frutihortícola donde se producen los alimentos. De eso se aprovecha el sector empresario para mover influencias e instalar un barrio o plantar soja. Total, ¿quién va a escuchar a un grupo de quinteros que hace verduras? Los gobiernos municipales son débiles cuando gestionan el territorio. El lobby siempre puede más”, afirma Giobellina, que también es especialista de INTA Córdoba.

"Lo que está en juego es el valor de controlar quién produce tu alimento, que es un aspecto estratégico”, Beatriz Giobellina

Históricamente los sistemas de producción frutihortícola fueron el patio de atrás de la actividad agropecuaria. Eclipsados por el precio de las commodities en el Mercado de Chicago, gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo político han descuidado el valor de la producción de alimentos frescos. Y a nivel municipal, la situación no mejora. “No tenemos suficiente formación planificadora en el país. Hay una miopía generalizada para leer la importancia de las producciones hortícolas que se están perdiendo. Lo que está en juego es el valor de controlar quién produce tu alimento, que es un aspecto estratégico”, expresa Giobellina.

Hay un refrán popular que reza que la tierra es de quien la trabaja. Se le adjudica a Emiliano Zapata, militar y líder campesino, símbolo de la reforma agraria mexicana. En muchos cinturones verdes de Argentina el dicho no es más que eso, un dicho. La mayor parte de los horticultores son arrendatarios y poseen contratos irregulares, en algunos casos de precios altísimos por encontrarse próximos a zonas de loteos para vivienda.

Muchas zonas de regadío para producción frutihortícola han sido reemplazadas en los últimos años por industrias o loteos para viviendas.

Las áreas periurbanas están sujetas a cambios de uso del suelo que implican grandes movimientos de su valor. Basta que los concejales levanten la mano y, con un cambio de ordenanza, los precios se multipliquen. Esto desplaza a los horticultores y atenta contra los proyectos productivos: limita la inversión en infraestructura y dificulta el arraigo. Año tras año decenas de productores abandonan sus quintas para mudarse, en la mayoría de los casos, a suelos de peor calidad en los cuáles deben comenzar de cero. Según un informe de la bióloga Carolina Baldini, el 51,6 porciento de la urbanización de los últimos 30 años en el cinturón verde platense utilizó los suelos de mejor aptitud agrícola de la zona. Prioridades cambiadas.

La falta de planificación también tiene consecuencias en la calidad de vida de los productores. He aquí la desvalorización social a la que se refería Giobellina: el quintero es el eslabón más débil de una cadena que, de por sí, ya es informal y está invisibilizada. “Nuestro cinturón se caracteriza por el mal funcionamiento de los servicios públicos básicos”, dice Baldini sobre el cinturón de La Plata. “Eso se nota en el estado de los caminos, el tendido de luz, la recolección de basura, el servicio de transporte urbano o las salas de salud para las familias agricultoras”, sostiene la bióloga.

Pablo Coltrinari, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata, refuerza la idea de un crecimiento desorganizado. Afirma que se levantan quintas “en lugares que no corresponde” y que aparecen barrios privados en lo que antes eran campos ganaderos. “Lo que nosotros hacemos es alimento y hay que cuidarlo, porque después cuando el kilo de tomate vale 200 pesos la gente pone el grito en el cielo. A la hora de tomar decisiones el productor tiene que estar incluido en los debates”, agrega el dirigente.

La disputa por el agua también es un punto de tensión en los periurbanos. Vale citar el caso del Gran Mendoza, con un cinturón verde que abastece a un área metropolitana de cerca de un millón de habitantes. En esta región la escasez de agua es un problema central, la habilitación de los canales de riego está regulada por cultivos y estacionalidad. Se trata de un oasis productivo, una zona desierta que construyó un nutrido sistema frutihortícola gracias al agua de deshielo de la cordillera.

Sin embargo, en la última década, la expansión urbana avanzó sobre tierras agrícolas estratégicamente ubicadas en zonas irrigadas, dañando los canales y contribuyendo a la configuración de un territorio fragmentado. “En áreas periurbanas el agua tiene que ser dividida entre el consumo humano, la producción y la industria. Mientras más actividades se la disputan, más conflictiva se vuelve la situación”, explica a InterNos Martín Alberto Pérez, geógrafo y especialista de INTA Mendoza.

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Los problemas en la tenencia del suelo dificultan la inversión productiva, por ejemplo con sistemas de riego por goteo.

Hasta aquí, experiencias similares en diversos puntos del país: disputas por la tenencia de la tierra, por el agua, por las condiciones de vida de los y las agricultores. Pero el ordenamiento también es necesario por su aporte a la biodiversidad, con funciones “invisibles” que operan a nivel sistémico. Los cinturones verdes protegen al suelo de la erosión eólica, absorben dióxido de carbono, mejoran la calidad del aire. El ejemplo más gráfico es el de la regulación hídrica: la infiltración en el suelo rural periurbano evita que el agua de lluvia acumulada genere inundaciones en las ciudades. Cuando esto no sucede, las consecuencias saltan rápidamente a la vista. Pero, ¿quién se hace cargo de los daños? ¿las inmobiliarias, los concejales que autorizan el cambio de uso del suelo? La no-planificación resulta casi tan peligrosa como la connivencia entre políticos y empresarios desarrollistas.

"Lo que nosotros hacemos es alimento y hay que cuidarlo, porque después cuando el kilo de tomate vale 200 pesos la gente pone el grito en el cielo", Pablo Coltrinari

“Las inmobiliarias han sido las encargadas de urbanizar. Venden lotes, trazan una calle y listo, que después venga el Estado a poner el dispensario, la comisaría, las cloacas, la luz. Lo ideal sería que el Estado planifique desde un principio cómo se van a usar los recursos de ese territorio”, dijo al respecto Pablo Tittonell, agrónomo e integrante del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche (IFAB).

Todo este combo se traduce en una pérdida de la tradición y la cultura productiva de miles de familias. La falta de recambio generacional es una realidad; los hijos e hijas de quinteros ya no ven con buenos ojos continuar en el campo. La actividad, muy sacrificada, se enfrenta además con la inclemencia del tiempo, las variaciones del dólar (en que se adquieren los insumos), la falta de acceso al crédito y el elevado costo de la tierra. La posibilidad de acceder a otro tipo de trabajos o incluso de estudiar en las universidades públicas abre un abanico de alternativas para las nuevas generaciones, que muchas veces son alentadas por sus propios padres a cambiar de actividad.

BPA y agroecología: ¿posibles ordenadores?

Otro punto de conflicto es la aplicación de agroquímicos. Como ya se mencionó, la agricultura extensiva gana terreno en los periurbanos, los cuál es un problema en la convivencia con otras producciones intensivas (como la hortícola) pero también con los barrios que extienden el límite de las ciudades. En los últimos años las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) aparecieron como una herramienta para, entre otras cosas, evitar errores en la aplicación de estos productos que puedan afectar a terceros.

El caso más representativo es el de Córdoba, que en 2016 creó un programa provincial (luego convertido en ley) y se convirtió en pionera en aplicarlas. A nivel nacional, la obligatoriedad de las BPA corre desde el 2 de enero de este año para frutas, mientras que para hortalizas lo hará desde el 4 de enero de 2021. Sin embargo, todavía muchos quinteros cordobeses dan cuenta de pérdidas debido a las derivas de las pulverizaciones de campos que los rodean, sin que existan compensaciones por ello. El tema no está resuelto.

Y en todo esto, ¿qué lugar ocupa la agroecología? Si bien su popularidad ha crecido en los últimos años, lo cierto es que todavía el número de productores en los cinturones verdes que producen de manera agroecológica es poco representativo. La transición no es simple: se necesita un trabajo de “recuperación” del suelo a mediano plazo -limitado por los precarios contratos de alquiler- y de una diversificación productiva que, al depender de la venta en mercados concentradores, muchos quinteros prefieren evitar. En el Mercado Regional de La Plata, por ejemplo, se exige una cantidad mínima de bultos, lo que propicia a sembrar pocas variedades en grandes volúmenes, cuando la agroecología demanda lo contrario.

Programa de Agricultura Urbana en Rosario. Una experiencia agroecológica. Foto: STS Rosario.

Sin embargo, en Rosario existe una experiencia de agricultura urbana agroecológica. Se trata del Programa de Agricultura Urbana lanzado como política pública en el año 2002 por la municipalidad local. La iniciativa surgió en un contexto de crisis económica, con el objetivo de que muchos desocupados produjeran en huertas de la ciudad y luego comercializaran su mercadería en ferias. Desde ese momento forma parte de la planificación de la ciudad.

Antonio Lattuca, referente agroecológico y uno de los impulsores del Programa de Agricultura Urbana, ve en la agroecología una posibilidad para repensar el modelo productivo desde cero. “Creo que las Buenas Prácticas en realidad no son buenas, son ‘correctas’, se tendrían que haber hecho siempre. En cambio, la agroecología sí soluciona gran parte de estos problemas. Hay que profesionalizarla. Destruir el mito de que en la agroecología ‘no hay que hacer nada’. No es así: exige mucho conocimiento”, dice a InterNos.

Conectar territorialmente con la comida

Por motivos históricos y culturales (que exceden al entendimiento de este artículo) las actividades urbanas y de servicio están más valoradas que poner las manos en la tierra. Esto se nota a nivel político, pero también a nivel social. La mayoría de los consumidores desconoce quién o cómo se produce su alimento, desde dónde viene, cuánto esfuerzo implica que llegue a la verdulería en las mejores condiciones. Un comprador promedio poco sabe de las condiciones de autoexplotación a la que se someten muchas familias agricultoras para lograr rentabilidad. Cuando el precio de la lechuga o el tomate está por debajo de sus costos de producción, a nadie parece importarle. Pero si su valor sube por factores estacionales, es noticia en radios, televisión y portales digitales.

“Tenemos que conectar territorialmente con la comida. Entender que se hace donde hay familias, trabajadores. Donde hay vida. Eso es invisible a los ojos de las sociedades urbanas”, dice Beatriz Giobellina.

La horticultura de proximidad es fundamental para que las ciudades accedan a alimentos frescos y mejores precios.

Para re-ordenar el territorio es necesario cuestionar la actual noción de progreso y aplicarle nuevos interrogantes. ¿Qué lugar ocupan los alimentos de cercanía en los proyectos de ciudad? ¿Cuánto sabemos sobre los aportes ecosistémicos de los periurbanos a los grandes cascos urbanos? ¿Cómo hacer que el trabajo en la tierra sea digno? Se trata de proponer una mirada integral a la conservación de los sistemas -¡y de los paisajes!- a través de políticas que establezcan una relación armónica entre los objetivos de los productores, las comunidades locales y las empresas desarrollistas. Pero, además, se trata de poner sobre la mesa la discusión sobre la finitud de los recursos naturales -suelo fértil, agua de calidad- y su uso prioritario.

Proteger a los periurbanos es cuidar la ruralidad y con ella a los actores que hoy, hay que decirlo, hacen el trabajo que pocos quieren hacer. Es visibilizar a aquellos que están pendientes de los cultivos las 24 horas del día, expuestos a los veranos más sofocantes y los inviernos más crudos. Es dar entidad a quienes casi no tienen vacaciones porque la quinta demanda presencia permanente. Es revalorizar a aquellos que, aún a la sombra de otras actividades productivas con más prensa, cosechan el alimento que comemos cada día.

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